Néstor Kirchner empezó a perder adhesiones entre los diputados del PJ. El denominado grupo Talcahuano, que impulsó el fallido juicio político contra la Corte Suprema en sociedad con Elisa Carrió, fue siempre un enclave kirchnerista, pero debatirá desde mañana si mantiene o no el apoyo al santacruceño en la interna partidaria.
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El grueso de la docena de legisladores que anima este núcleo simpatiza con Kirchner, pero algunos de ellos comenzaron a replantearse el aval al candidato a partir del acuerdo que este último trabó con Eduardo Duhalde, cuyos alcances -dicen- desconocen. Sergio Acevedo, Dante Canevarolo y Mónica Kuney se mantendrán inconmovibles por razones obvias: militan en el justicialismo de Santa Cruz.
Otros, como el mendocino Arturo Lafalla, Julio Gutiérrez (Santa Fe, provincia de Carlos Reutemann) o el tucumano Ricardo Falú, tienen un problema de conciencia, ya que mantuvieron una posición crítica dentro del oficialismo hacia las políticas de Casa de Gobierno. De hecho, mantuvieron la embestida contra los 9 ministros del máximo tribunal, cuando desde el Ejecutivo trataban de desmontarla. En el terreno doméstico, Lafalla no dudó en sentenciar que, a la trampa que -a su modo de ver- significaba la interna propuesta por Carlos Menem, no se le podía contestar con otra trampa, en alusión a las maniobras del duhaldismo.
Hay una circunstancia clave. En esta semana, los diputados tendrán que responder por escrito al juez Norberto Oyarbide, quien pesquisa una demanda del especialista en denuncias Ricardo Monner Sans. Sobre la base de declaraciones periodísticas de miembros del Talcahuano, el abogado pidió en Tribunales que se investigue el supuesto pago de sobresueldos en el bloque PJ. Gutiérrez, Falú y otros dijeron que se abonaban extras a sus colegas, de manera discrecional, y que los montos alcanzaban a $ 2.000 mensuales per cápita, en promedio. Oyarbide los citó para que testimonien en la causa y les dio plazo hasta el viernes.
Ahora, el caso cobra otra dimensión y bordea el escándalo. En plena campaña electoral y con la interna partidaria al rojo vivo, Gutiérrez, Falú y compañía se juramentaron en secreto a señalar al ex jefe de bancada Humberto Roggero como presunto responsable del pago de sobresueldos. Aquéllos sospecharían que los fondos fueron proporcionados por el gobierno duhaldista.
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