Sin rastros del “federalismo”, ingresó ampliación de Corte a 25

Texto multiplicó dudas en algunos que apoyaban la iniciativa para quebrar a la actual Corte porque muta ciertos conceptos. Cautela en el Senado y epopeya para Diputados.

Palacio de Justicia.

Fin del misterio. El proyecto oficial para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros que fue revelado por Ámbito el 20 de diciembre de 2021, en exclusiva, ingresó ayer al Senado con los bríos que le otorgó el apoyo de un grupo de gobernadores peronistas pero con una redacción que abre interrogantes y un contexto político que lo deja con pronóstico reservado. La iniciativa que había sido monitoreada especialmente por Cristina de Kirchner a fines del año pasado se cristalizó en un breve articulado cuya primera omisión es llamativa: no se menciona la cuestión “federal” en su composición, la principal zanahoria que había atraído a los mandatarios provinciales que se frotaban las manos ante la chance de que los nuevos jueces fueran propuestos por ellos. Escuetamente, se modifican los actuales 5 miembros a 25 pero no tienen una distribución particular. “Una ley especial determinará el modo de organización y funcionamiento de la Corte”, indica una oración que delega hacia adelante cómo se integrará el tribunal que vislumbra la Casa Rosada y un puñado de mandatarios del PJ.

Lo que sí quedó confirmado fue el adelanto de este diario cuando Alberto Fernández convocó a los gobernadores nucleados en el Consejo Federal de Inversiones (CFI): los eventuales nuevos jueces se integrarán de manera paulatina y no necesariamente tendrán que estar los 21 nuevos nombres para que se altere la fisonomía actual del máximo Tribunal. Esto es clave para apurar los nombramientos que se puedan y así romper el bloque de mayoría que hoy tiene la Corte, objetivo político primario del proyecto. Sin mínimos ni máximos, se prevé que las decisiones sean por mayoría absoluta de los miembros que estén al momento de tomar una decisión.

No figura en el articulado ni una distribución por provincias, ni por regiones, y ni siquiera una integración mínima por género, uno de los reclamos que habían motivado la discusión inicial por la ampliación de la Corte. Tampoco está encunciada siquiera, y fue dejada de lado, la posibilidad de una división en salas, algo con lo que se había especulado en la redacción inicial pero que podía ser desechado ante el riesgo que implica (desde el punto de vista jurídico) que pueda ser tildado de inconstitucional. El artículo 3 parte de una obviedad: los actuales miembros -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti “conservarán sus cargos como estipula el artículo 110 de la Constitución”. Salvo juicio político y remoción con los dos tercios se hace imposible otra vía.

El número es la piedra de toque de un escenario de cambio de miembros pero también de nombramientos. Como está hoy la distribución de fuerzas en el Senado el mismo número se requiere para cumplimentar la designación de nuevos jueces en la Corte. Los radicales y el PRO tienen, sobre todo los primeros, la capacidad de bloqueo de candidatos. A este panorama se le sumaron ayer algunas reacciones contrapuestas: si llega a pasar el Senado (aun con modificaciones) ¿Cuál es el destino de este proyecto en la Cámara de Diputados? Con este nivel de desgaste del oficialismo no se le puede pedir a Sergio Massa que asegure resultados.

Cautelosos

Un segundo tema radica en los plazos. Firmaron el ingreso los senadores Anabel Fernpandez Sagasti y José Mayans, en representación de ambos bloques “partidos” pero coordinados del kirchnerismo en el Senado. Mayans dudaba anoche de que pudiera llevarse al recinto antes del receso de invierno. Algunos gobernadores como el puntano Alberto Rodríguez Saá se anotaban en la lista para ir a exponer en comisión y lo más probable es que la estrategia sea rodear de juristas la discusión para generar algo de masa crítica. Lo que hicieron fue “dar ingreso” solamente, dijo un cauto Mayans que no se animó a hacer vaticinios de éxito.

