Con metamensaje a la Justicia, Macri envió nuevo Código Procesal

Convocó a jueces a "defender su independencia" en pleno "reperfilamiento" post-PASO. Presencia de juristas redactores de proyecto modernizador pero ausencia de la Corte. Discusión en el Congreso se prevé recién para el 2020.

presentación. Mauricio Macri presidió acto en Salón Blanco de la Casa Rosada y llamó a los jueces a defender las medidas para garantizar su independencia, secundado por el ministro de Justicia Germán Garavano.

El Gobierno presentó formalmente el anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial en un acto formal en Casa Rosada que presidió Mauricio Macri, y en el que aprovechó para enviarle un mensaje al Poder Judicial. “Si le preguntamos a cualquiera qué piensa de la Justicia, seguramente hoy no tendrá una buena opinión”, sostuvo, para luego asegurar que “en estos tres años y medio trabajamos para que la política no intervenga en la Justicia, es importante ahora que la Justicia puede defender esa independencia”. “Si la Justicia no es independiente, no es Justicia”, completó, en lo que fue leído desde tribunales como un metamensaje dirigido hacia los turbulentos tribunales de Comodoro Py, en pleno reacomodamiento. Rodeado por los veintiún juristas que participaron de la redacción del anteproyecto, sorprendió el faltazo que pegaron todos los miembros de la Corte Suprema al evento de presentación que tuvo su correlato con el ingreso del texto modificatorio al Congreso. No hay expectativas oficiales para que la modificación que agilizaría los pleitos de índole civil y comercial agregándole oralidad y celeridad a los litigios, sea discutida este año.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, fue el encargado de entregar el texto que se propone instalar la oralidad efectiva y el uso de tecnologías como la videograbación de audiencias, el expediente electrónico y la declaración vía videoconferencia; simplificar estructuras procesales, disminuir los tiempos de los procesos y disponer la obligación de decir la verdad para las partes, algo que hoy no se encuentra vigente. “Hay algo que me vuelve loco que es el deber de decir verdad. Me parece una obviedad que uno no pueda mentirle al juez”, remarcó Macri. Entre los especialistas que trabajaron durante tres años, se enlistan Héctor Chayer, Agustina Díaz Cordero, María Lilia Gómez Alonso, la jueza de Casación Ángela Ledesma, Eduardo Oteiza, entre otros que trabajaron divididos en la redacción y en la revisión. El proyecto ubica al usuario como centro del servicio de Justicia, al juez como director del proceso y su necesaria participación en las audiencias, y a los abogados como auxiliares para la solución del conflicto. De esta manera, se practican procesos rápidos que evitan largos juicios.

En lo que pareció el tramo más político en términos electorales de su intervención, Macri aseguró que los argentinos “estamos cambiando la realidad sobre la base de tres valores que son innegociables para nosotros: la verdad, la transparencia y la cultura del diálogo”. Y aseguró: “Porque ya no nos da lo mismo que nos mientan o que nos digan la verdad, no nos da lo mismo tener instituciones serias y confiables o no tenerlas”, y “no nos da lo mismo vivir en la confrontación permanente o vivir en una sana convivencia”. No había representación de la Corte en el auditorio del Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Los jueces habían sido invitados el viernes último, lo que desde algunas vocalías consideraron un “destrato” por el poco tiempo de aviso para adecuar sus agendas. El grado de tensión lo graficó una pelea subterránea por los fondos que requirió al Poder Ejecutivo vía carta a Marcos Peña. Garavano ayer, ante una pregunta de la prensa, reveló que el Gobierno había respondido por carta que aceptaba desembolsar los fondos para un 10% de incremento, pero dejaba en suspenso los otros dos tramos idénticos que la Corte había reclamado de manera formal para el último bimestre para próximas definiciones.

Con elogios presidenciales al programa participativo Justicia 2020, se destacó que hoy son 15 las jurisdicciones y 404 los jueces civiles que aplican procesos orales en juicios de civiles y comerciales, que equivale al 45,5% del total de magistrados con esa competencia en todo el país. Estos datos son los que arroja el Informe Nacional sobre la Implementación de la Oralidad Civil. El estimativo de reducción de plazos por la implementación de procesos orales y de tecnología apunta a llevar a poco más de un año las definiciones, contra el promedio de cuatro años actuales. De todas formas, el Gobierno es consciente que –así como ocurrió con el nuevo Código Penal- este anteproyecto deberá esperar al recambio legislativo y entrará en agenda del Congreso para el próximo año. Las chances de que comience siquiera a activarse el mecanismo de discusión durante un año electoral son ínfimas.

De todas formas, Garavano se mostró esperanzado en contar con apoyo de otras fuerzas para más allá de la coyuntura se pueda implementar la modificación. Sostuvo que hubo contactos con el kirchnerista Agustín Rossi para comenzar a delinear el trámite. En Casa Rosada solo se vio al legislador ultramacrista Fernando Iglesias en representación de los oficialistas.