La Convención Nacional de la UCR tiene prácticamente definida la integración del Tribunal de Disciplina que decidirá la expulsión -o no- de los cinco diputados díscolos que votaron junto al kirchnerismo la polémica reforma del Consejo de la Magistratura. A mediados de abril estará en funcionamiento, y en su composición están excluidas las provincias de las cuales provienen los legisladores conversos al oficialismo.
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El ex senador Hipólito Solari Yrigoyen y el ex diputado entrerriano -actual concejal de la localidad de Diamante- Rodolfo Parente serán dos de los tres encargados de diseñar el procedimiento por el cual se decidirá el apartamiento -o no- de Genaro Collantes (Catamarca), Daniel Brue y Cristina Oliva (Santiago del Estero), Ricardo Colombi (Corrientes) y Hugo Cuevas (Río Negro). Parente dejó clara su postura cuando a principios de marzo declaró a la prensa de Entre Ríos que «se debe tomar una fuerte medida disciplinaria con aquellos correligionarios que no cumplen directivas de los organismos partidarios», y Solari Yrigoyen tampoco quiere dejar sin sanción a estos legisladores que desoyeron el mandato partidario justo en un tema tan sensible como es la independencia del Poder Judicial.
La Convención está presidida por Adolfo Stubrin, quien comparte un neto perfil opositor junto al titular de la UCR, Roberto Iglesias. Por eso, la integración del Tribunal de Disciplina buscó reclutar a militantes radicales alineados con la idea impulsada por Iglesias de expulsar a los díscolos. Solari Yrigoyen fue miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Internacional de Juristas y actualmente es funcionario de Naciones Unidas, mientras que Parente es un viejo conocido de militancia radical de Stubrin en la Franja Morada de la Facultad de Derecho de la UBA, que precedió al actual presidente de la Convención a principios de los '70 en la dirección del Centro de Estudiantes.
Los estrategas de la Convención reconocían ayer que la integración articulada por Stubrin apunta claramente a excluir del radicalismo a estos diputados que votaron junto al oficialismo la reforma del consejo de jueces que le dio al gobierno el poder de veto en la designación y remoción de los magistrados.
Quieren enviar una fuerte señal política con vistas a 2007 para consolidar el perfil opositor de la UCR. Tanto que el mismo Stubrin reconoció ante este diario que la Convención Nacional apelará ante la Justicia ordinaria en caso de que los gobernadores provinciales decidan amparar a estos diputados díscolos cuando el trámite de la expulsión pase a los comités de distrito locales. «La UCR no es una confederación de partidos donde cada provincia puede resolver lo que quiera», suele explicar Stubrin cada vez que se le menciona el aval político que los mandatarios provinciales les otorgaron a los conversos.
• Conciliador
De ser expulsados, la medida significará también un golpe para el jefe de los diputados radicales, Fernando Chironi, quien apostaba a una solución más conciliadora, ya que señalaba a Brue, Oliva, Collantes, Colombi y Cuevas como víctimas del sistema clientelar desplegado por Néstor Kirchner sobre intendentes y gobernadores del interior del país.
También Carlos Gorosito, presidente del comité bonaerense de la UCR, denunció esta semana al kirchnerismo por ejercer presiones sobre intendentes. Por eso exhortó a que los jefes comunales puedan mantener el diálogo con el gobierno «sin prometer un pase político».
A la cabeza de los filokirchneristas aparece el intendente de Olavarría, Helios Eseverri. Otros intendentes radicales que también integran la lista de dirigentes más cercanos al oficialismo son Daniel Katz, de Mar del Plata, y Gustavo Posse, de San Isidro, vinculado a los cuadros radicales que lanzaron en Almirante Brown una agrupación de radicales que apoyan a Kirchner.
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