Gobierno avanza un paso en ley de poda de fondos porteños (pero define Justicia)

Política

Senadores se enredaron en debate sobre monto de transferencia de Policía. Funcionarios de Seguridad defendieron iniciativa que JxC considera inconstitucional.

Algunas chicanas repetidas y ningún punto de acuerdo, rodearon ayer la discusión entre el oficialismo y la oposición sobre el recorte de fondos a la Ciudad por el traspaso de parte de la Policía Federal que impuso el Gobierno por decreto y que quiere formalizar con una ley que le contundencia a la medida. Horacio Rodríguez Larreta espera que la Corte Suprema suspenda la medida, el Gobierno que se apruebe la ley, en una carrera en la cual si hay norma, no tendría sentido que el máximo Tribunal se expida sobre el decreto, pero a la vez, el Gobierno porteño agregaría a su presentación el “nuevo evento” en ese caso. Es decir, más allá del amplio debate que comenzó el Senado, al final terminaría siendo la Justicia la que defina el litigio monetario. El jefe porteño acompañó la jornada deliberativa con la presentación de un nuevo servicio de cámaras en patrulleros de la Policía de la Ciudad. Cada vehículo contará con 8 cámaras y 2 micrófonos para registrar lo que pasa en las calles y las imágenes que transmitan los patrulleros quedarán guardadas en el Centro de Monitoreo Urbano y a disposición de la Justicia. A propósito de los gastos en Seguridad que se discuten.

El tema volvió a encontrar a los contrincantes ayer, en el Senado, en una reunión, que continuará hoy el Plenario de Comisiones (Constitucionales y Presupuesto). Los senadores esta vez escucharon a funcionarios del ministerio de Seguridad y abogados constitucionalistas, en una tenida de varias horas que tuvo dos pasos. El primero, tras la intervención de los funcionarios, se enredó en el origen de la cifra que comenzó a recibir la Ciudad por la transferencia de la Policía, en 2016, que se tradujo en 2,25% de coparticipación que luego se rebajó a 2,10% que a su vez se sumaron al 1,40% histórico que recibía el distrito. El segundo, versó sobre la legalidad del decreto que impuso el recorte y el propio proyecto de ley que podría llegar la semana que viene al recinto de la Cámara alta.

Una discusión que aparenta subjetividad y que, según el Gobierno no contó con un estudio “técnico” que la sostuviera, a tal punto que la oposición derivó la cuestión a la necesidad de volver a discutir la coparticipación en el país. En definitiva, la administración de Alberto Fernández sostiene que se estuvo pagando de más (unos $86 mil millones) para acompañar , como indica la Constitución, el traspaso de la Policía con los fondos necesarios, mientras la oposición resiste el recorte y se preocupa porque la transferencia, de aprobarse la quita, sea automática como ocurre con la coparticipación.

Sobre el origen de los fondos lo explicó con claridad, Silvia La Ruffa, exlegisladora porteña y actual subsecretaria de Planificación Federal del Ministerio a cargo de Sabina Frederic. La funcionaria dijo que el expediente de traspaso (de 2016 cuando era presidente Mauricio Macri) “no cuenta con un informe técnico sobre el criterio que se utilizó”. Explicó que en cambio hubo órdenes de pago de la Ciudad a la Nación. Esos pagos correspondieron a que la Ciudad no contaba en ese entonces con el soporte necesario (por ejemplo para liquidación de sueldos) y que el propio Convenio en cuestión determinó que fuera la Nación “la gestora” y la Ciudad le transfería los costos. De ahí que el Gobierno estima $8046 millones de “costo”, que hoy serían los $24500 millones que establece el proyecto de ley para pasarle a la Ciudad este año y que cada ejercicio se actualice nuevamente como una suma fija, ya no supeditada a la recaudación como es la coparticipación.

También habló el secretario de Planificación Federal, Gabriel Fuks, apuntando más argumentos en defensa del proyecto de ley. Dijo que “no existe un rechazo al mecanismo de la construcción de la policía ni a la competencia en materia de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y que “la ratificación del Convenio es el punto que nos une”.

“La voluntad del presidente Alberto Fernández, es clara: respetar la autonomía de la Ciudad. A pesar de que la Ciudad excede largamente la recomendación de la ONU de efectivos por habitante, el Estado nacional sigue prestando en su territorio competencias no federales, y que en el proyecto permanezca la cláusula 14ª es la ratificación de ese compromiso asumido”, sostuvo el funcionario. Le replicó Guadalupe Tagliaferri (PRO) y debió aclarar que “la referencia no es para decir que la Ciudad debería tener menos policía. Simplemente la uso para reflexionar, porque además de las funciones federales hay funciones de seguridad que no fueron transferidas. En la práctica, de manera natural, e incluso en un convenio que firmamos este año eso se mantiene. Hay una voluntad política de mantenerla”.

Además de los representantes de este Ministerio también expusieron Daniel Sabsay; el exdiputado y convencional constituyente Antonio María Hernández; el expresidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el especialista en Derecho Constitucional Carlos Balbín; y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Martín Lousteau (JxC) volvió a llamar la atención con interrupciones variadas sin pedir la palabra lo que le valió un “seamos respetuosos” por parte de la titular de la Comisión de Constitucionales, María de los Ángeles Sacnún, quien condujo el Plenario. El senador radical como sus pares Esteban Bullrich y Tagliaferri, insistieron con la determinación del monto que se calculó para la transferencia y preguntaron sobre la constitucionalidad de la ley en debate. Bullrich reprochó que Mariano Recalde (FdT) no defendía los intereses porteños y la senadora Graciela Mirkin (FdT) dijo que cómo Bullrich no defiende los fondos de la provincia y aludió a “chicaneo” del senador.

Sabsay consideró que hubo “una clara violación de la legalidad tributaria que es una regla fundamental del constitucionalismo” y consideró que Alberto F. “se transforma” con esta decisión “en una suerte de emperador en materia tributaria”. Le replicó Oscar Parrilli diciendo que era de “muy mal gusto” su calificación y el abogado protestó: “no me va a maltratar acá a mi”.

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