Diputados debatieron el Régimen Penal Juvenil: coincidencias en la baja de edad de imputabilidad

Distintos bloques expresaron coincidencias en una reforma punitiva del Código Penal. Un sector del peronismo acompaña la reducción de punibilidad a 14 años.

Manuel Quintar y José Luis Espert, diputados de La Libertad Avanza.

Ignacio Petunchi

En lo que representa una de las modificaciones del Código Penal que provocarían mayor impacto social, este jueves la Cámara de Diputados se reunieron en plenario de comisiones para debatir los alcances de un nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa representa una de las prioridades del Gobierno en materia de seguridad. El debate continuará la próxima semana.

La centralidad de la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil se encuentra en torno a la baja de edad de imputabilidad. Todos los bloques presentaron proyectos propios: el oficialismo busca reducirla de 16 a 13 años, el PRO y la UCR proponen bajarlo a 14. Los textos también proponen parámetros normativos para determinar el tránsito de la pena: "Dependencias acondicionadas", con asistencia a programas educativos, de deportes y de capacitación laboral.

La novedad en el debate ocurrió en los primeros minutos de la sesión: Ramiro Gutiérrez, referenciado con el Frente Renovador y miembro de Unión por la Patria, desarrolló un exhaustivo proyecto de ley que, en contraste con otras iniciativas legislativas de miembro de su bloque, respalda la baja de imputabilidad a los 14 años. Sin embargo, solicitó el plazo de la eventual implementación que estableció el Gobierno nacional (dispuesto en 180 días) por tres años, para poder desarrollar infraestructura penal para los adolescentes que serán detenidos.

"Me parece que es un error caer solamente en la edad de punibilidad", dijo minutos después la chubutense Eugenia Alianiello (Unión por la Patria), quien firmó un proyecto que busca reformar el Régimen Penal Juvenil sin penar a menores de 16 años y solicitó construir consensos entre los bloques para "pensar para qué planteamos el encierro, cuáles son las herramientas de resociabilización que se van a brindar, cuál es el presupuesto y quiénes lo ejecutarán". "Tienen que saber que, cumplida la pena, esos adolescentes van a volver a vivir en sociedad", agregó y apuntó que "perder la libertad es el castigo, pero no se puede permitir perder la dignidad".

Ignacio Petunchi

Debate de baja de imputabilidad en Diputados

La primera intervención de la sesión fue protagonizada por el bonaerense Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), quien defendió su proyecto de ley que propone la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años y, en sus términos, contempla "la defensa de la sociedad y de las víctimas de comisión de delitos". "Este Código de Responsabilidad Penal Juvenil complementa la responsabilidad de los mayores: cualquiera que quiera hablar de la responsabilidad de un menor tiene que hablar de la responsabilidad de un mayor", agregó.

Sin embargo, el diputado hizo hincapié en el tiempo que implicaría la implementación de una reforma de esta envergadura: "Si nosotros realmente queremos hacer un Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, tenemos que decirle la verdad a la sociedad. No se puede implementar esto en un plazo mínimo a tres años porque hay que construir los establecimiento donde los menores van a estar, por respeto a sus derechos. Hoy no están construidos de esa manera porque no permiten ninguna intervención real sobre el menor. El Estado tiene que tomar esta decisión y formar a los operadores".

Como defensor del proyecto del bloque del PRO, el bonaerense Martín Yeza expresó: "A día de hoy, la Argentina solamente comparte la edad de imputabilidad con el gobierno de Cuba. Después hay un grupo de países, entre los que están Suecia, Noruega y Finlandia, que comparten una edad de imputabilidad de 15 años. El resto de los países de la región comparten un estándar internacional en el que la edad debe ser de los 14 años".

Martín Yeza, diputado del PRO.

