Los ex intendentes porteños de los últimos 10 años, incluido el ex presidente Fernando de la Rúa y su ex secretario Nicolás Gallo, fueron denunciados ayer por presuntas irregularidades en la concesión de la Autopista Arturo Illia.
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La denuncia fue presentada por el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Abel Fatala -un aliancista que convivió con los denunciados políticamente-, quien acusó a los ex funcionarios de un supuesto pago de sobreprecios a la empresa concesionaria de la autopista.
La presentación de Fatala ante la jueza Silvia Ramond abarca a todos los intendentes de la Ciudad de Buenos Aires desde 1981 hasta la fecha con excepción de (Enrique) Olivera y (Facundo) Suárez Lastra porque -según dijo-«durante sus gestiones no se hizo ningún pago».
De acuerdo con la denuncia, la Ciudad de Buenos Aires terminó pagando 440 millones de dólares por obras que no se completaron cuando en realidad ese pago «no podría haber exce-dido los 120 millones».
La jueza Ramond ya tiene en trámite una causa en la que investiga presuntas irregularidades en la concesión de esa autopista en la que -según reveló - el ex jefe del Estado y Gallo «ya tienen un pedido de indagatoria del fiscal Guillermo Molina Pico».
Según la cronología desarrollada en la denuncia de Fatala, el 16 de enero de 1981 se firmó entre la Municipalidad y Covimet el contrato de concesión para la construcción de la obra Avenida 9 de Julio y el enlace con la Avenida Leopoldo Lugones por el sistema peaje.
En 1985 se realizó un contrato modificatorio por medio del cual se reduce la extensión de la obra porque existía una opinión contraria en las autoridades municipales a encarar la realización de obras de la envergadura de la contratada y dudas sobre su utilidad.
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