Corte relega causas de funcionarios y la política enfrenta dilema por la ampliación

Complicaciones varias afectan los proyectos para agregar plazas en el máximo tribunal que se discuten en el Congreso donde la aritmética no ayuda. El fantasma de Reynoso sobrevuela el nuevo intento por abordar la problemática narco. En año no electoral, segundo semestre clave para causas ligadas a funcionarios y exfuncionarios, cuya expectativa empieza a perder vigor.

Preso. El exjuez federal de Orán Raul Reynoso fue condenado a 13 años.

A partir de la peregrinación de jueces federales del jueves pasado, La Meca judicial pasó a ser Rosario. O para ponerlo en términos llanos, el narcotráfico y los delitos asociados que conforman el denominado crimen organizado serán la prioridad. Eso implica que otros temas pierdan preponderancia en la agenda. Entre ellos, las causas judiciales que involucran a funcionarios o exfuncionarios que pueden ir a la cola de impresión del resto de las resoluciones de menor expectativa. Eso convive con la necesidad de que los recursos interpuestos por las defensas tengan una definición fuera del período electoral y durante el segundo semestre del año. ¿Son este tipo de causas candidatas al artículo 280 con el que la Corte Suprema se desembaraza de inventario según “su sana discreción” sin abundar en fundamentos? El kirchnerismo le suele hacer al máximo Tribunal una crítica contradictoria: lo acusa de inmiscuirse mediante un desvío de la doctrina de arbitrariedad en el desarrollo de causas en curso en detrimento de los casos realmente relevantes, pero a la vez lo atiborra de presentaciones que tienen por objetivo que la Corte se entrometa y cambie el curso de los acontecimientos.

Ese cambio de enfoque es la novedad de la gestualidad ensayada por la Corte –que acompaña con algunas otras intervenciones en la discusión pública- desde que la semana pasada aglutinó a la mayoría de los jueces enrolados ena, viajó a Santa Fe y buscó poner el cuerpo para iluminar la problemática y que, como corolario, arrastró la marca de la agenda judicial que había quedado encasillada en los proyectos de reforma que deambulan en el Congreso y que la enfrentan a un Gobierno con la brújula cada vez más imantada. En ese ajedrez justamente ocurre lo contrario a lo previsto: “las negras” no están moviéndose.

La jugada de la Corte y de los jueces federales en tema narcotráfico bordea una reminiscencia incómoda que todos los protagonistas recuerdan. A fines de 2015, ocurrió una movida similar cuando la Corte era presidida por Ricardo Lorenzetti y se dispuso a través de la Acordada 5035/2015 la creación de una Comisión para la Lucha contra el Narcotráfico tras advertir que la problemática se había intensificado en la Argentina y reclamar “políticas de Estado” y un abordaje integral para combatirlo. Esa comisión estuvo a punto de ser presidida por Raúl Reynoso, entonces juez federal de Orán y casi un “ejemplo” de funcionario judicial abocado a esta problemática. Pocos meses después terminó detenido acusado de liderar una organización que se dedicaba a proteger a los narcos, torcer fallos judiciales y montar un sistema de recaudación ilegal. Vio el acto del jueves en Rosario desde la prisión domiciliaria que cumple por una condena a 13 años de cárcel. Ese fantasma sobrevuela como una mácula cada vez que el Poder Judicial toma la delantera en señalar la problemática narco.

Como anticipó Ámbito el viernes último, podría existir un “déjà vu” en el denominado “Caso Alvarado” que podría echar luz no solo sobre la estructura delictiva que se instaló en Santa Fe, sino que además podría exhibir de manera cruda las complicidades policiales, dentro de la justicia, en la política y hasta en los medios de comunicación que ejemplifican cómo se ramifica el negocio del tráfico de drogas y sus delitos conexos, con el lavado como estrella. Ese juicio en curso es un rompecabezas sobre una maraña de cuestiones que impactan en diversos frentes. El judicial es uno con el juez Marcelo Bailaque señalado por cierta pasividad en el ímpetu de la investigación. Ese juicio es mirado con atención desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales. El discurso de Horacio Rosatti contuvo varios metamensajes dirigidos también a una luz verde para la depuración de elementos dentro del Poder Judicial que puedan haber quedado salpicados por lo que se lee como complicidad con los delitos.

En otra galaxia, el Congreso amaga con empujar desde Diputados el proyecto de Consejo de la Magistratura que vino desde el Senado, cuyas chances eran improbables casi desde el fallo de la Corte de diciembre último, pero sin ultimar cuáles serán los acuerdos. Mientras tanto el Senado apuró un roadshow de expositores para justificar la ampliación de la Corte con proyectos varios que multiplican sus integrantes en ideas que parten de 9, 15, 16 y (guardado bajo siete llaves en el despacho de Alberto Fernández) un proyecto que reveló Ámbito y que hace trepar el número a 24 integrantes, elegidos por los gobernadores. Esa idea original no incluía a Horacio Rodríguez Larreta, aunque después de enmendó. Iba a ser otro lío directo a la judicialización. Entre paréntesis, el CENSO colabora a despejar dudas acerca del estatus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su reclamo por ser homologado a una provincia en sus litigios ante la Corte. Mientras que el oficialismo se desgañita para señalar que no es posible asimilarla a una provincia, el cuestionario diseñado por los técnicos del INDEC les pide a los censados que establezcan su lugar de residencia en alguna provincia, y destaca que consideren a CABA como una provincia distinta. Cosas de la estadística.

En el litigio por la Coparticipación reclamada por Larreta a la Corte y cumplido el plazo de negociación que otorgó la Corte sin acuerdo, lo único que pervive son las especulaciones. Nadie, ni los gobernadores enrolados en el Consejo Federal de Inversiones que suscribieron una dura carta acusando a la Corte de interferir, ni el Gobierno y ni siquiera los laderos de Rodríguez Larreta que están entrenados en otear el clima pueden apostar por la orientación de un fallo. Para Talcahuano 550, el scrum que formó el Ejecutivo con los gobernadores para exigir que no se le dé la razón a la Capital Federal es un error político. Entre los oficialistas se golpean el pecho diciendo que con este frente abierto, la Corte no se atrevería a fallar en contra de un reclamo que unifica a las provincias, exponiéndose a que de un plumazo manden a sus senadores a votar una ampliación que rompa el equilibrio de poder actual del máximo Tribunal.

Lo que nadie parece haber realizado son las cuentas. Mientras que con mayoría simple un proyecto de ampliación prosperaría y se convertiría en ley sin mayores contratiempos, el dilema surge con quiénes se rellenarían esos cargos. En el modelo que fuere, el oficialismo –incluidos los gobernadores peronistas- podría aspirar a retener para sí la mitad de las candidaturas. Las otras debería cederlas a la oposición por el simple hecho de que requiere colaboración de los dos tercios del Senado para aprobar los pliegos. Eso podría consolidar una serie de candidatos que provengan de la nómina que exija la UCR y el PRO. ¿Y quien podría negarle a Elisa Carrió tener un sillón reservado para la Coalición Cívica?

Si se la “regionaliza” ocurren otros problemas: ¿qué pasará con las plazas que no van a poder ser rellenadas porque ya hay jueces que corresponden a esa región? De los 4 actuales, dos son santafesinos (centro), uno cordobés (centro también) y otro porteño. ¿Los gobernadores de esos distritos ponen los votos pero no los jueces? Raro.

De las ponencias en el Senado hubo dos que tienen aspectos bien interesantes. La del constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, un especialista muy escuchado en las filas del oficialismo, que se pronunció por llevar el número de jueces a dos dígitos pero no abogó por la división en salas –una propuesta bien difundida para defender la ampliación-, sino por la creación de un tribunal intermedio. En los pasillos de Tribunales resuena mucho el tema de la división de salas. Para muchos expertos podría ser tachada de inconstitucional. Tienen sus argumentos. Sería la antesala de otra batalla con destino de naufragio. Eso sin tomar en cuenta otro factor que podría darse de hecho: la conformación de una instancia previa a reclamar que el pleno se expida sobre una cuestión que resolvió la sala. Quien pierde no se quedará conforme si la decisión la toma una mayoría que podría ser igual –en términos numéricos- a la que hoy puede conformar una mayoría sobre cualquier caso. Con dividir la Corte en cuatro salas de cinco miembros, la mayoría seguirían siendo tres y el número total de supremos escalaría a 20.

El otro punto lo tuvo la exposición del exministro de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni. Entre todas las cuestiones que agregó, hizo énfasis en la necesidad de una conformación plural que deje de lado la centralidad que a su modo de ver tuvieron siempre las Cortes por la Capital Federal que aportaron, a su vez, egresados de la UBA en materia de derecho. Según ese criterio, la descripción se ajusta a su propio perfil. Es curioso. Nadie serio dudaría de las cualidades técnicas, académicas y de trayectoria de Zaffaroni siendo un catedrático reconocido en derecho penal pero podría haber quedado afuera de la Corte si alguien hubiese aplicado esa misma demarcación geográfica para elegir candidatos.

Como se ve, el problema político ya es bien complejo. Eso sin agregar un problema práctico. Si un expediente hoy tarda como mínimo (sin máximo) alrededor de 3 meses en una vocalía, el derrotero debería multiplicarse por la cantidad de jueces que participen de la decisión (aún sin votar). Eso ofrecería un piso para calcular cuál sería la velocidad de resolución de cualquier tema que escale a un modelo ampliado. Puede no ser un obstáculo para pulseadas de alta exposición –como fue el caso de la apertura de las escuelas en CABA durante la pandemia- pero a la vez podría ser una amansadora interminable para el ciudadano de a pie.