Críticos de la Corte dicen que nuevo juicio es un mamarracho
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Strassera se mostró proclive a preservar las instituciones y cuestionó seriamente la posición del gobierno de avanzar contra otro poder del Estado. Lo que sigue son los conceptos más fuertes del fiscal que acusó a las juntas militares:
• «El caso de (el ministro de la Corte, Carlos) Fayt es escandaloso. Le van a inventar un juicio político. Le imputan no haberse excusado porque tenía un depósito cuando debió fallar sobre la inconstitucionalidad del 'corralito' bancario.» Y aclaró: primero hay un artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que dice que no es causal de excusación y de recusación si se es deudor, acreedor o fiador de un banco oficial. Era el Banco de la Nación donde Fayt tenía los fondos.
• «Fayt ya había aceptado los bonos, el problema era la redolarización, y él no podía dolarizar nada porque ya había aceptado los bonos.»
Hace pocos días, el juez Fayt les recordó a los diputados de la Comisión de Juicio Político que «jamás» ocultó a sus pares la existencia de un depósito en plazo fijo en el Banco Nación (constituido por sueldo atrasados), sino que esta situación era conocida por empleados y funcionarios del Poder Judicial, y sus pares de la Corte, como Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Roberto Vázquez.
Destacó además que el monto depositado y luego transformado en bonos figura en su declaración jurada presentada ante la DGI. También les recordó que rehusó a beneficiarse con el derecho que le confería su edad, mayor de 75 años, e hizo novación de su crédito aceptando bonos.
En su prédica contra la actitud del gobierno, Strassera afirmó que el intento de remoción de la Corte es desaconsejable «porque mañana viene otro presidente y embiste contra la Corte para poner amigos. Esto causa problemas».
«Creo que la Corte se renueva sola, y además no son necesarios amigos en la Corte. Cuando Mitre nombra su primera Corte Suprema de Justicia saca todos los ministros de la oposición y la Corte no lo volvió loco», señaló.
Por su parte, Bacqué, quien renunció a la Corte porque estaba en contra del aumento de sus miembros en el gobierno de Carlos Menem, sostuvo que «todo parece una fivolidad»:
• «Es otro mamarracho. Creo que las instituciones son normas, y las normas dicen bien claro lo que hay que hacer. La Corte tiene inmunidades. Si hay causas para un juicio político, se hace el juicio político y si prosperó, prosperó. Pero inventar un juicio político porque se considera que no conviene que siga esta Corte es muy malo para la República.»
• «Resulta que a todos los miembros los han enjuiciado hace menos de 6 meses, la Cámara de Diputados los exculpó, es decir, resolvió no acusarlos y ahora vuelven, a mí me parece que es todo una gran frivolidad.»
• «Vamos a seguir en lo mismo. Menem aumenta el número de miembros, Kirchner baja 3 o 4, el próximo que venga, en vez de 9 pone 16 y bueno, y así no va a funcionar nunca la República.»
• «El sistema está pensado para que la Corte prosiga a través de los distintos gobiernos. Cuando se muere uno, al presidente de la República que le toca, lo reemplaza y años después cuando renuncia otro, otro presidente, a lo mejor, lo reemplaza. Y la Corte va variando a través del tiempo paulatinamente, esto es lo que quiere la Constitución.»
• «Si hay causas para enjuiciar a un ministro y se le crea incorrecciones, está bien que se le separe del cargo. Para ello está el juicio político y para eso está previsto. Ahora inventar causas, después que se los ha exculpado, al fin y al cabo, la Cámara sigue siendo la Cámara, la que resolvió no acusar. Ahora vuelve en una arremetida, ¿por qué? Porque cambió el presidente. Sinceramente, me parece de cuarta.»
Desde el lado del oficialismo, también se planteó prudencia. En este caso fue el ministro del Interior, Aníbal Fernández, que recomendó «enmarcar dentro de la Constitución» todo proceso que se pretenda impulsar contra los jueces de la Corte Suprema porque, según graficó, «lo peor que se puede hacer con un caníbal es comérselo».
Fernández explicó que organismos de derechos humanos plantearon al presidente Néstor Kirchner la necesidad de reglamentar la convocatoria a consulta popular prevista por la Constitución reformada en 1994 y la posibilidad de utilizar este mecanismo para conocer la opinión de la ciudadanía sobre este tema.
Sin embargo, señaló que incluso si de un plebiscito resultara que la mayoría de los argentinos expresa su rechazo a los actuales integrantes de la Corte Suprema, esa situación no los obligaría a renunciar.




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