Confían en que no habrá violencia

Salta - Luego de que la provincia realizara una presentación judicial para que se investigue el accionar de grupos radicalizados, que supuestamente provocarían a las fuerzas de seguridad en marchas de protesta, el gobernador Juan Carlos Romero aseguró ayer que no habrá hechos de violencia en territorio salteño.

«Estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Así como también reconozco que la pobreza, la desocupación y la exclusión son tipos de violencia, también creo que agregar más agrava la situación. Los reclamos no tienen que terminar en actos de vandalismo», manifestó Romero durante una conferencia de prensa realizada ayer en la capital salteña.

La intensión de los funcionarios provinciales es despejar las dudas de -algunos sectores de agrupaciones de estatales (especialmente ATE y CTA) y desocupados- que temían una represión policial en las próximas manifestaciones callejeras.

Esta hipótesis surgió luego de que fueran allanados hace quince días los locales de ATE y la CTA en la ciudad de Salta y de que el gobierno anunciara la presentación de una denuncia (se hizo hoy) para que la Justicia investigue a grupos gremiales y de desocupados, a los cuales tareas de inteligencia policial, señalan como posibles instigadores de violencia contra fuerzas de seguridad y edificios públicos durante las manifestaciones. Asimismo, Romero recordó que «lo único que solicitó el gobierno de la provincia a Nación, en un pedido conjunto con el gobernador de Jujuy (Eduardo Fellner) está relacionado con la Ruta Nacional 34», e indicó que cuando se pasa de la expresión al delito, es la Justicia la que tiene intervenir para castigar a quienes cometieron delito. La nota a la que hizo referencia Romero fue enviada al presidente Eduardo Duhalde el 25 de marzo pasado, solicitándole la instrumentación de medidas preventivas para evitar la generalización de cortes de ruta.

«Con Fellner planteamos que sería bueno que se tomen las medidas precautorias y preventivas para evitar que los cortes de rutas impidan a miles de personas trabajar y producir. Preventivo no quiere decir represivo. Es necesario evitar los tribunales populares porque confunden a la gente, y es la Justicia la que debe sancionar con rigor los excesos», recalcó Romero.