El Gobierno de Javier Milei justificó la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) tras las críticas de la oposición: "Violentaba el régimen constitucional de división de poderes".
El Gobierno justificó la eliminación de la unidad que investigaba la búsqueda de nietos apropiados
Según un comunicado difundido por la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona, el área de la CONADI "violentaba el régimen constitucional de división de poderes".
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La cartera de Mariano Cúneo Libarona explicó la resolución.
Este miércoles, mediante el decreto 727/2024, el Presidente Milei derogó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, que funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), una herramienta que permitió avanzar en la recuperación de la identidad de nietos apropiados.
Es en este marco que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona, explicó los principales puntos de la decisión gubernamental.
Eliminación de la Unidad de Investigación de la CONADI: la explicación del Gobierno
Según un comunicado difundido por la cartera de Cúneo Libarona, "esta Unidad del Poder Ejecutivo violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba a cabo funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, y violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos".
Y agregó: "Al crear esta Unidad en el año 2004 y arrogarle la capacidad de realizar investigaciones de hechos delictivos, avasalló la competencia del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Esta superposición es un grave atropello a nuestra Carta Magna, que no va a ocurrir nunca más bajo este Gobierno. Es claro que corresponde únicamente al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de denuncias ante el Poder Judicial".
En la misma línea, el Gobierno libertario señaló que "gobiernos anteriores se arrogaron ilegalmente la autoridad para acceder de forma directa y discrecional a la información de todos los ciudadanos argentinos a través de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI. De esta forma, violaron el sagrado y fundamental derecho a la intimidad de las personas".
"Este Gobierno respeta la división de poderes y vela por la protección irrestricta de los derechos fundamentales: la vida, la libertad y la, propiedad privada. Por lo tanto, la existencia de este organismo es incompatible con la Constitución Nacional", concluyó.
Abuelas de Plaza de Mayo denuncia una embestida contra la búsqueda de nietos robados por la dictadura
Tras publicarse el decreto 727/2024, Abuelas de Plaza de Mayo denunció este miércoles que la eliminación de la Unidad Especial de Investigación de Desaparición de Niños (UEI) "obstaculiza la búsqueda de nuestros nietos y nietas (apropiados por la dictadura) y favorece la impunidad" y advirtió al Gobierno que está incumpliendo "normas internacionales de rango constitucional y garantiza impunidad por crímenes ocurridos, pero también por ocurrir".
En un duro comunicado, el organismo de derechos humanos condenó la decisión del gobierno y sostuvo que "es obligación de todos los poderes del Estado garantizar el cese del delito de apropiación". En este sentido, valoró el trabajo que venía realizando la unidad especial de investigación eliminada. "Es un instrumento fundamental para la resolución de la apropiación de menores en dictadura, pero también en democracia", remarcó Abuelas.
Para el Gobierno esto no era así. Su trabajo violaba la división de poderes porque "avasallaba la competencia del Poder Judicial". Desde Abuelas, desmintieron este argumento. "Es falso que la labor de la UEI se superponga con la del Poder Judicial, ya que durante todos estos años han trabajado de manera mancomunada y complementaria para dar celeridad a esta búsqueda que lleva más de 40 años", señalaron.
Luego exigieron al Gobierno "que informe cómo continuará desarrollando la tarea que lleva a cabo la Unidad, central para esclarecer este delito de lesa humanidad. El pedido de información a otras dependencias del Estado es un instrumento fundamental para la resolución de la apropiación de menores en dictadura, pero también en democracia".
Finalmente, denunciaron un plan que busca la impunidad. "No podemos dejar de ver esta medida como parte de un plan, que incluye la visita de los diputados de LLA a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre muchas otras medidas que atacan derechos de la ciudadanía", señalaron.
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