DNU de la SIDE: ONGs aseguran que "pone en riesgo garantías constitucionales" y piden al Congreso que lo rechace

Desde Amnistía Internacional Argentina y el CELS hasta Greenpeace denunciaron que afecta la libertad y privacidad de los ciudadanos. Además, cuestionan la facultad que se le otorga a los agentes para realizar detenciones y los cambios en contrainteligencia que habilitarían el espionaje político.

El Gobierno dispuso importantes cambios y reestructuraciones dentro del organismo de inteligencia nacional.

Télam

El decreto firmado por el presidente Javier Milei que introdujo múltiples cambios a la ley de Inteligencia y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibió este lunes un amplio rechazo de parte de organizaciones de Derechos Humanos. Aseguran que la reforma "pone en riesgo garantías constitucionales básicas" al afectar la libertad y privacidad de los ciudadanos, flexibilizar los límites legales a la inteligencia interior y habilitar el espionaje político. Piden al Congreso que lo rechace.

El 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 que empuja cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sistema. En los considerandos, indican que la reforma apunta a eliminar superposiciones normativas, ordenar competencias, fortalecer los controles internos y mejorar la articulación entre organismos, en un contexto marcado por nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas.

Uno de los cambios más relevantes - que generó fuertes críticas por parte de la oposición - es el que dispone que los agentes de inteligencia estén habilitados para realizar detenciones. El decreto también establecerá una Comunidad Informativa que buscará nutrir a la SIDE con datos relevantes producidos por organismos estatales que no forman parte del sistema de inteligencia en sentido estricto.

Las críticas de Amnistía Internacional Argentina y ONGs al DNU de la SIDE

Organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional Argentina, Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Greenpeace, entre otras, firmaron un documento en el que plasmaron sus cuestionamientos a los cambios implementados por Nación "de forma unilateral" -durante el receso parlamentario y sin una ley debatida en el Congreso nacional- que, entre otros puntos, "modifica la manera en la que el Estado puede vigilarte y así afecta directamente tu libertad, tu autonomía y tu privacidad".

"El DNU obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control", por lo que el ciudadano no tiene forma de saber cómo son usados sus datos personales, agregan. Para las ONG, el decreto se transforma en "una herramienta para realizar vigilancia masiva" que, en escenario de "filtraciones frecuentes" de datos, se vuelve "más peligrosa" ante la falta de una política pública adecuada de seguridad de la información.

"El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia", prosigue el texto que cuenta también con el acompañamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, quienes indican que el organismo de inteligencia podrá "pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan".

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Actividad de la SIDE y más poder a los agentes de inteligencia

Otro aspecto del DNU que concentró críticas de parte de las ONG es el rol de los agentes y de sus actividades. "El decreto establece que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición", lo que implica que "no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos". Asimismo, el carácter encubierto "puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado". Y aclaran: "No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla".

Tras la difusión del decreto, otro punto que aunó cuestionamientos fue la facultad que se le otorga a los miembros de la SIDE para realizar aprehensiones. Las ONG vincularon tales prácticas a la pérdida de garantías constitucionales de épocas pre democráticas en Argentina.

"Por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detenerte. La SIDE puede proceder a la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial", señalaron. Por ese motivo, afirman que se deja "habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación", lo cual transforma a los servicios de inteligencia "en una especie de policía secreta y sin control".

El DNU también habilita a que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre "organizaciones no estatales" sin especificar cuáles serán, qué criterios se utilizarán ni que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría. Para las ONG, es "un retroceso histórico peligroso" ya que les quita de encima a las FFAA el control civil sobre su accionar y permite el involucramiento de los militares en temas de seguridad interior, algo que "durante décadas Argentina trabajó para separar". "Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil", remarcaron críticamente.

El riesgo democrático sobre el espionaje político y los "enemigos internos"

Pero, para las ONG, eso no es todo. El DNU también amplía "de manera significativa" el concepto de contrainteligencia. Aquellas prácticas que hasta ahora estaban prohibidas, pasan a estar habilitadas. "Pasa a incluir la prevención de acciones de infiltración, espionaje, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades públicas, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general, incluso en 'abordajes multidimensionales' de actores estatales y no estatales", de manera que las restricciones para que las agencias de inteligencia no puedan hacer tareas de inteligencia política "se vuelven irrelevantes".

En los hechos, consideran que se trata de una flexibilización de "los límites legales a la inteligencia interior" que "habilita el espionaje político en nombre de la contrainteligencia", cuestión que podría ser utilizada contra opositores o minorías. En ese sentido, recuerdan que en diciembre circuló un presunto Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en el que se identificaban como "enemigos internos" a anarquistas, pueblos originarios, ambientalistas y periodistas que “desinformaran” o "deslegitimaran" al Gobierno.

Mariano Fuchila

De efectivizarse de tal manera, las organizaciones de DDHH no dudan en marcarlo como un "grave riesgo" para "los derechos de libertad de expresión, de asociación y de petición a las autoridades". "Reclamar por una ley (como la de Glaciares o Fondos para Discapacidad) nos convierte en un objetivo de inteligencia y pasibles de ser espiados, infiltrados y hasta detenidos", advierten.

En cuanto a la legalidad del DNU, aseguran que es "manifiestamente inconstitucional". Además, consideran que "rompe consensos básicos, amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilita los controles y posibilita prácticas que creíamos superadas" y al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener "es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia".

Para concluir, las organizaciones civiles aseguraron que el decreto no es "de necesidad y urgencia" por lo cual no cumple con la exigencia de la Constitución para su dictado. "No hay circunstancias excepcionales que impidan al Congreso sancionar leyes, y es claro que reformas tan trascendentes como éstas, lejos de ser adoptadas de manera unilateral, deberían realizarse cuando hay acuerdos entre diversas fuerzas políticas", afirmaron. De manera que llamaron a los legisladores a que sea discutido y anulado: "El Congreso debe rechazar este decreto".

Además de las ONG mencionadas, firmaron el documento la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas / CAJE, Democracia en Red, Fundación SES; Campaña Argentina por el Derecho a la Educaciòn (CADE); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps); Fundación para el Desarrollo Humano Integral; Fundación Protestante Hora de Obrar; Xumek- Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos; Fundación Cambio Democrático; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF); Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES); Consciente Colectivo; Fundación Huésped y Federación Ecuménica de Cuyo (FEC).