Congreso apresurado da vuelta otra vez una ley

Que el Congreso quiera ahora modificar o derogar una ley que viola la privacidad como la que habilita al Estado a entrometerse en el correo electrónico o registrar datos privados puede parecer un aliciente frente al avasallamiento de derechos personales. Pero tan peligroso para la seguridad jurídica y las garantías personales es que el Congreso vote normas sin saber en realidad qué está sancionando y cambie luego las reglas. Y no es la primera vez que esto sucede. En esta ocasión, se alegó primero la necesidad de combatir delitos, pero otras razones hubo cuando se votó el impuesto docente y, después de un descalabro administrativo, se tuvo que derogar o, más grave aún, la Ley de Patentes de 1995 que fue corregida antes de entrar en vigencia plena. Tanto rechazo produce la ley de intromisión en Internet en la sociedad que ayer el gobierno tuvo que admitir errores, al punto de que Néstor Kirchner ordenó revisarla antes de emprender su viaje a Alemania.

José María Díaz Bancalari

Un grupo de diputados peronistas, macristas y del centroderecha presentará hoy un proyecto para derogar la ley que obliga a los proveedores de Internet a almacenar durante 10 años información de sus clientes -en realidad se está callando otro efecto tan nocivo como el de abrir la puerta a la SIDE a ampliar cualquier tipo de escucha telefónica-. El socialista Jorge Rivas se sumó a Cristian Ritondo y Mauricio Bossa y pidió por su lado la modificación denunciando que «viola la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales». Tal es el peligro que implica la ley que anoche Néstor Kirchner instruyó que se estudie la norma y analizar los alcances. Alberto Fernández prometió revisarla de inmediato.

Opiniones hubo de todo tipo, sobre una norma que tiene más de un año de votada y que fue criticable por entrometerse en la intimidad desde el primer día de su redacción (modificada a gusto de Gustavo Béliz) a pesar que ahora se cargue sólo sobre el decreto reglamentario. Es decir, una norma que siempre fue mala y violatoria de derechos, y el gobierno empeoró en su reglamentación. «Es un avance más sobre los derechos de los individuos y hay quienes no saben lo que es la libertad de expresión», dijo Mauricio Macri. El ex jefe de la SIDE Carlos Soria la consideró también «violatoria de la Constitución», y Miguel Angel Toma, otro ex jefe de espías, se declaró sorprendido de que «un gobierno tan progresista, tan preocupado por los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades públicas, no sólo haya aceptado una ley así, sino que además la haya promulgado».

• Reacción

Pero más allá de las declaraciones, es obvio que las empresas de comunicaciones y proveedores de Internet reaccionaron ante la cercanía de la entrada en vigencia de la ley que obliga a los proveedores de Internet a almacenar durante diez años el correo electrónico, diálogos en línea e incluso hasta datos cruzados en páginas Web. Por lo menos es lo que demuestra la profusión con que la prensa ha tratado el tema en las últimas 48 horas cuando la información, en realidad, tiene más de un año de antigüedad. Se sabe desde ese momento que la ley destinada en origen a dar herramientas para la investigación de secuestros y otros delitos -impulsada en su momento por José María Díaz Bancalari con cambios del binomio Béliz/Quantín y que en su reglamentación recibió el impulso de Juan Carlos Blumberg- no sólo traería mayor costo a las empresas sino también fuertes cuestionamientospor su intromisión en la vida privada.

De hecho este diario ya dio cuenta en el momento de su votación y luego de la firma del decreto reglamentario, el 11 de noviembre de 2004, del perjuicio que podría ocasionar, aun más que a las empresas, a los particulares al otorgar a la SIDE, organismo que regulará el espionaje por Internet, un poder amplísimo para proceder a escuchar telefónica y de celulares.

Ahora es que las empresas deberán hacer frentedesde el 31 de julio de la tecnología suficientepara almacenar los mails, páginas Web, comunicaciones telefónicas y todo dato cruzado por los medios que se rigen por la Ley de Telecomunicaciones, durante 10 años, algo imposible de hacer hoy. Se diferencia así el gobierno argentino de otros países como Gran Bretaña, donde, si bien existen registros de mails y comunicaciones, todo el proceso está financiado por el Estado que obliga esas grabaciones.

La ley fue sancionada el 17 de diciembre de 2003, promulgada en febrero de 2004 y reglamentada recién en noviembre del año pasado. Todo ese proceso sirvió también para justificar la lucha antidelictiva del gobierno cuando se sumaron las protestas por el caso Blumberg, un secuestro seguido de muerte que sucedió después de que el Congreso hubiera votado la norma.

En el texto apoyado por Díaz Bancalari se establece: «Todo prestador de servicios de telecomunicaciones deberá disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten, para su observación remotaa requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente». Pero en la reglamentación se amplía de sobremanera el concepto de telecomunicaciones alcanzando también a los mails.

Incluso el que redactó la ley original ya pensóen los problemas que podrían derivarse del uso que un grupo de espías de la SIDE podría hacer de la información recabada en millones de mails guardados por 10 años, un festín para los hombres del Señor 5: «El Estado nacional asume la responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros, de la observación remota de las comunicaciones y de la utilización de la información de los datos filiatorios y domiciliarios y tráfico de comunicaciones de clientes y usuarios, provista por los prestadores de servicios de telecomunicaciones». Es decir, quedó claro desde hace más de un año que se valoró más el poder de espiar la intimidad que la violación constitucional que ésta podría acarrear.

En lo que hace al costo de las empresas por el equipamiento que deberán adquirir la ley fue clara desde el origen: «Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán soportar los costos derivados de dicha obligación, y dar inmediato cumplimiento a la misma a toda hora y todos los días del año».