El ex secretario de Seguridad y Justicia porteño Juan Carlos López aseguró ayer que el local República de Cromañón contaba con «protección» policial y de ese modo no habría sido controlado. Ante la Sala Juzgadora que sigue el juicio político contra Aníbal Ibarra, el ex funcionario -amigo personal y ex cuñado del suspendido jefe de Gobierno-, quien tenía a su cargo la principal área de control de la Capital Federal, se consideró responsable político del caso. De ese modo eximió a Ibarra, pero arremetió contra las fuerzas de seguridad en materia de inspecciones. A Ibarra le imputan que el local bailable, donde perdieron la vida 194 personas el 30 de diciembre de 2004, tenía vencida la habilitación contra incendios que emiten los Bomberos de la Federal. «Notengo cargo de conciencia pero sí una gran amargura que no me la saco más, por esos chicos, que se merecen un mejor debate de la sociedad», dijo entre sollozos el ex ministro, ante los diputados porteños. «Renunciéporque entendía que era el máximo responsable político y no sé ahora si no le habré abierto a Ibarra las puertas del infierno con esa actitud», completó el testimonio que se extendió durante casi siete horas.
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Un día clave para Ibarra fue el de ayer en el juicio político al iniciarse la ronda de testigos que podrían beneficiarlo, aunque se conoce que su suerte no depende de un testimonio mejor o peor.
A pesar de la requisitoria del diputado-fiscal Jorge San Martino (Recrear), que pareció interpelar al ex funcionario sobre su pasado laboral anterior a la tragedia más que indagar sobre el tema Cromañón, casi como viene ocurriendo a diario en las audiencias, López se explayó en explicaciones sobre las idas y vueltas que rodearon el funcionamiento del área de inspecciones de la que era la mayor autoridad. López es, además, el ex funcionario que mayor rango ostentaba de los que se encuentran con proceso judicial en la causa penal del caso. El abogado, ex procurador porteño y ex jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, tiene pendiente la resolución de la Cámara con respecto a la imputación de homicidio doloso que le impuso el juez de la causa, pero sorpresivamente llegó a dar su testimonio ante la Legislatura. Hasta ahora ninguno de los procesados aceptó la invitación.
Quizá no ayude a Ibarra a torcer la voluntad de la mayoría de la Sala, que hoy piensa en su destitución, pero López insistió en el recinto, donde la presencia de familiares de las víctimas fue escasa, en adjudicarle a la Policía de la Comisaría 7ª varias cuestiones. Por un lado, el hecho por el cual hay agentes procesados, supuestamente recibir coimas por parte de Omar Chabán para no controlar las infracciones o no denunciar hechos como un principio de incendio desatado días antes del trágico accidente. Pero también puso de manifiesto lo que consideró dificultades en las inspecciones por falta de fuerzas policiales, que la Ciudad no tiene y depende para eso del gobierno nacional.
El testigo dijo que Cromañón «noapareció nunca de modo formal ni informal como problemático».
El ex secretario, quien renunció la noche del 31 de diciembre de 2004, es decir al día siguiente de la tragedia, atribuyó a la Policía la « protección» del local y la responsabilidad de no haber controlado aquel día las contravenciones que existieron, como el ingreso de mayor número de personas que las admitidas o el uso de pirotecnia, entre otras irregularidades.
• Condimentos
La larga tenida tuvo algunos condimentos, por otra parte. Los agregaron López y el titular de la sala de juzgamiento, Julio Maier. El primero, al emocionarse y llorar cuando se le preguntó por qué había renunciado a su cargo al día siguiente del accidente. El juez, porque, como suele ocurrir, no resistió su paciencia cordobesa y terminó diciéndole al izquierdista Héctor Bidonde que no haga «un carnaval de palabras», y se ofuscó más con preguntas que consideró inadecuadas por parte del kirchnerista Helio Rebot, cuando el diputado intentaba que López expresara si se consideraba responsable de homicidio culposo, tal como está procesado en la causa penal que se encuentra apelada.
También ayer declararon la síndico de la Ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante y la procuradora Alejandra Taddei, como el ex subsecretario de Trabajo Marcelo Antuña. Todos, claro, defendieron al suspendido mandatario.
