La comisión bicameral que sigue de cerca la implementación del nuevo Código Procesal Penal activó anteayer una nueva resolución que pone mayores condiciones para dar luz verde al régimen de la prisión preventiva, mecanismo que generó varias polémicas durante la gestión macrista.
Congreso impulsó límites al régimen de prisión preventiva
Las pautas fijadas anteayer contaron con el visto bueno del macrismo y la oposición.
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Según el nuevo Código Procesal, la prisión preventiva debe aplicarse cuando no fueren suficientes para asegurar el proceso otras medidas coercitivas más leves -por ejemplo, la vigilancia electrónica con tobillera- y fija además pautas concretas para determinar cuándo existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa, requisitos centrales para la detención sin condena.
La resolución que dispuso que estas condiciones empieces a regir en todo el país -la implementación del nuevo código se inició de manera progresiva en Salta y Jujuy- fue firmada por diputados y senadores del PJ, el Frente para la Victoria, el PRO y la UCR, sin disidencia alguna, durante la reunión que tuvo el último miércoles la comisión que comanda el senador justicialista Rodolfo Urtubey.
El senador explicó que “la instalación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy ha provocado una situación de desigualdad entre los justiciables, ya que si bien está en vigencia sólo en Salta y Jujuy, no se le podría negar a un sometido a proceso estas garantías”.
La resolución suscripta en la última reunión del año deberá ser publicada en el Boletín Oficial para que entre en vigencia a partir del tercer día hábil posterior de la fecha de su publicación.
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