21 de junio 2002 - 00:00

Diputados apura final del juicio político a la Corte

El juicio a la Corte Suprema tiene fecha de cierre: será rechazado en el recinto de Diputados el miércoles 3 de julio. Faltan sólo 12 días. Con el aliento de Eduardo Camaño, la mayoría del PJ ya ha decidido dar quórum a la sesión especial pedida por la UCR y así voltear la embestida contra la máxima instancia judicial. Necesitan 80 votos para desactivar dentro de 2 semanas la cruzada que lanzó Eduardo Duhalde y siguieron, ya solos, Elisa Carrió (ARI) y el kirchneriano Sergio Acevedo contra el Tribunal.

Existe ya un tácito acuerdo de libertad de conciencia hacia adentro del bloque PJ que habilita a menemistas, duhaldistas, ex delegados del Frente Federal de las provincias chicas y hasta varios «sin techo» (se denomina así a los legisladores que pertenecen a distritos no administrados por el justicialismo) a saldar la discusión lo antes posible en sentido opuesto a la que fue lanzada por el propio gobierno, en represalia por la declaración de inconstitucionalidad del «corralito» financiero, en febrero pasado. Desde aquel momento de tensión, el paisaje ha ido cambiando y el mismo Eduardo Duhalde pretende acercarse a la Corte.

Además de intereses coincidentes (la mayoría considera que se intenta un virtual linchamiento de magistrados y los bonaerenses quieren contribuir a restañar heridas entre su máximo jefe político y la cabeza del Poder Judicial), anima a estos diputados la convicción de que los principales aspirantes a verdugos del noneto de ministros están lejos de alcanzar 2/3 de los votos del plenario para que prospere el ajusticiamiento y el trámite pase a la etapa de sentencia en el Senado.

Acevedo, a quien sus detractores ya bautizaron «Cristino» (en alusión a Cristina Fernández de Kirchner, ahora cabecilla de los rebeldes PJ del Senado), intentó anteayer frenar el apuro del radical Horacio Pernasetti y compañía por ponerle fecha al juicio. El representante del PJ Santa Cruz es consciente de que el planteo radical facilita el propósito de sus contradictores, no obstante que se haya realizado con el argumento de que el enjuiciamiento no era materia negociable con el Ejecutivo.

•Impresión

El miércoles a la noche, antes de la sanción de las internas abiertas, Acevedo pidió que se reconsiderara una resolución aprobada por la Cámara la semana anterior, mientras él estaba ausente. La disposición objetada por el titular de Juicio Político y sus socios antiCorte (Carrió, el peronista tucumano Ricardo Falú, la frentista Nilda Garré y la abogada de los abuelitos María América González, entre otros) autorizaba al presidente del cuerpo a soslayar la impresión de los dictámenes y fundamentos de la acusación y transcribirlos en CD-ROM.

Según explicó el propio
Camaño, confeccionar en papel el texto contra los 9 ministros equivalía a fotocopiar 1.600.000 fojas, repartidas entre 257 diputados. La impresión hubiera llevado mucho tiempo y un costo muy oneroso para la «caja» del Congreso. Para evitar demoras y gastos injustificados, se acordó hacer sólo 30 juegos impresos y el resto pasarlo a CD grabados por el equipo de informática parlamentaria, sin salirse del presupuesto.

Arengado por
Carrió (que le hacía gestos a lo Marcelo Bielsa y le soplaba letra a control remoto), Acevedo exigió que se respetara el reglamento que fija la obligatoriedad de imprimir los despachos en papel. Con cierta ironía, preguntó si los legisladores iban a contar con PC en las bancas para poder seguir la sesión y leer de este modo la acusación.

El duhaldista
Camaño le explicó que se trató de una decisión del cuerpo, aunque le propuso buscar una salida intermedia en las próximas horas que conformara a las autoridades de la comisión, sin llegar al extremo de copiar más de un millón y medio de hojas.

De acuerdo con el esquema tentativo que se maneja entre los opositores a
Acevedo, Carrió y compañía, en la sesión del 3 de julio debería votarse el dictamen que acusa a la totalidad del máximo tribunal. Además del rechazo de gran parte del PJ, la UCR optaría por ir sólo contra la llamada mayoría automática (Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano), lo cual obviamente no satisface a los justicialistas que pretenden cargarse a los jueces supremos. Este conflicto de intereses, de por sí, impediría que se reúnan 2/3 para pasar el proceso a la Cámara alta.

En el recinto, la riojana
Alejandra Oviedo, el salteño Enrique Tanoni, el porteño Miguel Angel Toma y el pampeano Manuel Baladrón -todos del PJ-defenderían los dictámenes respectivos de minoría en desistimiento de la embestida.

Dejá tu comentario

Te puede interesar