La pandemia no alivia la puja por los bienes que transfirió Macri a la Ciudad

Política

A pedido del Gobierno nacional se habilitó la feria para dictar una cautelar ante el avance de la Legislatura porteña para cambiar la zonificación del predio.

Horas antes de que impactara en la Argentina la epidemia de coronavirus y se declarara la primera cuarentena, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, tensaban sus ánimos en reuniones en las que se discutían los fondos por coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires. Por otra vía, el Presidente pedía una investigación administrativa sobre cantidad de inmuebles nacionales que el gobierno anterior cedió al distrito porteño para que rematara y volcara en obras viales.

Ese trámite no se detuvo ante el aislamiento, aunque hasta ahora tampoco alteró la paz pandémica de los dos distritos.

Ayer, la Justicia federal determinó que el Gobierno porteño no podrá vender el lote de 5900 metros cuadrados con ubicación estratégica conocido como “Triángulo de Salguero”, para lo cual habilitó la feria judicial a pedido de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El organismo investiga, a pedido de Alberto F. si hubo irregularidades en la cesión de una treintena de inmuebles que, en tres tandas, fueron transferidos por el Gobierno de Mauricio Macri a la Ciudad como aporte a la construcción de obras viales, entre ellas los viaductos del Ferrocarril San Martín, entre las estaciones Palermo y Paternal, del distrito porteño, el viaducto del Ferrocarril Mitre y, en este caso que se judicializó, el pomposo Paseo del Bajo. Para la megaobra que emprendió Larreta, Macri se había comprometido a un aporte de u$s400 millones a través de un crédito externo, aporte que luego transformó en la transferencia de predios para que Larreta sacara a remate,entre ellos el Triángulo de Salguero. Lo hizo poco antes de dejar la gestión en diciembre pasado.

El apuro de la AABE para que se determinara “no innovar” por el momento obedeció a que, en marzo la Legislatura porteña había realizado una audiencia pública, requerida en las normas urbanísticas de doble lectura para poner a consideración el cambio de zonificación del lote para otorgarle un valor mayor que permita desarrollar allí proyectos urbanísticos. Luego, la semana pasada, estaba prevista la sanción definitiva de la ley que otorgaría esos beneficios al inmueble, pero la AABE ante esa situación que permitiría la salida a remate del lugar presentó la medida en la Justicia. El Gobierno porteño apeló pidiendo que el asunto lo resolviera la Corte Suprema de Justicia y la Legislatura postergó el tratamiento de la norma en cuestión en el recinto.

Antes que se declarara la pandemia y la cuarentena criolla, Alberto F. había solicitado la investigación con un plazo de 60 días, que no estaban vencidos al momento de la presentación judicial, que fundó su apuro en los trámites legislativos que se estaban realizando.

El predio está ubicado en la avenida Salguero y la Autopista Illia y junto a su entorno están catalogados como Urbanización Futura (UF), como se consideran los terrenos de propiedad pública, aún no urbanizados que se encuentran ocupados por instalaciones u usos que pueden ser removibles. La Legislatura porteña avanzó (aunque no concretó) con el cambio le permitiría al futuro desarrollador mejores usos, con una zonificación propia “U N° a designar — Centro Salguero del Código Urbanístico, dotándola de normativa urbanística”, según la norma.

Ayer, se conoció el fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 9, a cargo de Pablo Cayssials. El magistrado hizo lugar al pedido de la AABE para habilitar la feria y rechazó el planteo de incompetencia del Gobierno porteño.

En la resolución, el juez determinó además “acceder al dictado de la medida cautelar” que había solicitado el organismo nacional “ordenando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no alterar la situación de hecho o de derecho del inmueble denominado “Triángulo de Salguero”. La medida se extenderá por diez días, para que la AABE continúe la investigación de presuntas irregularidades.

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