Buenos Aires - Al margen de la tensión que generó la decisión de la Suprema Corte provincial al aceptar un escrito contra la convocatoria a internas para el 30 de marzo, en el gobierno de Felipe Solá dan por descontado que la resolución final no alterará el cronograma oficial.
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La semana pasada, la Corte pidió en forma perentoria al Ejecutivo un informe argumentando el llamado a elecciones. El jueves -o a más tardar el viernes a las 9- vence ese plazo impuesto, por lo que ayer un grupo de funcionarios elaboraba contrarreloj el escrito.
Según trascendió, el argumento oficial será que el calendario electoral respeta las pautas definidas por la Ley de Internas Abiertas -votada a mitad de 2002-, por lo que no cabe el planteo de inconstitucionalidad efectuado por un afiliado de la UCR, cuestionando los plazos del llamado.
Incluso, voceros oficiales especularon con que el fallo de la Corte será favorable al gobierno porque la convocatoria «está dentro de la discrecionalidad que permite la ley».
A tal punto hay confianza en el entorno de Solá de que el tribunal no tumbará las internas, que intentarán entregar el informe antes que se cumpla el plazo establecido, los cinco días impuestos por la Corte.
Ayer, un equipo de abogados -fiscalizados por el ministro de Gobierno, Federico Scarabino; y el secretario general de la gobernación, José María González Fernández- se abocó durante la tarde a redactar el informe, en la sede porteña del Banco Provincia.
La obsesión por montar un buen sostén legal -en eso están dos ultrafelipistas, quizá los únicos que hay en La Plata: «Toco» González Fernández y Scarabino -esconde un temor: que la Corte, donde abundan ministros ligados a Eduardo Duhalde, sea funcional a intereses anti-Solá.
La lluvia ácida que sectores del duhaldismo arrojan sobre el gobernador predisponen a Solá y a los suyos a considerar todas las opciones, aun las más insólitas o improbables.
De hecho, cuatro de los nueve miembros de la Corte fueron designados a sugerencia de Solá: su ex ministro de Seguridad, Luis Genoud; Hilda Kogay y los platenses Daniel Soria y Francisco Roncoroni.
Los otros cinco son de la «vieja guardia», la que convivió con Duhalde gobernador y dos de ellos, Eduardo Pettigiani y Eduardo De Lázari, fueron funcionarios durante la década duhaldista preliminar, que luego les allanó el camino para acceder al máximo tribunal.
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