"Corralito" puntano, excusa para un pacto Duhalde-Corte

El gobierno y la Suprema Corte parecían ayer haber encontrado un lugar, aunque simbólico, para hacer las paces: San Luis. No en las comarcas de los Rodríguez Saá sino en el expediente en el cual el gobierno de esa provincia reclama le devuelva el Banco Nación un depósito de reservas por u$s 234 millones que quedó encerrado en el «corralito».

El caso servirá para que cierre el gobierno un acuerdo con la Corte que le permita evitar la andanada de devoluciones de depósitos que ocurrirá cuando se cumplan los 15 días que les dio la Corte a los tribunales inferiores para que se dediquen exclusivamente a resolver los pedidos de amparo. La única vía que tiene hoy para evitarlo es o declarar el estado de sitio o lograr de la Corte una acordada que obture el drenaje de los depósitos.

En la segunda audiencia convocada por el tribunal para escuchar a las partes (el gobierno nacional, el de la provincia, los técnicos del Banco Central), los jueces anunciaron que ofrecerán en una nueva convocatoria una fórmula para resolver el entuerto. El camino de solución servirá, además, para cerrar la pelea entre el gobierno de Eduardo Duhalde y el cuerpo que presidente Julio Nazareno, abierta con escaso tino apenas el bonaerense se hizo con la presidencia de la Nación.

• Oferta

Los jueces de la Corte han avanzado en las últimas horas en una oferta a las partes que asume el informe que llevó el Central a Tribunales explicando con fineza técnica la imposibilidad de que el sistema aguante una devolución de los depósitos colocados a los bancos por afuera de los plazos pactados originariamente. También admitirá la propiedad de esos depósitos, y de las reservas, tratándose de un Estado provincial como San Luis.

Lo que propondrá para este último caso es que se le dé a la administración provincial el mismo tratamiento que a un banco, tratándose de ese dinero depositado de una «reserva» para ser usada como aval de otras operaciones o atender contingencias de futuro, y no una colocación con interés de lucro a cambio de una tasa. En ese sentido, la propuesta de la Corte sería sugerirle al Estado nacional que le reconozca a San Luis ese depósito mediante un bono de los descriptos en el Decreto 410/2002. Se trata de un papel que reconoce a los bancos una compensación por la pérdida de cartera por la pesificación y cubre la diferencia entre los $ 1,40 y un valor mayor del dólar en el mercado financiero.

• Avales

Ese bono es a diez años y la provincia de San Luis, según esta propuesta que elabora la Corte para la semana que viene, estaría en condiciones de aceptarlo porque con ese título que resguarda de alguna manera el valor de esas reservas puede servirle para avalar, por caso, la emisión de otro título monetizable en un lapso menor a los 10 años.

Esta propuesta en el caso de San Luis servirá para otros fines: el gobierno alimenta la solución con el auxilio de técnicos del Central porque sabe que necesita de la Corte mucho más. Por caso, una solución para los amparos que se acumulan en la Justicia y que los jueces conceden drenando depósitos del tramo transaccional (depósitos en cajas de ahorro y cuentas corrientes) al ritmo de $ 30 millones por mes. Aunque el gobierno tiene como proyecto soltar de alguna manera este tramo de los depósitos, el temor más grande es que los amparos también castigan los depósitos colocados a plazo fijo y para esto necesita la ayuda de la Corte.

Los expertos del Ministerio de Justicia y de la Procuración del Tesoro de la Nación de Rubén Citara terminaron para este drama central de la economía argentina un decreto-ómnibus sobre el «corralito». El pretexto es ordenar en un texto unificado todas las normas vigentes sobre los depósitos pero la intención de fondo es recoger el contenido de la polémica acordada de la Suprema Corte contra el «corralito» que implicó el enfrentamiento más fuerte con el gobierno. La Corte y el Congreso fueron visitados durante toda la semana por emisarios que negocian un apoyo de esos dos poderes a ese decreto con el propósito de que quede asegurada la propiedad de ese dinero por parte de los ahorristas pero también el criterio de los bancos de que el sistema no aguanta la devolución de los depósitos.

Ese decreto es parte del «Plan Semana Santa» pero no verá nunca la luz si no se asegura antes el apoyo legislativo a la norma de necesidad y urgencia, y si los jueces de la Corte no prometen respetarlo ante los reclamos de particulares.

¿La prenda? La conocen todos: que el gobierno se comprometa a desactivar el juicio político que promovió en la Cámara de Diputados lo antes posible y que siga dando muestras de buena voluntad. Por caso, que el peronismo conceda más plazo a los magistrados cuestionados para responder a los cargos de los diputados. Plazos tan largos que todos olviden que alguna vez existieron.