El proyecto de modificación del modo en que los argentinos nos apellidamos propone un raro criterio de prioridades en un país cuya calidad institucional se estanca o retrocede y que aún tiene una enorme deuda social que atender. Pero hay algo más.
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Las feministas argentinas arrastran un karma. El de que las dos principales conquistas políticas de la mujer en nuestro país en el transcurso del siglo XX -siglo de la emancipación del «sexo débil»- se deban a la iniciativa de dos varones. A la de Juan Domingo Perón, la Ley 13.010 que en 1947 instituyó el voto femenino, y más difícil de «tragar», a la del entonces presidente Carlos Menem, la Ley 24.012 de cupo femenino en 1991.
La investigadora española Marysa Navarro, biógrafa de María Eva Duarte, dijo: «Eva descubrió a las mujeres a través de Perón; él fue el primer jefe de Estado argentino que puso el tema femenino en la mesa, antes de que Evita se metiera en política». Es decir que un hombre, para colmo un militar, le enseñóa una mujer cómo construir poder político. Como lo recuerda la propia Navarro, esto fue tan indigerible que, «aunque parezca triste, las feministas se opusieron [a la sanción de la ley]».
Algo similar, aunque en menor medida, sucedió en 1991. La ley que estableció que las listas a cargos legislativos debían estar integradas por mujeres en un mínimo de 30% de los puestos elegibles fue resistida por los grupos de izquierda con representación parlamentaria. Sin embargo, la socióloga feminista Dora Barrancos, que militó en el Frepaso y en el ARI, la calificó como «una medida que disminuye la diferencia entre los géneros», en un artículo en el cual también señalaba: «La nota peculiar en la materia la daba el propio presidente: dispuesto a ser irreductible y viendo que la aprobación de la norma no obtenía garantías suficientes, impuso al ministro del Interior acerca de la necesidad de convencer a los remisos del justicialismo; ése empeño fue decisivo». Aunque luego Barrancos niega que éste se haya debido a una convicción y lo atribuye al «cálculo político» y a « designios no encomiables», reconoce que el cupo no fue «inocuo» en materia de «derechos para las mujeres».
Desde la aplicación de esa ley, el Congreso argentino es uno de los de mayor representación femenina porcentual del mundo. Según datos del International Institute for Democracy and Electoral Assistance, de Suecia, en 2007, la Argentina se colocó en el octavo lugar en el ranking de presencia femenina en ámbitos públicos en general. El cupo femenino en el Congreso hizo su parte: en ese año, la Cámara de Diputados contaba con 85 mujeres sobre un total de 257 diputados, es decir, 33,07%, mientras que en el Senado, de 72 senadores, 30 eran mujeres, o sea, casi 41%.
Ahora bien, para el feminismo puro y duro, debe ser casi infamante admitir que muchas de estas mujeres no hubieran llegado adonde llegaron de no ser por el cupo concedido «desde arriba».
Tal vez sea esa frustración la que impulsa hoy a algunas a intentar descollar con leyes que hasta buscan instaurar una suerte de matriarcado, como el caso del proyecto de las kirchneristas Nora César y Ana Monayar que exige que los recién nacidos sean anotados primero con el apellido maternoy en segundo lugar con el paterno. El proyecto de la presidente Cristina Fernández es un poco más moderado y sólo establece que ambos apellidos, el del padre y el de la madre, sean obligatorios y en ese orden.
Pero en todos los casos estas iniciativas rompen con la tradición argentina del uso -menos discriminatorio- de un solo apellido, sin que quede claro qué derecho fundamental de la mujer se intenta consagrar con estas leyes.
Incumplimiento
En cambio, existe una promesa incumplida: que un mayor protagonismo de la mujer en la esfera pública se traduciría en una mejor calidad política. Un recorrido por los nombres de quienes integran los bloques de legisladores a nivel nacional y provincial revela que, mal que les pese a quienes como Cristina no quieren deberles nada a los hombres, todavía abunda el nepotismo, representado en las «señoras de» o las « hermanas de».
Cristina Fernández se niega a firmar los decretos en los cuales su cargo institucional no está «feminizado», o sea que, de momento, la lucha de la mujer en la Argentina se limita a lo formal, a la batalla por el cambio de una letra: de presidentE a presidentA.
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