Curioso: la esposa de Kirchner será la acusadora de Nazareno
Cristina Fernández de Kirchner pondrá la cabeza de Julio Nazareno en la guillotina, si el juicio político contra el presidente de la Corte que comenzó ayer prospera en Diputados y pasa a la etapa de sentencia en el Senado. Por una reforma reglamentaria, la primera dama consiguió que la dependencia que ella preside, Asuntos Constitucionales, absorbiera las facultades de la desaparecida Comisión de Juicio Político de la Cámara alta. Lo que es más grave es que la Kirchner también mantendría semejantes potestades en caso de que fuera el presidente de la Nación, es decir, su esposo Néstor Kirchner, quien fuera sometido a un planteo de destitución por mal desempeño. ¿Qué hubiera sucedido si Carlos Menem o Eduardo Duhalde se hubiesen asegurado semejante red de seguridad?
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Desde la reforma que se sancionó a fines del año pasado en el Senado, se suprimió, entre otras, la oficina que administraba el Juicio Político. Según lo que marca el artículo 61 del reglamento doméstico, esa función pasó a la órbita de Asuntos Constitucionales, cuya jefatura ejerce -curiosamente- Fernández de Kirchner. Un legislador muy ocurrente deslizó ayer a sus íntimos: «Sólo falta que a Nazareno lo cuelguen de una lenga en El Calafate». Más serio, el tucumano Pablo Walter (Recrear) -representante en la comisión del Interbloque Federal de provinciales- advirtió que «la renovación de la Corte debe darse en el marco de respeto a las instituciones y eso supone que el Presidente no ejerza presión sobre el Congreso, bajo ninguna forma». El ex Fuerza Republicana es minoría en una dependencia en la cual el PJ ubicó a varios leales a Olivos como Jorge Yoma, Marcelo Guinle, Guillermo Jenefes, Malvina Seguí y Mabel Müller, más la socia extramuros Vilma Ibarra (Frente Grande). Les falta una firma extra para amañarse la mitad más uno y así lograr la mayoría.
Fernández de Kirchner envió un avión sanitario de la provincia para traer desde Corrientes al senador liberal Lázaro Chiappe, quien estaba impedido de volar hacia Buenos Aires. El legislador ya había manifestado su posición en contra de la anulación de la polémica figura penal. Por suerte para el designado, una rionegrina le facilitó número al oficialismo y se logró la derogación.
Con la autonomía que caracterizó el primer año de la patagónica en la banca senatorial (sin disciplinarse a la bancada PJ, bajo ninguna circunstancia), parecía cantado que sería desplazada de un escritorio que cobraba cada vez mayor envergadura institucional. El escarmiento tardó en llegar porque, con la interna Menem-Duhalde en plena ebullición, los senadores no querían agitar las aguas de entrecasa y, menos, despertar la ira de Cristina.
A partir de que Duhalde bendijo a Kirchner como su candidato, la situación cambió de negro a blanco y Cristina Fernández se aseguró la permanencia en el sillón, con el agregado de que absorbería -a las funciones clásicas de Asuntos Constitucionales (por caso, el análisis parlamentario de la declaración del estado de sitio, las intervenciones federales y la aplicación e interpretación de normas constitucionales)- el manejo del proceso de juicio político.
Lo que nadie tomó cuenta hasta ahora, es que podría producirse un absurdo. Si hubiese un pedido de destitución contra Néstor Kirchner y éste prosperara en Diputados, sería su propia mujer la que tendría que instruir el caso en la Cámara alta. La explicación es sencilla: entre las potestades que asumió Asuntos Constitucionales de la desaparecida Comisión de Juicio Político del Senado figura no sólo la sustanciación de la sentencia contra los miembros de la Corte sino también las causas contra el presidente de la Nación y vice, más el jefe de Gabinete. Aún cuando parece imposible llegar a tal extremo, ¿qué hubiera sucedido si Carlos Menem o Eduardo Duhalde se hubiesen animado a garantizarse una red de contención semejante o la hubieran permitido?




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