Cristina Fernández de Kirchner se quedó sin excusas. Eso es lo que creen los radicales del Senado que venían insistiendo con discutir sobre controles a los decretos presidenciales en el Senado. La santacruceña, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, había advertido en público que la bicameral que exige la Constitución para supervisar los DNU recién podía ser discutida una vez que se votara la destitución de Adolfo Vázquez de la Corte.
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La renuncia del último representante de la denominada «mayoría automática» menemista -a ojos del gobierno- allanó el camino: a un nuevo pretexto o a incluir el tema de los decretos de necesidad y urgencia en Asuntos Constitucionales, a continuación de la ley de acceso a la información -que forma parte del reciente petitorio de Juan Carlos Blumberg al Congreso- que está bajo análisis de varias comisiones desde hace un mes. El radicalismo intentará forzar el tratamiento.
Más allá del pataleo de la UCR -el mendocino Ernesto Sanz figura entre quienes vienen reclamando este debate-, en el mismo peronismo hay quejas. Eduardo Menem se lo planteó a Cristina de Kirchner, y la salteña Sonia Escudero pidió preferencia con dictamen en el recinto que fue aprobada.
Pero el Ejecutivo y su brazo parlamentario, encabezado por la primera dama, no parecen demasiado interesados en abrir semejante debate que limitaría la potestad de Kirchner de firmar decretos de necesidad y urgencia a voluntad.
En Diputados, el peronismo simuló poner el tema en el tapete, tras un planteo a coro de radicales (Mario Negri y Margarita Stolbizer) y provinciales, liderados por el demócrata progresista Alberto Natale. Hasta dispusieron armar una Subcomisión de Asuntos Constitucionales, que comanda el joven salteño Juan Manuel Urtubey. Ayer, en lugar de deliberar esta subcomisión, se prodigaron en una suerte de catarsis sobre reforma política y, a modo de capítulo, la bicameral de los DNU. Representantes de la mesa del Diálogo Argentino, que representa a diversos credos y distintas ONG, insistió en la creación de esta comisión, al mismo tiempo que pidió la unificación de fechas para la elección de cargos nacionales y quitar apoyo a cualquier reforma que atente contra la proporcionalidad del sistema electoral vigente. Diputados y senadores, a todo esto, se encontrarán esta mañana para discutir no ya sobre los DNU, sino sobre uno en particular: el que dispuso derivar los activos disponibles de los fondos fiduciarios a planes de obras públicas que serán decididos por Julio De Vido y Roberto Lavagna. A partir de las 10.30, se tratará en la Bicameral de Seguimiento de la Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Emergencia, que encabeza el radical Sanz.
Este mendocino suscribió ayer un proyecto de su correligionario de Santa Cruz, Carlos Prades, destinado a derogarlo. Fue para saldar una picardía del gobierno: si la bicameral de Seguimiento resolviera -algo difícil, con mayoría peronista en esa dependencia- que el Ejecutivo se excedió en las facultades delegadas, el DNU seguiría subsistiendo porque no existe la bicameral de decretos de necesidad y urgencia. De ahí que Prades haya elaborado un texto para anular este DNU, el 906.
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