Demoran nombramientos en el área de Seguridad

Eduardo Duhalde puso ayer en funciones al nuevo ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Alvarez; y al nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Miguel Angel Toma. La ceremonia de asunción se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con la presencia de los funcionarios salientes, el radical porteño Jorge Vanossi y el peronista rionegrino Carlos Soria.

Hasta anoche seguían sin modificaciones las secretarías de Justicia y de Derechos Humanos del Ministerio de Alvarez, que siguen ocupadas por Guillermo De Sanctis y Oscar Fappiano, dos peronistas -uno sanjuanino y el otro bonaerense-, que fueron designados cuando asumió Vanossi. Lo mismo ocurre en la Secretaría de Seguridad, que ha quedado a cargo del abogado Carlos María Vilas, subsecretario de Alvarez, amigo personal de éste que lo viene acompañando en las funciones públicas por las que pasa.

• Prescindencia

El ex intendente de Hurlingham y ex secretario de Seguridad Interior, Alvarez, y el ex diputado nacional Toma, designados mediante los decretos 1.211 y 1.213, respectivamente, jura-ron por Dios y por la Patria.

Alvarez aseguró que su cartera mantendrá «absoluta prescindencia» en el juicio político a miembros de la Corte y pidió «prudencia» al hablar de que «se vayan todos» los políticos. «Se cometería un gravísimo error desde el Ejecutivo, inmiscuirse en algo tal delicado» como el juicio a la Corte y subrayó: «Vamos a mantenernos en el lugar que corresponde: la más absoluta prescindencia».

En declaraciones que formuló en la Casa de Gobierno, tras prestar juramento como ministro, opinó que «lo más sensato en este momento es respetar a ultranza la división de poderes, que es la base de nuestro sistema de gobierno, que sufrió cimbronazos en los últimos meses y demostró estar a la altura de las difíciles circunstancias del país».

Al hablar de la renovación de cargos electivos para los próximos comicios, admitió que la dirigencia «debe prestar mucha atención a este reclamo de gran parte de la ciudadanía».

Ante una consulta, negó que desde la cartera a su cargo se estudie convocar a un plebiscito a fin de que la ciudadanía se exprese sobre la exigencia de «que se vayan todos». Agregó sobre el mismo tema que «hay que ser prudentes» y acotó que «el país está hoy inmerso en un debate entre legalidad y legitimidad».

Para Alvarez, «hay que respetar la legalidad vigente», al tiempo que planteó que «una importante parte de la ciudadanía está haciendo el reclamo para la legitimación de esos mandatos», y subrayó que «atendiendo al momento tan difícil, hay que prestarle atención a este reclamo».

Por otra parte, desestimó que se vaya a desactivar la Oficina Anticorrupción y sostuvo: «Tenemos que dar señales muy fuertes y claras de que se va a avanzar en la transparencia administrativa de los actos de gobierno; si comenzáramos de esa manera, sería un mal comienzo».

Por último, rechazó la posibilidad de presentarse como candidato a gobernador bonaerense en las próximas elecciones.