Gobierno inicia carrera imaginaria con la Corte y busca frenar fallo con reforma propia para Consejo

Política

Tal como lo adelantó Ámbito, envía proyecto para Congreso: 17 miembros; un juez más, dos abogados y un académico. Cupo de género. Frialdad en el Palacio de Tribunales que hoy a las 10 recibe a Soria.

El Gobierno finalmente presentó la iniciativa para reforma del Consejo de la Magistratura y anunció que la enviaría al Congreso en una carrera (imaginaria) contra el tiempo ante un fallo de la Corte Suprema que declarara inconstitucional la actual conformación de 13 miembros. Así confirmó los lineamientos del proyecto revelados por Ámbito ayer, en cuanto al agregado de un juez, dos abogados y un académico más al número actual de representantes de los estamentos, devolviéndolo a un equilibrio constitucional que fue siempre la mácula que arrastró desde 2006 el formato actual. Idéntica confirmación corrió para la paridad de género estableciendo que al menos 8 de sus integrantes sean mujeres. El mensaje corrió por cuenta de la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti.

A unas cuadras de distancia, en el Palacio de Justicia el clima permaneció inalterable y las repercusiones del anuncio fueron nulas. Hoy, a las 10, los ministros del máximo Tribunal esperan al ministro de Justicia Martín Soria, tal como fue adelantado por este diario. El único interrogante es si más allá de presentarse, el Ejecutivo solicitará un plazo para intentar aprobar en el Congreso el nuevo formato. Más allá de todo, y hasta ahora, el expediente manda y en él no se plasman las buenas intenciones.

El mensaje que ingresará por el Senado para el proyecto tiene otra particularidad: es el reconocimiento del desequilibrio constitucional que tendría el estamento político por sobre el resto, piedra basal del reclamo de inconstitucionalidad que arrastra desde 2007, cuando se implementó a partir de una reforma impulsada entonces por Cristina de Kirchner como senadora.

En aquel momento, fue la llave para sacar a la Corte Suprema de la cabecera que preveía el formato de 20 miembros. Ahora, parece ocurrir algo similar ante el temor actual de que con una declaración de inconstitucionalidad, la Corte recupere no solo un lugar en el órgano de selección y remoción de jueces y también arrebate el poder de administración de los fondos del Poder Judicial cuyo manejo es bifronte. El primer reflejo desde el cuarto piso de Talcahuano 550 fue de evaluar que transformar este caso en la pieza más significativa de la política judicial del oficialismo –y en una suerte de pelea de poderes- solo iba a agregar un obstáculo a la ya traumática relación entre el Gobierno y la Corte. En ese clima, Soria deberá trasladar algún mensaje que nadie en las vocalías era capaz de adelantar.

El Gobierno presentó un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura

Detalles

“Así pues, teniendo ello en consideración y, a más de veinticinco (25) años de la creación del Consejo de la Magistratura, sin que ninguno de los diseños dispuestos para su organización institucional haya logrado afianzarse y consolidarse, es que uno de los ejes en los que se afinca la presente iniciativa consiste en reformular su actual integración con el propósito que refleje de forma equilibrada la representación de todos los estamentos que lo componen dando cumplimiento al mandato constitucional”, indica el eje del proyecto. Eso tras reseñar que la primera ley data de 1997, tras la reforma constitucional que alumbró al Consejo, que luego se modificó en 2006 (actual formato) y que en el camino hubo otro intento de cambio fallido en el paquete de leyes de “democratización de la justicia” en 2013, que nunca llegó a aplicarse.

El actual proyecto tiene una ligera modificación el pergeñado durante el gobierno de Cambiemos, uno de los responsables de pedir que el expediente quedara en un limbo en la Corte (elevado a fines de 2015) con el presunto objetivo de lograr una mayoría de consenso para aprobar un proyecto que tenía 16 miembros y supuestamente estaba consensuado con la oposición. Nunca ocurrió. Ahora, se sumaría un académico y sobre todo se pone como variable a respetar la paridad de género en los distintos estamentos y la dedicación exclusiva que se prevé que tenga para agilizar, sobre todo en los representantes del Congreso. Todo el plan se enmarcó en las conclusiones del Consejo Consultivo que hasta ahora habían quedado stand by luego de que a fines del año pasado la comisión entregara sus conclusiones sobre uno de los ejes de debate que era el mal funcionamiento del Consejo.

Como objetivo principal declamado en “garantizar la independencia judicial”, el proyecto plantea evitar el destino que tuvieron siempre las iniciativas de este tipo planteadas por el kirchnerismo. Se remarcó que las mayorías agravadas necesarias tanto para elevar ternas (2/3) como para remover jueces (2/3) se mantendrán sin cambios. El piso mínimo para que se asegure la presencia de mujeres –según trascendió- tiene letra fina en que haya al menos dos juezas, dos abogadas, tres legisladoras y una académica o científica. “La fórmula va a ayudar a un mejor funcionamiento”, prometió la portavoz. “No gobernamos en base a trascendidos y es incorrecto que (la Corte) anticipe fallos”, redobló la funcionaria ante la pregunta sobre la inminencia de un fallo que fue adelantada por Ámbito en septiembre pasado, pero confirmada luego por el juez Ricardo Lorenzetti, en una entrevista radial.

Escenario

Como si faltaran condimentos el proyecto será atajado por un congreso con nueva fisonomía: Hoy juran los diputados electos y los senadores (por donde ingresará la iniciativa) recién están citados a sesión el jueves para la jura. Ese día, habrá una maratón que tiene como horario límite las 0 horas del viernes 10, cuando operará formalmente el recambio, siendo un escenario desconocido para el PJ que perderá el quórum propio por primera vez y deberá recurrir a los aliados. Nadie del “viejo” Congreso puede votar nada pasada la medianoche del día en el que ingresan en mandato los “nuevos”.

Por eso, la “temperatura” del tema tuvo una significativa brecha entre el ritmo que le aplicó el Ejecutivo y la percepción que arribó a la Corte.

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