El giro al Senado del proyecto de ley de educación técnica podría haber sido la última muestra de lealtad de los diputados a Néstor Kirchner antes de las elecciones. Esta vez, todo indica que ni un hipotético acuerdo entre el Ejecutivo y el personal legislativo por el incremento de 25% sobre el salario básico de los trabajadores del palacio, ni el reto de Aníbal Fernández a los diputados (les recordó que sesionaron apenas ocho veces en lo que va del año) surtirán efecto sobre la intención de ambas cámaras de no bajar al recinto hasta después del 23 de octubre. El proyecto de educación técnica contempla una serie de instrumentos para garantizar el reconocimiento en todo el país de certificaciones y títulos de calidad equivalente en el nivel medio y superior no universitario.
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El momento de mayor tensión en el recinto se vivió cuando el radicalismo (que votó en contra de la iniciativa) amenazó con retirarse mientras exponía el kirchnerista Carlos Caserio, quien acusó a la UCR de «haber gobernado dos veces y lo único que hicieron fue fundir al país».
La oposición fundamentó el voto negativo en función de la sintonía del proyecto con el contenido de la Ley Federal de Educación, aprobada en 1993 durante la presidencia de Carlos Menem y sancionada en medio de una fuerte polémica.
Respecto del financiamiento,la iniciativa crea un fondo nacional para el equipamiento de las instituciones y establece que el gobierno destinará un mínimo de 0,2% de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto consolidado anual para el sector público nacional. Si bien no hay cifras oficiales, se habla de una suma estimada de 230 millones para 2005 y de 243 millones para 2006.
• Necesidad
La encargada de defender el proyecto oficial fue la santacruceña Silvia Esteban, respaldada por los justicialistas Susana Llambí, Ruperto Godoy y la legisladora de Encuentro Juliana Marino, quien avaló el proyecto a diferencia de su par de bancada, la ibarrista Silvana Giudice, que presentó uno de los cuatro dictámenes de minoría. Desde el radicalismo, la chaqueña Olinda Montenegro destacó la necesidad de derogar la Ley Federal de Educación y rechazó el proyecto, al sostener que se trata de «una ley absurda que sólo creará fragmentación y desconfianza». La arista Martha Maffei consideró que si la ley de educación técnica «hubiera estado incluida en la Ley Federal de Educación no hubiera quedado ni un rastro de la escuela técnica» y cuestionó el «apuro» del oficialismo para sancionar la ley, al sostener que «no podemos ir a tontas y a locas».
Sin embargo, a pesar de la media sanción de la ley de educación técnica, la sesión del miércoles dejó una sensación de vacío o, en otras palabras, sabor a poco, ya que no se debatieron temas clave como la ley que combate la evasión previsional o la de acceso a la información pública. Aunque no son las únicas que duermen en los cajones de alguna comisión. Leyes como las de cargos a empresas por obras de energía, la reestatización del astillero Tandanor, el Registro Nacional de Marcas, la creación de cargos específicos (en principio a empresas y grandes comercios), la prórroga de jurisdicción en conflictos de inversiones recíprocas, la modificación de la ley de concursos y quiebras, el proyecto que establece la figura del donante presunto, la modificación de la Ley 23.737 de estupefacientes, el nuevo régimen del contrato de medicina prepaga y la modificación a la Ley 25.246 de lavado de dinero deberán ser tratadas en tiempo récord, si se tiene en cuenta que una vez definidas las elecciones, hay un margen de sólo un mes y medio antes de que ambas cámaras entren en receso por las vacaciones de verano.
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