La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos que analiza la impugnación del diploma de diputado de Luis Patti, comandada por el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, inició ayer la etapa de producción de pruebas y convocó a cuatro testigos para que declaren el martes próximo sobre supuestas violaciones a los derechos humanos que pesan en contra del ex intendente de Escobar.
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La comisión ahora tiene plazo hasta el 20 de abril próximo para la producción de la prueba que consistirá en la citación de testigos y la solicitud de documentación a diversos juzgados y secretarías de Derechos Humanos.
Los diputados recibirán, el martes a las 11, a Ethel Cambiasso y a Gladis Cambiasso -hermanas del militante montonero Osvaldo Cambiasso, asesinado junto con Eduardo Pereyra Rossi-, y para el jueves 6, tienen previsto escuchar el testimonio de Orlando Ubiedo y de Raquel Orifici. La comisión citará, además, en las próximas dos semanas a la religiosa Marta Pelloni, María Isabel Chorobik, Blanca Buda, Hugo Esteban Jaime, Luis Messa y Luis Angel Gerez.
La cacería contra Patti incluye pedir también al Ministerio de Seguridad bonaerense una copia certificada del legajo policial de Patti; a la Secretaría de Derechos Humanos, copia del informe de la Conadep; y distinta documentación referida a expedientes sustanciados en juzgados de San Nicolás, La Plata, y de Zárate-Campana.
Acusación
Patti, en su descargo, acusó a los legisladores de « desconocer el mandato que le otorgó la ciudadanía bonaerense mediante el popular» y sostiene que las impugnaciones presentadas en su contra son falsas. «La Constitución no le otorga a la Cámara de Diputados autoridad para excluir a una persona debidamente electa que reúne todas las condiciones prescriptas en la Constitución para ser miembro de ella», aseveró Patti, quien agregó que las cámaras legislativas «no se pueden atribuir una potestad reservada al pueblo».
Patti mantuvo su idea de defender su banca de diputados lejos de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, controlada a discreción por el oficialismo. Recién en la etapa de alegatos, estima el ex intendente de Escobar, podría presentarse ante el kirchnerismo empecinado en desconocer la voluntad popular de 400 mil electores de la provincia de Buenos Aires.
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