Defensa de Moliné agudizó división en bloque del PJ
Estalló ayer frente a las cámaras de TV la polémica entre peronistas por el juicio político a Eduardo Moliné O'Connor. La diputada Alejandra Oviedo denunció que el proceso "es una farsa" porque se intenta juzgar al ministro de la Corte por el contenido de sus sentencias y en un proceso "sumarísimo". La defensa de Moliné hizo una revelación grave: las pruebas que sirvieron para formular la acusación están incompletas. Esto podría provocar la nulidad de lo actuado. Con un descargo jurídicamente muy sólido, Moliné se defendió y denunció que se busca amedrentar a los jueces que no fallan de acuerdo con el poder político. Además advirtió que el proceso es "aniquilador de la independencia del Poder Judicial".
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Oviedo salió de la reunión y se topó con una multitud de «movileros». Allí siguió con sus argumentos. «El doctor Moliné --denunció-está siendo juzgado por el contenido de sus sentencias y no por su conducta.» En sintonía con el texto del descargo, comentó que «con el mismo criterio, habría que enjuiciar a todos lo jueces de primera instancia, de cámara y de la misma Corte que fallaron en idéntico sentido en estas sentencias».
Con gesto severo, calificó el trabajo de la comisión como «una farsa total». «Esto es un juicio sumarísimo, con vicios en el procedimiento», agregó a sus anchas delante de cámaras de TV. «La mayoría de los diputados ya tiene decisión tomada», se lamentó. Al referirse al pedido de apertura a prueba -solicitado por la defensa-, reflexionó que «tal cual están dadas las cosas, seguramente, no se va a autorizar».
• Contactos constantes
Falú replicó que Oviedo «fue la única diputada que se opuso a incorporar nuevos expedientes» y aseguró que los miembros de la comisión están abocados, casi en exclusividad, a estudiar los casos que sirven de base a la embestida contra el magistrado. «Las sesiones de los jueves -se vio forzado a responder-son breves porque nos reunimos a diario y mantenemos contactos telefónicos constantemente.»
Falú y compañía se comprometieron a analizar en los próximos días un oficio del juez federal Norberto Oyarbide, en el cual exige detalles del accionar de la comisión, a instancias de Nito Artaza y un grupo de ahorristas, que objetan la carga contra los ministros de la Corte.
Con la disidencia previsible de Oviedo, la comisión incorporó 4 nuevas carpetas contra Moliné que engrosarán una segunda tanda de acusaciones: los radicales Hernán Damiani y Juan Minguez le adjudican al juez una supuesta presión a testigos en el marco del anterior (y fallido) juicio político a los 9 magistrados; Garré y Darío Alessandro le reprochan haber beneficiado, aparentemente, al ex titular del quebrado banco Social de Córdoba Jaime Pompas; Iparraguirre sostiene que el magistrado exhibió «conductas que lo desacreditan ante la sociedad»; y, por último, el socialista Héctor Polino ataca a Moliné por haber levantado una teoría, presuntamente, «antidemocrática y autoritaria», en la causa «Oscar Godoy contra la Universidad Nacional de La Plata».




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