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El proyecto de "Financiamiento Productivo" apunta a facilitar el acceso a créditos para las pymes, con la incorporación de las letras hipotecarias, en tanto que contarán con una factura de crédito electrónica de aceptación obligatoria a los 30 días de emitida.
Por otra parte, el proyecto elimina las multas como fuente de ingresos para evitar conflictos de interés, estipulándose que lo recaudado sea destinado al Tesoro nacional.
Además, suprime el artículo 20 de la actual Ley de Mercado de Capitales, el cual fue introducido en 2013 y le otorgaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facultad de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.
El proyecto de Defensa de la Competencia crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y dentro de ese organismo funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.
El proyecto prohíbe los acuerdos entre competidores, concertación del precio de venta de bienes y servicios y la práctica de "repartir, dividir, distribuir o imponer en forma horizontal zonas o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento", entre otros puntos.




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