El abogado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat, admitió que los fondos enviados por el Gobierno al plan de viviendas de la entidad que preside Hebe de Bonafini debieron haber tenido un control "más severo".
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"Debieron haber tenido un control, tal vez a través de alguna auditoría, que fuera más severo y que no se contentara solamente con ver que la obra se hacía, que era buena, que se cumplían los plazos y que eran viviendas muy dignas", reconoció Barcesat.
En declaraciones a radiales el abogado aseguró que "esta es la parte que falló del proyecto" de viviendas sociales Sueños Compartidos, implementado por la entidad que preside Bonafini.
Atribuyó la presunta falta de rigor en el control a "abuso de confianza: amor de las Madres hacia los (hermanos Sergio y Pablo) Schoklender".
Barcesat reveló que "funcionarios del Ministerio (de Planificación Federal) y (la Subsecretaría de) Obras Públicas prefirieron que fuera Pablo (Schoklender) el interlocutor" de la fundación con esas autoridades nacionales, cuando conocieron el presunto manejo irregular de fondos achacado en primera instancia a Sergio, ex apoderado de Madres.
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