Después del 24

El Presidente está convencido de que fue positiva la recordación del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y de la barbarie represiva que lo siguió. Pero también no duda ya que nunca calmará a los sectores ultras que se evidenciaron una vez más en el acto de Plaza de Mayo el viernes pasado. Sabe que no los satisfará salvo extremos políticos que no figuran en su mira. A las madres y abuelas de Plaza de Mayo se les debe dar comprensión y amor, y con el tiempo curarán sus profundos dolores como de ninguna manera podía hacerse ignorándolas o dejando impunes a los represores. A los otros no habrá nada que los conforme, piensa en esos momentos de reflexión calma, lejos de actos y micrófonos. Una Hebe de Bonafini que dijo que ya no cree en las revoluciones le daría la razón.

Sostiene que el paso siguiente, eliminar los indultos a militares del ex presidente Carlos Menem, ya no es problema del gobierno sino de la Corte Suprema. Pero en esto no se le perciben definiciones tan precisas. No le agrada un Mario Eduardo Firmenich, que desde 1970 como partícipe del asesinato del ex presidente Pedro Aramburu, con un balazo a quemarropa de Fernando Abal Medina, estando secuestrado y sólo permitiéndosele rezar antes de ejecutarlo, tuvo una amplia trayectoria. Desde entonces -y dándoles a los subversivos una oscura primicia que afecta su gesta de victimizados- ha participado de otros sangrientos episodios desde la guerrilla y hoy vive aburguesado en la próspera Barcelona, con visitas esporádicas al país. Como para sí mismo, el Presidente dice que la Corte sabrá distinguir a quien le corresponde el indulto y a quien no.

Pero no es fácil. La actual Corte no quiere riesgos políticos y se aferra al Tratado de San José de Costa Rica, reconocido con rango constitucional por el gobierno Menem en 1994, después de la reforma de la Carta Magna. Allí se reconoce como crimen de lesa humanidad no prescriptible -y por tanto no sería indultable- el terrorismo de Estado o sea cuando cae en excesos para reprimir aún defendiendo la institucionalidad. Pero dos años después, en 1996, la ONU o el mundo, reconoció que también hay crímenes de lesa humanidad por parte de terroristas o subversivos, algo que comprendería a Firmenich y otros ex guerrilleros.

Para el mundo, por ejemplo, son crímenes de lesa humanidad casos como el del fallecido dictador servio Slobodan Milosevic o los militares represivos del Proceso en la Argentina, pero también los que mataron 3.000 personas al volar las Torres Gemelas en Nueva York o el terrorista libio que en 1988 hizo estallar una bomba en un avión de PanAm sobre Escocia matando unas 270 personas, inclusive un joven matrimonio argentino. Lo identificaron y sancionaron al gobierno de Kadhafi por no haberlo entregado a tiempo.

Cuando lo hizo, 13 años después, lo condenó un tribunal internacional en Holanda.

Al Presidente no le agrada que nuestra Corte no haya extraditado al terrorista del ETA Laris Iriondo cuando España lo reclamó. Pero, si la Corte varía el concepto y amplía a hechos y personajes de la subversión la nulidad de los indultos, habrá cuestionamientos que no agradarán a la Casa Rosada que cree que la política de Derechos Humanos la ha llevado bien, inclusive con la conmemoración de estos días y que busca abocarse a otros problemas que le urgen.

Es paradójico pero ni desde la izquierda, desde el centro -si lo hay- ni desde la derecha moderada le cuestionan a fondo que elimine la Corte los indultos de Menem. El diario «La Nación», por ejemplo, también publicó que se siente eso en sectores no adictos al gobierno. Es lógico. «Indultar» es una prerrogativa constitucional de primeros mandatarios -inclusive provinciales- pero parece razonable que no incluya crímenes de lesa humanidad. Pero si se parcializa a unos sí y a otros no, puede traer un problema político cuando es casi indiferente para militares del Proceso, porque o ya están presos, o muertos, en vida apenas vegetativa, como el ex almirante Emilio Massera, o por superar los 70 años cuando no pueden ni ir a cárceles. Pero afectaría una sanción así a militares como el general Genaro Díaz Bessone.

