Diputados dio media sanción a la prórroga de facultades delegadas

El oficialismo consiguió aprobar las facultades delegadas en la Cámara baja tras una difícil jornada de debates y negociaciones.

La Cámara Diputados aprobó anoche la prórroga de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por un año más, con los votos del oficialismo y de aliados de centroizquierda, por lo que el Gobierno seguirá teniendo en sus manos la potestad para fijar el nivel de las retenciones a las exportaciones de granos si el Senado respalda este resultado.

La oposición parlamentaria intentó en forma infructuosa torcer la decisión de varios legisladores con el fin de quitarle durante la sesión especial las facultades delegadas a Cristina Kirchner para recortarle poder.

El oficialismo sumó aliados de la centroizquierda y consiguió 136 votos favorables, contra 100 negativos y 7 abstenciones.

De esta forma, la Cámara baja le dio media sanción al proyecto que prevé que un paquete de 1.900 leyes continúe en manos del Ejecutivo por 240 días, con la posibilidad de una única prórroga por 30 días más.

Si el Senado lo ratifica, toda decisión administrativa deberá ser refrendada desde ese momento por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y enviada en los diez días subsiguientes al Congreso para su revisión y control.

Así el oficialismo, logró imponer la iniciativa que desembarcó en Diputados directamente desde la Casa Rosada y fue retocada en la Comisión de Asuntos Parlamentarios.

La iniciativa aprobada señala también que una comisión integrada por ocho diputados y ocho senadores tendrá que revisar durante seis meses cuáles de esas facultades delegadas seguirán en manos de la Casa Rosada y cuáles no.

La UCR, la Coalición Cívica, el Pro y el socialismo rechazaron el proyecto oficialista, mientras que en los bloques de Proyecto Sur y Solidaridad e Igualdad las decisiones quedaron divididas.

Los aliados de Encuentro Popular fueron decisivos y el bloque del SI quedó al borde de la ruptura porque mientras algunos diputados apoyaron al oficialismo, otros, encabezados por el presidente Eduardo Macaluse, ni siquiera dieron quórum.

Los aliados coincidieron en apoyar al proyecto oficial porque, según dijeron, no quieren "poner en peligro" la gobernabilidad "ni entregarle el país a la Mesa de Enlace" agropecuaria.

El argumento de quienes se abstuvieron fue que en el proyecto estaba "incompleto", porque no quedó un claro mensaje respecto de que hay "voluntad política" para que las facultades delegadas desaparezcan y el Congreso retome su potestad.

Dentro del paquete de leyes que seguirán en manos del Ejecutivo se encuentra el Código Aduanero, que permite fijar el nivel de retenciones a las exportaciones agrarias, las cuales desataron el conflicto entre el campo y el Gobierno que aún hoy no termina.

El centro del debate se ubicó desde el arranque sobre las retenciones, ya que los bloques opositores abrieron fuego afirmando que quieren llevar a cero todas las alícuotas y bajar a 25 por ciento las de soja.

Julián Obliguio y Federico Pinedo (Pro) y Patricia Bulrrich (Coalición Cívica) no se olvidaron de los funcionarios de tercera línea que "se abusan" de los productores, en clara alusión al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Unos 35 productores agropecuarios, encabezados por Alfredo De Angeli, observaron exaltados la pulseada desde las tribunas, alentando a quines pidieron que las retenciones pasen a manos del Congreso e insultando los oficialistas y sus aliados.

"No nos griten, no es que no escuchamos: simplemente no estamos de acuerdo", dijo el kirchnerista Alejandro Rossi.

Justamente, su hermano y jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, con el discurso más enérgico de la jornada, defendió a los gritos el desempeño de su bloque: "Hemos defendido con honestidad ideológica y con honradez moral cada una de las situaciones", dijo.

Y agregó que "hoy no es oficialismo contra oposición, es la política contra las corporaciones. Lo que se discute es si la política va a tener la capacidad de maniobra para seguir haciendo una herramienta útil o va a permitir que las corporaciones despedacen al Estado".

El kirchnerismo utilizó "la necesidad de sostener la gobernabilidad y la solvencia fiscal" -con los fondos de las retenciones- como herramienta para defender su postura y ratificó, en palabras de Rossi, que no prevé cambiar el modelo económico impulsado desde 2003.

La derrota oficial en las elecciones del 28 de junio, el tarifazo, las responsabilidades por la crisis económica, la fuga de capitales, el rol de la ONCCA y el papel de cada diputado durante los '90 fueron dardos que cruzaron de un lado al otro del recinto durante las nueve horas de debate.

La retórica de algunos instaló la incógnita sobre cómo iba a administrar el Gobierno si las facultades no eran prorrogadas, y aseguraron que votaban a favor sólo porque temían a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la asignación "discrecional" de fondos.

"No vamos a arrinconar la gobernabilidad exigiendo que se administre con DNU", aseguró Vilma Ibarra, de Encuentro Popular, al tiempo que aseguró que "no se pueden bajar las retenciones mientras hay un 30 por ciento de pobres en el país".

Claudio Lozano (Buenos Aires para Todos), argumentó que no acompañaba la iniciativa porque las facultades delegadas "deben terminarse", pero advirtió que no pretende que bajen las retenciones agrarias.

Reclamó atención a los "14 millones de pobres y 6 millones de indigentes" y señaló que si bien no está de acuerdo con la concentración de poder, tampoco lo está con "aquellos que recitan la Constitución Nacional para meter por detrás el debate agropecuario".

A su vez, Fernando Iglesias, de la CC se negó a "convalidar los errores del presente en los errores del pasado" y pidió decirle "nunca más" a la delegación de facultades y a los DNU.

Argumentó su voto negativo en que el Gobierno "no cumplió con las metas sociales", y destacó que los niveles de pobreza "se mantuvieron entre 30 y 40 por ciento desde 2001", y que "la brecha entre ricos y pobres pasó de 27 a 1, a 28 a 1".

Uno de los principales contrapuntos se dio entre la diputada Silvia Vázquez, del Partido de la Concertación, aliada del oficialismo, y el radical santafesino Pedro Moroni, quienes sacaron a relucir viejas antipatías por el conflicto del agro.

Vázquez acusó a "parte de la oposición" de dejarse bajar la línea por la Sociedad Rural, por lo que Morini salió al cruce: "Defiendo los derechos de los productores, a mi nadie me baja la línea; vivo en el norte de Santa Fe donde la gente sufre por la sequía".