El cierre del juicio político a la Corte quedó postergado ayer por una semana, aunque sin modificar el carácter absolutorio que sostiene la mayoría: recién el miércoles 10, es decir, dentro de 13 días, se discutirá la embestida contra el máximo tribunal en el recinto de la Cámara baja.
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El grueso del peronismo -alentado por el gobierno- está convencido de que no existen posibilidades de que Elisa Carrió (ARI) y los sectores minoritarios del PJ, encabezados por el kirchneriano Sergio Acevedo, alcancen los 2/3 de los votos para aprobar la acusación y pasar el proceso a la etapa de sentencia en el Senado. Igual, la postergación cayó mal en la Corte, donde se atribuye la dilación a operadores judiciales del radicalismo.
Ayer, la UCR reclamó que se levantara el pedido de sesión especial para el 3 de julio presentado por Horacio Pernasetti hace 15 días y que obtuvo respaldo del grueso de la Cámara baja. Durante una reunión de la cúpula del bloque radical, se resolvió retirar la moción y desmentir así que hubiera un acuerdo secreto con el oficialismo para voltear definitivamente el enjuiciamiento contra los 9 ministros. Mario Capello, secretario general de la bancada, anunció que el martes de la semana que viene todos sus correligionarios debatirán en particular cada una de las acusaciones contra el noneto de jueces. «Ahora que se van a cumplir los plazos de publicación de los dictámenes, se fijará en labor parlamentaria la nueva fecha», se limitó a informar Capello.
En estricta reserva y casi en simultáneo, el PJ decidió extra-oficialmente posponer una se-mana la sesión especial, aunque sin hacer comentarios públicos al respecto. Ya había resuelto acompañar al radicalismo el 3 de julio, con la mira puesta en desmontar el camino al cadalso de los magistrados, promovido en febrero por el mismo Eduardo Duhalde, poco después de que la Corte declarara la inconstitucionalidad del «corralito» financiero.
Además de permitir que el radicalismo zanje la disputa doméstica por el juicio político, el peronismo considera más oportuna la nueva fecha porque precede el receso de invierno en el Poder Legislativo. De esta forma, los legisladores saldrán del centro de la escena, refugiándose en sus distritos, y eludirán las protestas posteriores de los caceroleros. Eduardo Camaño, principal operador del Ejecutivo en el tema Corte, ya transmitió a varios de los caciques de bloques menores de Diputados la urgencia oficial por desbaratar el proceso.
Anoche, el tucumano Ricardo Falú -uno de los principales sostenes de Acevedo y de la causa contra el máximo tribunal-reconoció con sensatez que «es preferible discutir en el recinto antes de que se cajoneen los expedientes del juicio político, porque es imposible tener bajo la lupa todo el tiempo un poder del Estado».
• Apuro
Curiosamente, Acevedo y los detractores de la Corte como Carrió habían pedido debatir en el recinto en el marco de una sesión de tablas y respetando los plazos reglamentarios, a sabiendas de que el apuro venía de la mano de los números favorables a salvar a Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano, Gustavo Bossert, Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Enrique Petracchi.
Menemistas, duhaldistas, algunos sin techo (militan en provincias no gobernadas por el PJ), algunos radicales y hasta provinciales garantizan 80 votos para frustrar el enjuiciamiento.
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