Demagogos en el Congreso frenan la aprobación de dos leyes clave

El Congreso avanzó ayer en dos leyes indispensables para que el país se reincorpore en materia económica a la comunidad internacional a partir de la firma del acuerdo con el FMI. El Senado aprobó en la madrugada de ayer la derogación de la ley de «subversión económica», en un trámite muy accidentado que obligó al peronismo a abrazarse a un proyecto minoritario de partidos provinciales con tal de no perder la votación a manos de la UCR. La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó anoche la reforma a la polémica Ley de Quiebras -conocida como «ley Clarín»-, reponiendo allí la figura del «cram down», por la cual los acreedores pueden realizar una oferta para comprar la empresa en concurso. Estas dos sanciones -cada una debe completarse ahora en la Cámara restante-significan un avance en la línea de lo que está negociando el gobierno con los organismos de crédito y también de lo pactado entre Nación y provincias en el «Documento de 14 puntos». Sin embargo, el contexto en que se producen estas mejoras es penoso, lamentable. El Congreso ingresó esta semana en el paroxismo de la demagogia y hay de todo en este sentido. Dio la nota como siempre Raúl Alfonsín, quien a pesar de ser aliado de Duhalde, acusó al gobierno de los Estados Unidos por ser «de ultraderecha» y constituir un «peligro universal», en una convocatoria a enfrentar al FMI porque «quiere quedarse con la Argentina». Pero también se lucieron en el folklore la diputada Alicia Castro -decoró el estrado de Diputados con una bandera norteamericana- y su par, Elisa Carrió, amenazando con causas penales a los legisladores que voten una ley «que dejará libres a banqueros». Se llegó al extremo de que un diputado, Miguel Angel Toma, negociara con la jueza Servini de Cubría qué artículo de la ley permitiría que los banqueros sigan presos. El populismo radical, contagiado a las filas del PJ, produjo una crisis en el Senado: anoche, los integrantes del bloque oficialista de esa Cámara le exigieron a Duhalde que rompa su pacto con la UCR y busque alianzas menos costosas para llevar adelante su gobierno.

Incomprensibles peleas internas entre diputados y senadores del PJ -y del peronismo con la UCR- postergarán la sanción de las leyes clave que pide el Fondo Monetario Nacional y el «Documento de 14 puntos» firmado por Eduardo Duhalde y los gobernadores. Anoche, el bloque conducido por José Luis Gioja resolvió mandar a comisión la Ley de Quiebras que a esa hora votó en general la Cámara baja, apenas ingrese el proyecto a dependencias senatoriales.

Fue una decisión antojadiza y que sonó más bien a venganza. Era una respuesta directa a Eduardo Camaño, que le declaró la guerra a la otra ala parlamentaria privilegiando el internismo por sobre las necesidades del país. Por la tarde, el presidente de Diputados y duhaldista ortodoxo adelantó que la derogación de la ley de «subversión económica» será girada a comisión, lo cual dilatará la aprobación definitiva del proyecto de los provinciales Ricardo Gómez Diez y Pablo Walter, que sorpresivamente terminaron votando los senadores por la madrugada. De esta manera, Gioja y compañía obligarán al gobierno a presionar sobre la Cámara baja, donde cuentan con una treintena de legisladores bonaerenses -entre ellos, Camaño-, más otros aliados del interior.

• Giro inesperado

A las 3.40 de ayer, el oficialismo logró imponer por el exiguo margen de 32 a 30 la derogación de la ley de «subversión económica», en un inesperado giro de último momento y en medio de un escándalo. López Arias -cuando toda parecía encaminarse a un cuarto intermedio por falta de número del peronismo para hacer votar las modificaciones- dejó perplejos a los opositores cuando pidió que se votara el proyecto de Gómez Diez y Walter, y no el del Ejecutivo que propiciaba una reforma.

«Si algún juez, bajo la interpretación que sea, incluso contraviniendo lo que debiera ser en derecho, resuelve poner a alguien en libertad, yo prefiero que me acusen de ser responsable de que esa persona quedó libre, y no que me hagan responsable de frustrar la esperanza que empezaba a gestarse en la Argentina», dramatizó López Arias.

Intentaron salir al cruce la frepasista Vilma Ibarra, la peronista santacruceña Cristina Fernández de Kirchner y el radical Juan Carlos Passo. Su correligionario Rodolfo Terragno pidió una votación nominal, pero no tuvo éxito.

La señora de Kirchner, al escuchar que cambiaban el proyecto original por el de los provinciales, lanzó una chicana: « Es evidente que no han podido juntar los votos». Mabel Müller, alter ego de Hilda Chiche Duhalde, salió a cruzarla. «¿Y cuál es el problema?», la atacó fuera de reglamento y mientras esgrimía el mismo celular que la mantenía online con Alfredo Atanasof. La patagónica procuró plantear una cuestión de privilegio que Juan Carlos Maqueda bloqueó en pleno pandemónium.

La radical Miriam Curletti se quejó de que «queda la impunidad». El liberal correntino Lázaro Chiappe se enredó en una discusión con Maqueda y le reclamó que estaba «poniendo mordazas en el Congreso». Passo insistió: «Se ha votado un proyecto fantasma», sin recordar que había ingresado por mesa de entradas el 2 de mayo, se lo había incorporado al plan de Labor Parlamentaria y Gómez Diez lo había reivindicado al inicio de la sesión, sin que nadie le prestara atención.

Además del radicalismo en pleno, se pronunciaron en contra Ibarra; los catamarqueños del Frente Cívico, Marita Colombo y Nieto Brizuela del Moral; la neuquina Luz Sapag (MPN); el liberal Chiappe; y los justicialistas Jorge Yoma (La Rioja), Jorge Busti y Graciela Bär (Entre Ríos), Fernández de Kirchner y Nicolás Fernández (Santa Cruz), Liliana Negre de Alonso y Raúl Ochoa (San Luis) y el chubutense Marcelo Guinle.

El bloque PJ había defendido durante 10 horas de debate un proyecto de modificación de la polémica norma que reforzaba la figura de vaciamiento empresario -con precisión de responsabilidades-, endurecía penas y multas, y exigía dolo en la comisión del ilícito. Este último punto tornaba más difícil de probar el delito, ya que debía existir discernimiento, determinación y voluntad en quien infringe la ley. Aunque no era lo que prefería el Fondo.

Esta iniciativa que reformaba «subversión económica» surgió de negociaciones entre el Ejecutivo y los senadores Gioja y López Arias, de las cual tomó parte el radical Carlos Maestro, que anteayer sufrió también una diáspora. Al principio, el gobierno pretendía satisfacer el pedido del FMI y el documento que suscribieron los mandatarios provinciales, favorables a la anulación de la ley.

Sin embargo, se priorizó el reclamo doméstico de Yoma y Busti que lideraron una corriente contraria a la derogación -con la excusa de que derivaría en una amnistía para jueces procesados por subversión económica-, así como de la UCR, principal socio extramuros del duhaldismo, que también sostenía una posición similar.

Para evitar fisuras, se pasó de la derogación a la modificación que tampoco satisfizo a los díscolos propios y ajenos, y así fue que se llegó a un dramático empate entre oficialistas y opositores pasada la medianoche. Este empate forzó a recurrir a los provinciales, que habían puesto en consideración al comienzo de la sesión y sobre tablas -junto con las modificaciones del Ejecutivo y otra iniciativa de derogación de Eduardo Menem-, lo que parecía un proyecto meramente testimonial para suprimir la norma y trascribir el delito de vaciamiento en el Código Penal, aunque sin eliminar la culpa y manteniendo el dolo.