El Gobierno convoca a las provincias por seguridad

Aníbal Fernández, Sonia Escudero (PJ-Salta), Daniel Scioli y el radical Jorge Agúndez encabezaron ayer el primer encuentro entre los flamantes responsables del área de seguridad del gobierno y el Senado.

Aníbal Fernández anunció ayer en el Congreso que convocará al Consejo de Seguridad Nacional -una medida que pocos gobiernos han emprendido- para coordinar tareas con los gobernadores, y prometió que dentro de 30 días el Ministerio del Interior anunciará un nuevo plan de lucha contra el delito.

Resultará clave la intervención de las provincias ya que había muchas quejas por la migración de delincuentes desde el conurbano y Capital Federal, y por la ausencia de recursos para las policías que no sean la Federal o la Bonaerense. Alberto Iribarne, que participó de la audiencia, informó que se enviará el dinero necesario a cada provincia para reformar los sistemas de seguridad. «No habrá fondo fiduciario», prometió, en la primera marcha atrás del plan Béliz, que había previsto la creación de un sistema de financiamiento de la seguridad con esa figura jurídica.

A último momento y en forma casi inesperada (fue acordada en la misma mañana de la víspera, a pocas horas de la cita), Aníbal F. apareció en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, adonde había sido invitado el secretario del área y flamante subordinado de aquél, Iribarne, para informar al Parlamento sobre la política del gobierno de Néstor Kirchner contra la inseguridad.

• Beneplácito

La presencia de ambos fue recibida con beneplácito por los dueños de casa, acostumbrados a los desaires del Poder Ejecutivo y a la errática gestión de Gustavo Béliz y Norberto Quantín. «Fue muy positiva la reunión y nos entusiasma que se convoque a los mandatarios provinciales», saludó la salteña Sonia Escudero, responsable de Seguridad Interior.

Debido al flamante traspaso de la Secretaría de la cartera de Justicia a Interior, no salieron de boca de los funcionarios más que trazos gruesos sobre los medidas inminentes: « vamos a desarrollar la dirección de inteligencia para prevenir secuestros», «incorporaremos más efectivos a las fuerzas de seguridad», «respaldamos a las instituciones policiales» y «las Fuerzas Armadas no van a intervenir en materia de seguridad», plantearon Iribarne y Fernández en su debut ante congresales.

Nada se dijo sobre proyectos pendientes: bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años y establecer el sistema de juicio por jurados. El primer punto -incluido en el petitorio Blumberg- quedó supeditado a la sanción de un plan de protección integral del menor que empezó ayer a tratarse en comisión. En cambio el nuevo mecanismo judicial todavía espera una discusión a fondo.

El ministro comentó que, por ahora, continuará en vigencia el Plan Integral de Seguridad pergeñado por Béliz. «En el corto plazo, vamos a citar al Consejo Federal de Seguridad», reveló y advirtió que «no será una simple pues vamos a intentar articular verdaderas políticas con los gobernadores y así consensuar criterios comunes» que permitan la represión exitosa de ilícitos.

Durante su exposición, Iribarne subrayó que la lucha contra el delito común será «implacable», y que se mantendrá el criterio de no «criminalizar la protesta social» (es decir, no perseguir judicialmente a los piqueteros). Sostuvo que proseguirá la marcha del plan de seguridad porque «no puede ser una política espasmódica»; debe tener «un marco de continuidad». Aunque aclaró que, dentro de un mes, volverá al Congreso para exponer los nuevos pasos a seguir, o sea el nuevo plan. Mientras tanto seguirán confeccionando el registro de datos sobre delitos que comenzó en tiempos de Béliz, en sintonía con el ministro bonaerense León Carlos Arslanian.

Fernández e Iribarne se llevaron de la comisión -a la cual se sumaron como invitados los animadores de Justicia y Legislación Penal- un fuerte respaldo a la transferencia de responsabilidad sobre seguridad a Interior. Recolectaron adhesiones previsibles del vicepresidente Daniel Scioli; del jefe del bloque PJ, Miguel Angel Pichetto, y de la anfitriona Escudero. Le agregaron los elogios de un opositor, el radical Jorge Agúndez, titular de Legislación Penal.

Durante la charla de ayer, Pichetto insistió en la conveniencia de armar una suerte de FBI criolla, denominada Agencia Federal de Seguridad, «con poco personal y muy profesionalizado» para poder combatir «el delito organizado» y cargó con severidad contra Aníbal Ibarra.

«Es necesario recuperar la calle para los ciudadanos y hay que decirle a Ibarra que no se haga el desentendido porque muchos de los problemas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, en especial con delitos menores, provienen de ese Código de Convivencia, que es un mamarracho», sentenció el rionegrino que maneja la bancada oficialista.

Los presentes analizaron, asimismo, un proyecto de la ultraduhaldista Mabel Müller destinado a descentralizar los delitos por posesión de droga para consumo.