Reforma electoral: qué dice el proyecto para cambiar las PASO que el Gobierno negocia con los aliados

La Casa Rosada busca avanzar con una iniciativa que incluye la eliminación de las primarias obligatorias, cambios en el financiamiento de los partidos y modificaciones en el sistema de boleta única. Sin los votos asegurados, el oficialismo abrió negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para consensuar una versión alternativa.

El Gobierno impulsa una nueva reforma electoral.

El Gobierno de Javier Milei acelera las negociaciones en el Senado para intentar avanzar con la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada y que tiene como eje principal la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, ante la falta de apoyos suficientes, el oficialismo ya analiza alternativas y modificaciones para acercar posiciones con gobernadores y aliados parlamentarios.

La iniciativa ingresó por la Cámara alta a fines de abril y forma parte del paquete político que el Ejecutivo busca instalar antes de las elecciones legislativas del próximo año. El proyecto no solo apunta a eliminar las PASO, sino que también introduce cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, en el financiamiento de las campañas y en la implementación de la Boleta Única de Papel.

En la Casa Rosada sostienen que las primarias representan un gasto innecesario para el Estado y argumentan que, en la práctica, terminaron funcionando como una “gran encuesta nacional” más que como un mecanismo efectivo de selección de candidaturas. El oficialismo también considera que el sistema debilitó la identidad de los partidos y favoreció las disputas internas de las coaliciones.

El Gobierno impulsa un proyecto de reforma electoral.

• El texto enviado al Senado propone directamente derogar el régimen de PASO vigente desde 2009. No obstante, frente a las resistencias de sectores dialoguistas, el Gobierno comenzó a evaluar opciones intermedias, como suspenderlas por única vez o convertirlas en un mecanismo optativo para las alianzas políticas que quieran utilizarlas para dirimir candidaturas.
• Uno de los puntos que genera mayores discusiones es el impacto que tendría la eliminación de las primarias sobre los partidos medianos y las coaliciones opositoras. Desde sectores de la UCR y del PRO advierten que las PASO funcionan como una herramienta de ordenamiento interno y que su desaparición podría derivar en una fragmentación aún mayor de la oferta electoral.
• La reforma también endurece los requisitos para crear y mantener partidos políticos. Entre otras modificaciones, eleva las exigencias de afiliados y representación territorial para conservar la personería jurídica, en línea con la intención oficial de reducir la proliferación de sellos partidarios sin estructura real.
• Otro de los capítulos incluidos en el proyecto está vinculado al financiamiento electoral. El Gobierno busca limitar los aportes públicos destinados a campañas y fortalecer los mecanismos de control sobre los gastos partidarios. Además, incorpora restricciones para la contratación de asesores extranjeros durante las campañas electorales.
• La iniciativa suma además la incorporación de Ficha Limpia al régimen electoral nacional, con el objetivo de impedir que puedan ser candidatos dirigentes con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción. Se trata de un punto que ya generó fuertes disputas parlamentarias en años anteriores y que ahora vuelve a aparecer dentro del paquete de reforma política impulsado por el oficialismo.
• En paralelo, el proyecto introduce modificaciones en la Boleta Única de Papel y cambios transitorios en el sistema de elección de representantes para el Parlasur. El oficialismo sostiene que el objetivo es simplificar el esquema electoral y reducir costos operativos, aunque la oposición cuestiona la velocidad con la que el Gobierno intenta avanzar con cambios estructurales sobre las reglas de competencia política.

La negociación más delicada pasa hoy por el Senado, donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia y depende del acompañamiento de aliados y gobernadores. En ese escenario, Patricia Bullrich y otros interlocutores del oficialismo vienen manteniendo conversaciones con referentes del PRO, la UCR y bloques provinciales para intentar construir un acuerdo que permita destrabar el debate. Mientras tanto, en el Gobierno reconocen que el margen para sostener la versión original del proyecto es limitado y que probablemente deban aceptar cambios si quieren evitar que la reforma quede empantanada en comisión.