Los problemas en que quiere concentrarse más ahora el Presidente son el de la inflación, la inversión -aquí más aún lo preocupa al jefe de Gabinete, Alberto Fernández- y la eventual escasez energética en próximos días fríos. Este invierno tendremos que restarle la mitad del suministro de gas a Chile aunque lo lamentemos, le dice a Néstor Kirchner un ministro. El Presidente tiene obsesión con Repsol YPF. No quieren invertir si no les ampliamos las concesiones que vencen en el 2016 y 2027 (Loma de la Lata, neuquino). Lo hablaré con Rodríguez Zapatero (presidente español con quien se verá en la reunión de Austria a fines de mayo). Hay petroleras como la de Total, Bulgheroni, Amoco y Pan American que extraen y cada año aumentan 10% o 12% los hallazgos de nuevos pozos que incrementan las reservas por exploración adecuada, se entusiasma Kirchner. Y su ministro le agrega datos que sorprenden, por lo menos a los extraños al círculo presidencial. Cuando se habla de 11 años en reservas de petróleo y 12 de gas no se está contando que tenemos 20 años posibles de producción y 40 años probables.

Pero todo suena como el problema de las papeleras con Uruguay: no tiene solución a la vista. Repsol YPF para invertir quiere tener más años de concesión que le permitan el recupero del capital que ahora sume. El Presidente no quiere presiones y exige primero verlas invertir y que aumenten las reservas comprobadas.

Jorge Sobisch, el gobernador de Neuquén, ante el mismo dilema -sin el compromiso que tiene un presidente de la Nación- cortó por lo sano: amplió los años de concesión (los llevó a 2027). Hoy tiene su provincia entre las más prósperas, económicamente, y hace anuncios como que «podemos suministrarle gas a Chile durante 50 años», ¿incluyendo a la Argentina? Es un sector donde las afirmaciones suenan tan endebles como promesas juveniles.

Aerolíneas Argentinas -rectificando lo que ya se le conocía- no es una concesión sino una empresa privada. De ninguna manera queremos intervenir allí. Inclusive podríamos pensar lo mismo en petróleo y gas. Pero que inviertan y hablamos. Kirchner no es un estatista convencido, alegrémonos. Si estatizamos aviones podrían caérsenos seguido y en lugar de agua estaríamos tomando soda si explotaban el servicio ciertos empresarios, dice y bebe sonriente de su vaso para ejemplificar. Quizá su lucha más constante -y tiene muchas- sea compatibilizar rentabilidad para el privado que invierte y el manejo de fondos públicos que sólo ve como destinados a otros fines distributivos desde el Estado. Pero quiere resultados. Hemos invertido 4.000 millones de dólares en obras públicas y resulta que el cemento ahora lo producen los brasileños le pantallea su fuego interno un ministro que le acota, hasta para calefaccionar en exceso el despacho presidencial, que ni un solo grupo empresario, ni uno solo vino a proponernos ayuda financiera para que no pasara a brasileños Loma Negra que vendía Amalita Fortabat. A Menem más que la privatización de YPF le reprochan en el gobierno haber vendido en 1999 la «acción de oro» de YPF con poder de veto. En realidad por estatuto tiene el Estado la atribución de veto de la acción de oro pero no tiene participación accionaria en el capital para encaminar negocios o inversiones. En conclusión tiene su razón la Casa Rosada y más porque se enajenó barato el paquete accionario cuando el barril de petróleo valía 14 dólares y hoy más de 60. Esa participación de 15% era el ideal que casi hace lagrimear a Kirchner y sus hombres porque le hubieran permitido presionar las inversiones en exploración sin tocar los adorables fondos públicos para algo más allá de otorgar subsidios sociales, donde los quieren.

Se cree a sí mismo Kirchner cuando dice el único acto dirigista de mi gobierno fue en el problema de la carne. Están exportando. Los convenios país-país los mantenemos. Pero los que se creen dueños de la Nación retienen jaulas de ganado y las vimos. Si se quedaban 10 minutos más llegábamos a un acuerdo. Vaya a saber a cuál de tantas reuniones sectoriales se refiere.

El 24 de marzo último da la impresión de haberlo aliviado por ahora en lo que estima su compromiso con los Derechos Humanos, aunque sabe que no hubo recordación para víctimas civiles inocentes de la subversión. Hoy toda su rutina gimnástica parece destinada a la lucha por el precio de la carne. No ubica ya entre los enemigos a los supermercados y poco a los productores. Apunta más a consignatarios y frigoríficos Luciano Miguens (presidente de la Sociedad Rural) es una buena persona pero no logra equilibrios, es su pensamiento.