Similares reservas presentaron otros senadores que se pusieron en comunicación con los jefes provinciales. Después de leer, un senador por Entre Ríos deslizó que podría no acompañar un articulado así. Hubo gestualidades imperceptibles: en la reunión con Alberto Fernández que adelantó Ámbito por este mismo proyecto, algunos mandatarios enviaron representación de sus vicegobernadores, una señal que buscó marcar una sutil distancia con el avance de la discusión. Tiene lógica. Más allá de la suerte del expediente por la Coparticipación entre CABA y Nación, cada distrito tiene sus propias batallas en la Corte que una tortuosa discusión de estas características podría enturbiar.

Las cinco carillas de fundamentos terminaron siendo lo más rico del material. Entonces, el primer argumento para ampliar la Corte mutó a buscar que “se eviten los altísimos niveles de delegación del trabajo jurisdiccional en personas que no son sus jueces”. Esto partiría de la base que los nuevos jueces se encargaran personalmente de todo lo que implica el trámite de un expediente en Corte. Y que con 25 podrían dividirse la tarea entre sí como si un fallo fuese un Trabajo Práctico colaborativo en el que cada uno aporta un tramo distinto. De otra forma, exhibe un desconocimiento absoluto de cómo trabaja la Corte hoy y por los últimos 39 años.

Lo segundo destacable, como se mencionó es lo “progresivo” de las eventuales incorporaciones y que se reitere que mayor cantidad de jueces permiten “fortalecer inmediatez con los expedientes y con el justiciable” y “abreviar los extensos plazos”. De esto último no hay pistas: ¿cómo el giro por 25 vocalías en lugar de 5 abreviaría plazos? Se citó experiencias europeas y latinoamericanas en base a la tesis ya expuesta de manera pública que la Corte debe tener un correlato con la cantidad de habitantes de un país. También se hizo un breve repaso histórico de las leyes que agrandaron, achicaron y volvieron a agrandar la Corte. Se evitó poner el año de la actual reducción que data de 2006, cuando se la volvió a achicar a instancias del kirchnerismo, con una argumentación diametralmente opuesta a la actual.

La principal analogía técnica estuvo centrada en el Tribunal Supremo de España con sus autoridades más 79 magistrados o la Corte di Cassazione de 65 miembros, cuya tarea sería similar a la que en la práctica tiene la Corte Suprema argentina, porque trata cuestiones de arbitrariedad de sentencia más cuestiones constitucionales.

Curiosidades

Culpa del aumento de la población -indican los fundamentos- es el incremento de la litigiosidad que llega a la Corte citando un ejemplo de un pedido de dotación de la Corte de 1958. Habría que analizar la composición de esa litigiosidad que arriba ala máxima instancia. Existe probabilidad que el principal cliente de la Corte sean las apelaciones del Estado por temas previsionales, merced al toqueteo de índices de actualización de cada gobierno y desde el estallido de la convertivilidad.

La sorpresa conceptual para apuntalar la ampliación bajo el concepto poblacional está contenida en la cita de los fundamentos a la ley que en 1990 permitió a Carlos Menem llevar a 9 miembros la Corte, algo que quedaría luego inmortalizado como la “mayoría automática”.

Con un repaso somero de la cantidad de expedientes ingresados en la Corte en los últimos años a partir de informes del mismo tribunal se le reconoce que dicta “cada vez más sentencias” (con un promedio de 7 mil por año) las que “resuelven varias causas a la vez”. La aritmética aplicada a dividir la cantidad por los días hábiles y los jueces permite concluir que existe “altísima delegación” en los secretarios y se comparó la cantidad de personal actual con el de hace tres décadas. Para los senadores, este volumen imposible se terminó resolviendo por la mera aplicación del artículo 280 -siempre muy cuestionado- o por remisión a precedentes. No se indicó por qué esto último es malo.

La conclusión de todo esto es que una Corte ampliada a 25 resolvería de alguna forma todos estos problemas bajo el criterio de la “multiculturalidad” lo que la haría acorde con el sistema republicano.