La CGT levantará el paro general a cambio de la dádiva oficial de 37 millones de pesos. Que haya proclamado el gremialista más burócrata el paro con tanta anticipación era para ese fin extorsivo. El gobierno cedió. Disimularían todo en nueva propuesta de "pacto o acuerdo social". Nunca sirvieron. "Este país no puede estar gobernado por Elisa Carrió", fue una frase que impactó en el gobierno en boca de varios industriales. Pensando que el gobierno es cada día más débil y confuso, se trata de crearle una especie de "concordancia" con opositores. Operaría si los resultados de la elección próxima son catastróficos para la Alianza y podría estar en juego la estabilidad de las instituciones. Sumarían desde Cavallo a Menem, los empresarios y los sindicalistas.
Fernando de la Rúa está a punto de convocar, casi seguro para el próximo viernes, a sindicalistas y empresarios para inaugurar una agenda económico-social que incluirá desde cuestiones tributarias a temas laborales. La última oportunidad en que se analizó esta jugada fue ayer, durante una reunión del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, con el comité ejecutivo del Consejo Empresario Argentino (los industriales plantearon allí sus preocupaciones porque se ensombrezca nuevamente el clima político en el país). Será la coartada para que la CGT dialoguista de Rodolfo Daer resigne la convocatoria al paro que realizó para el 1 de marzo que viene.
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Las tratativas ya están en curso, pero la mayor parte de las cláusulas del convenio entre el gobierno y los sindicatos han sido ya acordadas. Aun así, por si el broche final del pacto se muestra inalcanzable, Rodolfo Daer y el resto del secretariado de la central oficial visitarán hoy Córdoba, donde además de un plenario con gremios tendrán un almuerzo con José Manuel de la Sota. Mañana irán a La Plata, esta vez para visitar a Julio Alak y también al gobernador Carlos Ruckauf. Sería recomendable observar con atención el mensaje que emitan los dos gobernadores: tal vez pidan calma y paciencia, una excusa para que los sindicatos puedan justificar su pacto con el oficialismo.
El arreglo entre los gremios y De la Rúa pasa por tres variables:
1. El pago de fondos de las obras sociales que el gobierno reconoce adeudar. Ayer, Chrystian Colombo debió resolver un desaguisado de Rubén Cano, el superintendente de obras sociales, quien había preparado un decreto en el cual se distribuían, a ojo de buen cubero, 37 millones de pesos entre las cajas sindicales. El reparto resultaría tan poco transparente que el proyecto de decreto debió ser destruido. Ahora será la DGI la que debe, mediante una resolución, disponer la modalidad del pago. Cano casi compromete al Presidente en una operación de reparto de dinero harto sospechosa y, además, se propuso la recreación del comité de asesoramiento al superintendente de Salud que es el principal objetivo administrativo de la CGT. Cano no está en el país ya que viajó a Ginebra para dar una conferencia. La entrega de esos fondos es clave para varios sindicatos, especialmente para el de Armando Cavalieri y Hugo Moyano, quien está ansioso porque los «dialoguistas» (a quienes censura públicamente) lleguen a un acuerdo.
2. La modificación del decreto de reforma previsional. Los gremialistas ya le indicaron al gobierno, infinidad de veces, que no aceptarán la elevación de la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Se quejan sobre todo los de actividades con alta participación femenina (desde enfermeros a empleados de comercio). El gobierno estaría dispuesto a ceder en este aspecto, que le simplificaría también la interna no saldada en el Congreso para convalidar el decreto.
3. Finalmente, las tratativas giran también en torno a la convocatoria al Consejo del salario vital, mínimo y móvil. Para neutralizar esta demanda, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, reunió el viernes a la CGT (Armando Cavalieri y Oscar Lescano) con empresarios como Eduardo Baglietto, Osvaldo Rial e Ignacio De Mendiguren. Fueron los hombres de negocios los que convencieron a Cavalieri y a Lescano de la inconveniencia de resolver hoy un aumento de sueldos. A cambio, se comprometieron a que en el consejo económico-social que convocará De la Rúa, habrá una comisión especial para dictaminar en qué momento la economía argentina admitiría una discusión salarial.
Si ésta es la agenda del acuerdo y está muy cerca de ser consumada, no sucede lo mismo con las pretensiones del gobierno. Los negociadores no consiguieron que los gremios retiren sus objeciones en la Justicia (hasta ahora exitosas) para que se avance hacia la desregulación del sistema de obras sociales. Tal vez les sirva a unos y otros. A los sindicatos, por un motivo obvio: la defensa de sus «cajas». Al gobierno porque, de desregularse el sistema plenamente, tal vez no pueda financiar los $ 20 por afiliado que se comprometió a cubrir en el Decreto 446 del año 2000.
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