Hilda Chiche Duhalde está al borde de iniciar una guerra con las autoridades de su propio bloque si esta semana no le aprueban en el recinto de Diputados el proyecto de pesificación de las deudas que municipios de todo el país tomaron en dólares, sobre todo, las destinadas a programas de saneamiento y financiadas por organismos internacionales de crédit o. Como la Nación tendrá su carga en la cuestión, Roberto Lavagna se opone a la iniciativa que con tanto esmero la señora de Duhalde alimentó en su Comisión de Asuntos Municipales. Después de numerosas dilaciones, el proyecto parecía estar a punto de ser votado el miércoles pasado, pero el largo debate por la creación de ENARSA -la empresa estatal de energía- postergó nuevamente el alivio para 450 intendentes -aunque donde más impacta es entre los bonaerenses- que había sido programado en último término.
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La decisión política de aprobar ese proyecto está hoy en manos de José María Díaz Bancalar i, quien debe equilibrar la resistencia de Lavagna a la iniciativa -no sólo por cuestiones de costo fiscal- y la de la Casa Rosada -que no está del todo de acuerdo en beneficiar a municipios duhaldistas, entre otros-, con la presión que tiene dentro de la propia bancada peronista y que, para este caso, encabeza Chiche Duhald e.
Ese equilibrio le servirá a Díaz Bancalari también para su campaña provincial. El fin de semana hizo pública su pretensión de ser gobernador provincial en un acto en su natal San Nicolás.
Poco le ayudará en esa tarea aparecer bloqueando el salvataje pesificador para los intendentes de su provincia.
El problema de las deudas contraídas por los municipios de todo el país antes de la devaluación -pero que afecta de lleno a distritos bonaerenses- fue siendo solucionado mediante renegociaciones, cancelaciones y avales de las provincias y la Nación, durante los últimos dos años. Pero quedó siempre en el tintero el futuro de la deuda en dólares que contrajeron los municipios por obras como provisión de agua potable y saneamientos cloacales.
Este tipo de inversión en infraestructura municipal tuvo siempre financiamiento disponible por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Por lo menos, mientras la Argentina mantenía relaciones crediticias estables con el resto del mundo.
Sin embargo, con la devaluación y el default, este escenario, obviamente, cambió. El reclamo de los municipios es que no pueden trasladar a los usuarios los incrementos en las cuotas que deben pagar por los préstamos en dólares que fueron tomadas con esos organismos. Eso significaría multiplicar por tres los pagos que hacen los vecinos por la instalación, en su momento, de cloacas o cañerías de agua.
Para los intendentes, es un dolor de cabeza que quieren eliminar para contar con más fondos disponibles. Esos préstamos, que llegan en total a casi u$s 600 millones, les eran otorgados con garantía de coparticipación, un mecanismo de aval de prácticamente todos los préstamos que se habilitaban en esa época a los municipios e, incluso, a las provincias.
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