La Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja se dio un tiempo más (hasta fin de mes) para evaluar si aconseja o no al pleno del cuerpo el inicio de un juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt.
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Luego de haber fracasado en lo que va del año en diversos intentos por reunir el quórum para avanzar el análisis de la conducta del juez Fayt, la Comisión de Juicio Político reunió ayer número suficiente, y decidió remitirle al ministro un detalle de los expedientes que obran en estudio de la comisión y darle plazo hasta el 29 de abril al mediodía para que realice su descargo.
El ministro de la Corte es cuestionado por los legisladores de mal desempeño de sus funciones por no haberse excusado de dictaminar en una causa del «corralito» financiero pese a tener un plazo fijo en el Banco Nación Argentina.
Sin embargo, Fayt se anticipó a los legisladores y el pasado 17 de marzo le remitió un escrito al presidente de la comisión Sergio Acevedo, donde los instruye sobre el delicado terreno que están posándose.
Al respecto, considera que tener un depósito en un banco oficial y no haberse excusado constituye «un motivo jurídicamente impropio y carente de todo fundamento legal». Pero, además, le recomienda a los diputados leer el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial que en su inciso 4 establece que si el juez tiene crédito en un banco oficial no puede excusarse ni ser recusado.
Según explicaban ayer algunos juristas esto es así por una añeja práctica que se remonta al año 1891 con la fundación del Banco Nación. Como entre los muchos tomadores de créditos había jueces se resolvió (y así se viene haciendo) que estos no podían excusarse ni ser recusados cuando les tocara intervenir en una causa que tuviera como protagonista a la banca oficial, aunque fueran clientes de la entidad.
Esto quedó reflejado en el artículo 17 del Código Civil que puede ser considerado injusto o inconveniente, pero que hasta tanto el Congreso no lo derogue o la Corte Suprema lo declare inconstitucional, tiene validez y vigencia y los jueces están obligados a cumplirla y hacerla cumplir.
Fayt está acusado de mal desempeño en sus funciones por no haberse excusado en el marco de la causa conocida con el nombre de caso «Smith» -por el cual se declaró inconstitucional el «corralito»- pese a tener un plazo fijo de 200 mil dólares en el Banco Nación, que luego canjeó por los títulos BODEN.
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