Concluyó toda gestión con Uruguay por papeleras

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, junto a los titulares de partidos del oficialismo y la oposición, ayer en la residencia Suárez.

Los gobiernos de la Argentina y el Uruguay quedaron un paso más lejos del acuerdo al fracasar, como se pronosticaba, la mesa de diálogo técnico sobre los riesgos de contaminación de las plantas de celulosa que están en construcción en la ciudad uruguaya de Fray Bentos.

El Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN), creado por Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez para que equipos técnicos de ambos países unifiquen una postura sobre los emprendimientos, bajó su persiana sin ningún tipo de acercamiento. Formalmente, el diálogo está agotado.

En Montevideo, en un clima áspero, las dos delegaciones dieron por concluidos los encuentros que se iniciaron seis meses atrás. Ante ese fracaso, quedó más cerca que nunca la opción de que el conflicto se dirima en un tribunal internacional (La Haya) o regional (Mercosur).

En rigor, la Argentina reclamó ayer que se detengan las obras en Fray Bentos mientras que el Uruguay ratificó que los trabajos continuarán.

Ante la imposibilidad de encontrar un punto de acuerdo, la Cancillería informó oficialmente que el fracaso de la negociación hablita la «vía judicial» para resolver «la controversia».

La crisis se agravará porque los asambleístas de ciudades como Gualeguaychú ratificaron ayer que desde hoy continuarán los cortes de puentes. Jorge Busti intentó hasta ahora convencerlos que esos piquetes complicarán cualquier presentación ante un tribunal internacional, pero hasta ahorano tuvo éxito. Tabaré Vázquez agregó ayer que recorrerá países del Cono Sur explicando que las papeleras de Fray Bentos no son contaminantes. Algo así como una campaña de marketing para refutar las denuncias de la Argentina sobre el riesgo ambiental de las plantas.

Además, para tensar todavía más las relaciones, anoche volvieron a bloquear el puente Gualeguaychú-Fray Bentos y se impidió el paso de camiones provenientes desde Chile que transportan estructuras metálicas que se utilizarán en la planta de la empresa Botnia.

El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, a pedido de Kirchner había intentado por la mañana disuadir a los vecinos de Gualeguaychú para que suspendan el bloqueo del puente San Martín, pero no lo logró. Ayer hubo un corte y hoy insistirán con otra medida de protesta.

• Dos informes

De la reunión realizada ayer en el Palacio Santos, sede de la Cancillería uruguaya, la comitiva argentina encabezada por Raúl Estrada Oyuela se retiró con la consigna de no retomar las negociaciones técnicas frente a la negativa de la otra parte de acercar la información requerida.

La cerrazón de los técnicos del Uruguay de poner a disposición la información sobre la tecnología que usarán las papeleras y, sobre todo, el tipo de tratamiento que se dará a los residuos líquidos, sólidos y gaseosos, fue el factor central que trabó el diálogo.

Por eso, cada equipo técnico se fue por su lado, y esta semana Estrada Oyuela, por la Argentina; y el viceministro de Industria, Martín Ponce de León, por el Uruguay, elevarán informes diferentes y, seguro, fuertemente antagónicos a sus cancilleres, Jorge Taiana y Reinaldo Gargano.

El cierre de las conversaciones estuvo, además, condimentado por posiciones encontradas. El equipo uruguayo pedía continuar con el diálogo, pero la parte argentina decidió interrumpirlo. «Estuvimos seis meses trabajando y no logramos nada», cuestionó Estrada Oyuela.

En esa línea, el funcionario -que es encargado de Asuntos Medioambientales de la Cancillería argentina- reprochó que Uruguay no dio especificaciones sobre los procesos de producción y el cuidado ambiental.

«Falta saber cuál será el proceso a usar de blanqueo, cuál será el orden de los químicos y qué cantidad de efluentes serán vertidos al río», ejemplificó el diplomático.

Además, Estrada Oyuela aseguró que el presidente Kirchner está «muy lastimado por la insensibilidad y la falta de permeabilidad del Uruguay para entender la preocupación argentina» ante el potencial riesgo de contaminación que acarrean las papeleras.

En esa línea dura, el diplomático planteó que «si las obras producen perjuicio, ahí va a haber alguien patrimonialmente responsable». Como informó este diario, en Cancillería estiman que el daño económico sobre la región rondaría los u$s 900 millones.

Como respuesta, Ponce de León aseguró que «el Uruguay está jugando con absoluta tranquilidad, transparencia y firmeza en este asunto» y que las obras continuarán su marcha.