4 de junio 2004 - 00:00

¿Complot?

El gobierno acusó a policías desplazados, a empresarios "que dicen que el gobierno no termina" su mandato, y a economistas como Jorge Avila, de intentar desestabilizar al gobierno. Para darle más entidad se eligió como vocero de la denuncia al jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Así, la psicosis desatada que toma como excusa el atentado incendiario en la estación Constitución, que amplificó Néstor Kirchner al aludir a ello el miércoles, alcanzó a todos los niveles del gobierno; entre ellos, al jefe de la SIDE, Héctor Icazuriaga, y al subsecretario de la Presidencia, Carlos Kunkel, quien, inclusive, recordó la reunión social en el Regimiento 1 Patricios de hace casi dos semanas. Elisa Carrió y Ricardo López Murphy, en cambio, le bajaron el tono.

Aníbal Fernández
Aníbal Fernández
«Hay mucha gente que se beneficia perjudicando a este gobierno. Hay mucha gente que se beneficia afectando o predisponiendo a la sociedad en contra de un gobierno que quiere terminar con la impunidad, que quiere tener una Justicia independiente», dijo ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Fue cuando lo consultaron acerca de a quién se refirió Néstor Kirchner al denunciar una campaña de desestabilización. Aseguró que «hay gente que opera con los viejos métodos» para tratar de enfrentarlo «con la sociedad y la gente».

El jefe de Gabinete también mencionó el hecho de que se «pregone durante tanto tiempo de que el gobierno no sabe qué hacer con el default y que su propuesta era ridícula». «Lo que hay es un trabajo cuidadoso de generar la conciencia de que todo está desordenado», consideró. Al señalar a quiénes se refería con sus denuncias, en respuesta a la insistencia periodística, el jefe de Gabinete mencionó a:

-«Algunos que se sintieron, entre comillas, 'protectores de la sociedad' cuando fueron jerarcas de la Policía Federal y hoy quedaron removidos» de sus cargos.

- «Sectores de la Policía que se han dedicado a cuestionar severamente nuestras decisiones.»

-«Empresarios que dicen que este gobierno no termina el mandato.»

-«Economistas que se han cansado de pregonar el caos en la Argentina»; en particular, el jefe de Gabinete nombró al integrante del CEMA Jorge Avila. Aseguró que en la Ciudad de Buenos Aires hay « muchos menos delitos que hace unos años» y «mucha más presencia policial que en otros tiempos».

• Nombres y apellidos

Por su parte, el otro Fernández, Aníbal, ministro del Interior, advirtió que el gobierno no se limitará a denunciar el presunto atentado a la estación de trenes de Constitución, sino que dará «nombres y apellidos» de quienes promueven este tipo de acciones. Dijo que el gobierno no duda en sus decisiones y que «no cederá» ante presiones de sectores minoritarios que «se beneficiaban con el viejo orden», sino que denunciará las maniobras.

Fernández ratificó que se tratóde un
«atentado» el incendio de Constitución y afirmó que los responsables del hecho serán sancionados «con toda la dureza del mundo». Agregó que «esto no se limita a una denuncia; atrás de eso hay una investigación para saber quiénes fueron los responsables y sancionarlos con toda la dureza», señaló. Subrayó que «los peritos han demostrado que se provocó el incendio», y reiteró que el incendio pretendió generar «caos» y «trasladar descontento a la opinión pública».

El domingo pasado, un incendio en el centro automático de entrada y salida de trenes de Constitución destruyó todo el sistema de cableado para la señalización. Esto generó inconvenientes a los 400.000 pasajeros del sur del conurbano que toman ese ramal, debido a que el servicio se prestó con demoras de hasta media hora. Las primeras pericias efectuadas por la Superintendencia de Bomberos determinaron que el siniestro fue intencional y que se desarrolló en tres focos distintos que ardieron en forma simultánea.

Ganado por el síndrome del complot, el subsecretario general de la Presidencia,
Carlos Kunkel, consideró que las personas a las que Kirchner acusó de «operar» contra las políticas de gobierno son quienes «plantean medidas de oposición que no pueden hacer desde el plano electoral». Kunkel recordó la cena que se hizo el 20 de mayo en el Regimiento de Patricios, en la que participaron militares retirados, dirigentes políticos y empresarios, que fue calificada de «conspirativa» por miembros del gabinete nacional. « Muchas de las personas que estuvieron allí han tenido fuertes participaciones en procesos militares, en conspiraciones o en golpes de Estado», puntualizó Kunkel.

A su turno, el titular de la SIDE,
Héctor Icazuriaga, consideró que «es un tema que preocupa al gobierno el hecho de una desestabilización. Hay varios hechos que se han dado en las últimas horas que efectivamente nos hacen pensar de que hay acciones que tal vez puedan estar encadenadas», opinó Icazuriaga.

La oposición tomó distancia de las denuncias de Kirchner sobre presuntos intentos desestabilizadores. El líder de Recrear,
Ricardo López Murphy, le pidió al mandatario que no hable de cuestiones «ambiguas ni abstractas». Y la titular del ARI, Elisa Carrió, afirmó que las acusaciones son «un síntoma de debilidad» y adujo que sólo le sirven al Ejecutivo «para poner de su lado a la población».

López Murphy advirtió que si Kirchner «tiene elementos de juicio» que lo convenzan de que hay sectores «al acecho» para desestabilizarlo, «debe hacer las denuncias penales y esclarecer ante la opinión pública sin ninguna cuestión ambigua ni abstracta», porque de esa manera -dijo-está creando «un clima inadecuado para la República».

• Coincidencia

Ideológicamente en las antípodas de López Murphy, Carrió coincidió, con matices, en criticar la postura oficial. Juzgó como un «síntoma de debilidad» las advertenciasy, tras pedirle al mandatario que «se calme», sostuvo que ese tipo de denuncias «siempre les sirve a los gobiernos para poner de su lado a la población, sobre todo en momentos críticos». «No hay que creerle mucho a este gobierno en las palabras», arremetió la ex legisladora en declaraciones radiales, y pese a admitir que «puede haber algo de cierto» en las denuncias oficiales acerca de que un sector policial «puede estar vengándose por alguna purga», rechazó la alternativa de «una conspiración de magnitud».

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