Complica ESMA congreso del PJ

El malentendido puso al peronismo ayer al borde de una crisis política. Los gobernadores del PJ, que nunca pensaron asistir a la creación del Museo de la Memoria en la ESMA, se enfadaron con la versión de que entidades de derechos humanos les habían desaconsejado participar. Los más indignados fueron Jorge Obeid, Jorge Busti y José Manuel de la Sota. Los tres estuvieron presos durante el gobierno militar y por eso se indignaron de que -sospechan que desde la Casa Rosada-se sugiriera que podrían estar inhabilitados para asistir. De la Sota, en medio de la furia, dijo que sus congresales no votarían a la nueva conducción del PJ. El entredicho nació de una ambigüedad: Felipe Solá había insinuado, en la última cumbre partidaria, que se podría concurrir a la ceremonia. Pero nadie resolvió esa participación. Por eso ayer había un coro quejándose de que se vetara ese gesto y que se publicara que Eduardo Fellner (gobernador de Jujuy, que sería elegido jefe del PJ el viernes) les había aconsejado a sus colegas no asistir.

Néstor Kirchner y Felipe Solá, en una reunión agrícola del fin de semana, intercambian sonrisas. La relación del gobierno con gobernadores, sin embargo, se complica en estas horas por el cruce de dos planes: el desalojo de la ESMA y la captura del PJ nacional.

El «exorcismo» que el gobierno realizará pasado mañana en lo que fueron las instalaciones de la ESMA desató la primera turbulencia en las relaciones con los gobernadores del PJ. Ayer, durante todo el día, varios mandatarios de ese partido enardecieron los teléfonos llamando a funcionarios del gabinete de Néstor Kirchner. Se quejaban de la versión según la cual varios de ellos fueron víctimas de un veto de organizaciones de derechos humanos que, finalmente, consiguieron que desistan de participar. Es lo que se publicó en un diario de Buenos Aires ayer, en una nota que los mandatarios peronistas atribuyeron a un ataque velado de la Casa Rosada en contra de ellos.

El más enojado era ayer José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba. Se comunicó con varios de sus colegas para explicar su enojo: «Nunca hubo una convocatoria para que asistiéramos. El único que planteó esa posibilidad, mientras la reunión de la semana pasada se disolvía, fue Felipe Solá. Ni siquiera hablamos del tema. Ahora, tenemos que soportar que nos digan que no podemos asistir». Así se manifestó De la Sota ante varios de sus colegas. Fue más allá: «Eduardo Fellner tendrá que dar alguna explicación, porque los congresales de Córdoba no lo van a votar». Fellner será consagrado como titular de la nueva conducción del PJ que se establecerá durante un congreso partidario, el viernes próximo. Si el cordobés estaba enojado con él es porque al colega de Jujuy se le atribuyó haber «recomendado no concurrir».

En la misma línea de De la Sota se ubicó ayer Jorge Busti. El mandatario de Entre Ríos habló con este diario: «Es indignante lo que se está diciendo. A mí no tiene que autorizarme nadie para ir a un acto del 24 de marzo, porque estuve preso en mi provincia. Pero imagínese cómo puede sentirse Jorge Obeid (gobernador de Santa Fe) que el 24 de marzo fue llevado preso, o De la Sota, a quien le sucedió lo mismo».

• Comisario

El principal receptor de la queja federal fue ayer Oscar Parrilli, quien apareció en los diarios como una especie de comisario político del Presidente en los preparativos del Museo de la Memoria a establecerse en la ESMA (hizo publicar en todos los diarios que le negó a un grupo de padres del Liceo Naval el contacto con el Presidente el viernes, cuando Kirchner visitó el predio de Avenida Del Libertador al 8000). Tanto el secretario general como los demás funcionarios de Kirchner negaron que fuera intención del gobierno cuestionar la legitimidad de los gobernadores del PJ para participar de un acto de repudio al golpe.

• Debate

En el congreso que se celebrará el viernes, el caso de la participación de los mandatarios en la creación del museo será motivo de debate. En rigor, los jefes del PJ del interior creen ver que un sector del gobierno, bajo la advocación de la transversalidad, quiere ubicar al peronismo como victimario y no como víctima del golpe de Estado y la represión ulterior. No se trata solamente de impedir una malversación histórica -en la mayoría de los casos-, sino de abortar una operación que teme toda la dirigencia peronista de primera línea: que, ya sea bajo el paraguas de los derechos humanos o de cualquier otro valor, el gobierno hostigue a los caudillos de cada provincia. Todos se miran en el espejo de Eduardo Duhalde, quien fue puesto en la picota de la transversalidad con la amenaza de un desembarco oficialista con Cristina Kirchner a la cabeza en la provincia de Buenos Aires.

Desde la Casa Rosada, hoy comenzará una tarea de apaciguamientoque confiarán a Juan Carlos Mazzón, el encargado de componer las relaciones federales dentro del PJ. Sin embargo, según comentaba ayer un ministro del Ejecutivo, Kirchner está íntimamente arrepentido del curso que tomaron los hechos en el caso de la ESMA. Según ese funcionario, «él tenía previsto un acto simbólico en un edificio, pero quedó desbordado por organizaciones de izquierda que se muestran intolerantes. Si el Presidente hubiera sabido todos los conflictos que se desatarían con su iniciativa, tal vez no la hubiera adoptado».