Ignacio Petunchi

"¿Por qué no 13, como propone el Gobierno nacional?", prosiguió Yeza: "No está establecido en el campo de la ciencia si la consciencia se termina de desarrollar entre los 12 y 13 años, ni en qué mes es; si se sabe como estándar internacional que definitivamente es a los 14 años". Luego, consideró necesaria la reforma porque existe un "garantismo judicial": "Si alguien delinque, parece que hay que tratarlo como si fuera un amigo, entonces les ponen alfombras rojas en las cárceles".

El diputado ratificó que habrán "penas para los padres", que incluyen inhibición de bienes y sanciones patrimoniales y pidió "pasar a una lógica del imperio de la ley y la justicia, que contemple la rehabilitación de los menores" . En una intervención posterior, Mónica Macha (Unión por la Patria) le recriminó a Yeza citar el crimen de Morena Domínguez como un ejemplo para la necesidad de bajar de la edad de imputabilidad cuando los detenidos por la causa tienen más de 23 años.

La sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, partido aliado a La Libertad Avanza) defendió el proyecto oficialista: "¿Por qué 13 años? Bueno, fácil: a los 13 años ya el menor puede elegir si tener relaciones sexuales libremente, pero si a través de ellas comete un delito, no responde". La legisladora explicó las características de la legislación que defiende: "Los mayores de 14 años serán sometidos a las medidas de coerción, seguridad, pena privativa de la libertad y ejecución como los mayores de edad, salvo el alojamiento, porque creemos que es hora de que empecemos a responder".

Finalmente, Eugenia Alianello defendió la reforma del Régimen Penal Juvenil que propone el sector mayoritario de Unión por la Patria, proponiendo un trabajo interdisciplinario que trascienda la órbita judicial: "No creo que los proyectos que plantean cárcel sean para cuidar a los adolescentes, sino que la forma es con herramientas por fuera de esa intervención". "Estar discutiendo baja de imputabilidad expresa el fracaso del sistema actual", se lamentó.

Proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado

La pasada semana, en plenario de comisiones, la Cámara de Diputados dictaminó el proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado del oficialismo. La iniciativa conocida como ley Antimafias tiene pertinencia en el debate del Régimen Penal Juvenil por uno de los puntos más controversiales de la redacción: todas las personas que sean consideradas miembros de una organización criminal serán penadas con la condena máxima correspondiente al delito más grave al que se le atribuye a este grupo.

En una de las intervenciones de este martes, la diputada Patricia Vázquez (PRO) señaló que "el menor es permanentemente utilizado por el delito del narcotráfico; lo vemos y lo consentimos todos". Reconociéndolos como posibles miembros de organizaciones criminales, la aprobación de ambos proyectos provocarían un impacto en las consecuencias punitivas: un adolescente sería condenado por homicidio si alguien de su organización cometió ese crimen. "Nadie está en contra de los menores; los estamos protegiendo porque los adultos que los utilizan se abusan cada vez más porque no hay consecuencias. Las consecuencias son un elemento de disuasión", planteó Vázquez.

Ignacio Petunchi

Dentro de los 16 artículos que componen el proyecto de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, se destacan los siguientes puntos:

• Definición de organización criminal: aquellas asociaciones de tres o más personas que incurran en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos.
• Otras definiciones de organización criminal: cuando “tiene como fin la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales”, cuando "los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos", o cuando "estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado Nacional".
• Igualdad de condenas para todos los miembros de la organización criminal: cada integrante deberá cumplir la pena máxima correspondiente al delito más grave cometido por cualquier otro miembro de la organización criminal.
• “Zona Sujeta a Investigación Especial”: se establecen mecanismos de actuación de urgencia en territorios que se consideren prioritarios.
• Decomiso anticipado de cualquier bien que "presumiblemente" sea producto de las actividades descriptas en la ley. Aún sin condena, estos bienes pasarán a ser dominio del Estado nacional y provincial que corresponda.
• Facultades de fuerzas federales: en el marco de esta ley, las fuerzas federales pueden detener a una persona hasta por 48 horas para realizar averiguaciones, a la incautación de mercadería, a realización de requisas en establecimientos penitenciarios, a la inmovilización de activos y a la intercepción de "llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación".