El Gobierno dijo que la judicialización de la ley "no tiene sentido"

Aníbal Fernández.

El Gobierno nacional salió a bajarle el tono a la posible judicialización de la flamante ley de Servicios Audiovisuales, y dijo que no "evalúa" esa posibilidad, aunque admitió que los medios están "en todo su derecho" de realizar presentaciones.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cruzó a los sectores que anticiparon una eventual contienda judicial sobre la norma, y resaltó que se trata de un texto "serio" y "consensuado".

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el titular de ministros apuntó contra los opositores y los abogados constitucionalistas que auguraron planteos ante la Justicia, y consideró que a pesar de que "están en su derecho" de llevarlos a cabo, consideró que ese tipo de acción "no tiene sentido".

"Algunos son constitucionalistas porque toman el tren en Constitución", ironizó el funcionario nacional.

A la vez, señaló que ningún letrado "argumentó en contra de la ley en el ámbito adecuado".

"A algunos les gusta salir en televisión", evaluó Fernández, y aseguró en cuanto a los posibles planteos judiciales: "No evaluamos esa posibilidad. Están en todo su derecho de hacerlo y de expresarse, pero creo que no tiene sentido".

Por su parte, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, admitió que "los medios que se sientan afectados van a recurrir primero a la Justicia, para ver si lo que la ley determina afecta o no sus derechos".

Sin embargo, enfatizó que "no hay derechos adquiridos" en los medios audiovisuales, "porque se trata de una concesión del Estado".

"Aquí hay una discusión sobre derechos adquiridos y un sector importante de la jurisprudencia en esta materia establece que no hay derechos adquiridos porque se trata de una concesión que otorga el Estado para la utilización de un bien", afirmó en declaraciones radiales.

Para el ex titular del COMFER, "como hay una puja de intereses económicos, legítimamente el que se siente afectado puede recurrir a la Justicia y también legítimamente el Poder Legislativo puede hacer una ley e interpretarla de una determinada manera".

"Lo más normal es que los que se sientan afectados van a ir a la justicia y la justicia determinará quién tiene razón", subrayó el funcionario nacional.