El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, fue quien reclamó delante del ministro de Defensa, José Pampuro, el pase a retiro del director de Educación Naval, Rafael Sgueglia. Parrilli le había pedido a ese marino, encargado de los institutos militares que funcionan en la ESMA, que impidiera un reclamo de padres de liceístas. En efecto, familiares de alumnos del Liceo Naval esperaron a Néstor Kirchner el viernes pasado para pedirle que reconsiderara la aplicación de todo el predio a un Museo de la Memoria.
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La respuesta de Sgueglia, según fuentes cercanas a él, fue razonable: «Señor, haré lo que esté a mi alcance pero usted debe considerar que se trata de civiles que están en un instituto como el Liceo, que también es civil. Yo no tengo mando sobre ellos».
Al parecer, la explicación no satisfizo a Parrilli. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿qué hubiera sucedido si un militar decide, presionado por sus superiores civiles, tomar medidas para garantizar el orden público que corresponden a fuerzas de seguridad? ¿No se haría merecedor de una sanción? ¿O en estos casos funciona la obediencia debida?
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