Ciccone 2: Cámara confirmó procesamientos y pidió profundizar la investigación

Política

Ex AFIP, Echegaray (abuso de autoridad), y ex Casa de la Moneda, Daura (por negociaciones incompatibles), con procesamiento confirmado. Futuras indagatorias a las hijas de los Ciccone. Como se pidió profundizar pesquisa, no hay horizonte para su elevación. Dictaron falta de mérito a banquero Brito.

La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presunto abuso de autoridad en la causa relacionada al levantamiento de la quiebra de la imprenta de valores conocida como “Ciccone 2”.Además, confirmó el procesamiento de la exjefa de la Casa de la Moneda Katya Daura por presuntas negociaciones incompatibles y encomendó profundizar la investigación al juez federal Ariel Lijo. En la misma resolución, los camaristas dictaron la falta de mérito para el banquero Jorge Brito, y revocaron la decisión de primera instancia respecto de que parte de la familia Ciccone -las hijas del fundador Silvia y Olga- hayan sido sobreseídas por la maniobra, y exigieron que se las convoque a declaración indagatoria.

Con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Martín Irurzun se analizó el segundo tramo de la causa por la que fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou, un remanente que permanece aún sin horizonte de elevación a juicio oral. El exvice fue juzgado junto a su socio José María Núñez Carmona y el dueño de la sociedad que compró Ciccone, “The Old Fund”, Alejandro Vandenbroele, por haber cometido maniobras en supuesto fin de conseguir así contratos para la impresión de moneda nacional, entre otros puntos.

Hace casi un año, Lijo había procesado a Echegaray como autor del delito de abuso de autoridad, en tanto que a otros implicados como Brito, Daura, Jorge Enrique Capirone, Máximo Lanusse, Sergio Martínez, y Francisco Sguera, fueron procesados como partícipes del delito de negociaciones incompatibles. Esa decisión había sido precedida por la declaración como “arrepentido” de Alejandro Vandenbroele, extitular de Compañía de Valores Sudamericana, la sociedad que tomó control de la planta ubicada en Don Torcuato y propuso el levantamiento de la quiebra con auspicio de la familia Ciccone, que luego denunció el hecho y dio origen a la investigación inicial que data de 2011.

La Cámara convalidó los procesamientos de Echegaray, Daura y Capirone, pero dictó faltas de mérito también para Lanusse y Sguera. Martínez recibió una modificación en la calificación legal del delito atribuido. En el paquete de medidas, los camaristas confirmaron los sobreseimientos de Juan Carlos López, Rubén Ángel Toninelli y Analía Istueta.

A lo largo de 50 carillas, la resolución repasó los avatares de la investigación del segundo tramo, que se retrasó respecto a la investigación inicial, desdoblada por Lijo, y que transitó por diversos estadíos respecto a la situación de los imputados. Además de los defensores, habían apelado La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción, además del fiscal Jorge Di Lello.

Según Llorens, se había logrado acreditar que quienes participaron en la conformación societaria de la firma que adquirió las acciones y después las transfirió a una firma denominada Dusbel no habían ingresado allí respecto de sus cualidades profesionales, sino que tenían un grado de conocimiento previo con Boudou y Núñez Carmona. En ese voto, se pronunció porque el juez Lijo se expida respecto al proceder de Echegaray que había rechazado el plan de pagos inicial propuesto por los Ciccone ya que incluía quita de intereses y mora.

Hubo un alerta también respecto de las declaraciones como “arrepentido” de Vandenbroele y su valoración posterior, en lo que hace a las diferentes imputaciones por inyección de fondos en The Old Fund y el gerenciamiento de la nueva firma que se hizo cargo de Ciccone: “Debe notarse, en primer lugar, que lo declarado no fue un conocimiento adquirido por su vivencia o por su participación en los hechos -en lo que atañe a la intervención de Brito-, sino que fue sobre circunstancias que le fueron relatadas por terceros. Esto conlleva a la necesidad de contrastar estas afirmaciones con otros elementos o indicios con la suficiente virtualidad para sostener la imputación, con los requisitos de esta instancia del proceso”, puntualizó Llorens sobre lo que se denominó un “testigo de oídas”, respecto a lo que le habría dicho Núñez Carmona a Vandenbroele, desmentido por el primero. La caída de esa acusación arrastró al resto de los gerentes cuya vinculación por relaciones laborales fue, para los camaristas, congruente respecto a cómo se gerenció la compañía y resultó una “imputación residual” que hizo el juez.

Hubo un repaso también respecto a las comunicaciones telefónicas respecto a quienes se desempeñaban en Casa de Moneda, señalados por haber interrumpido una licitación que tenía por fin beneficiar con contratos estatales a la reciclada Ciccone.

“La función de (Pablo) Amato no se vio reducida a sus conocimientos profesionales o al asesoramiento técnico que podría haber brindado a la operatoria en cuestión, sino que obedeció -en lo que puede constatarse en esta instancia del proceso- a un interés personal y a las consecuencias económicas que dicha maniobra tendría a su respecto”, indicó el voto respecto a uno de los yernos de los Ciccone. De todas formas, se le dictó falta de mérito y se pidió profundizar la investigación sobre sus conductas.

“Lo dicho nos conduce a una única conclusión y es la evidente irregularidad en las diligencias que aprobó Daura como máxima autoridad de la Casa de Moneda, beneficiando de manera indebida a la compañía que tenía como último beneficiario al exvicepresidente”, apuntó Llorens. Bruglia acompañó los términos de ese voto, pero se diferenció respecto a la situación de Silvia y Olga Ciccone, cuyos sobreseimientos pidió confirmar. Como había un empate respecto a algunos puntos clave, Irurzun fue llamado a desempatar: y opinó que debe haber un enfoque global sobre Echegaray, mientras que apoyó a Llorens respecto a ampliar las indagatorias.

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