El país entra en enloquecimiento
• Se piden básicos de convenio a nivel de Suiza • El progresismo entra en la paranoia: quiere toda la Corte Suprema propia y además cambiar todos los jueces federales • Los no progres se suman a la caída de lo racional y proponen que se vaya un político por viejo y se quede Duhalde, que es 6 años mayor • El ministro de Trabajo se suma al método de la AFIP: inventarles nuevas figuras laborales a las empresas que pagan para hacerles tomar personal y cobrarles retroactivamente.
-
Reforma electoral: las PASO ponen a prueba la alianza PRO - LLA
-
Milei recibió al magnate de Sillicon Valley Peter Thiel
Eduardo Duhalde y Carlos Tomada
• El desmadre en pedidos salariales es total y además politizado. Lo exigen ahora, antes del 23 de octubre electoral, cuando el gobierno está indefenso por no afectar su imagen. De ninguna manera la producción sumada a la carencia de inversiones en nivel acorde podrán satisfacer una demanda así acelerada. La conclusión es inflación.
• En consonancia con el enloquecimiento generalizado de aumentos salariales está el progresismo, hoy gobierno por primera vez en la historia argentina y por tanto sorprendido de lo que pasa. No obstante siguen con sus postulados obsesivos de captación,de no volver a sentirse minoría aislada. Ayer «Página/12», diario oficial de un gobierno con alto progresismo dominante puso -nada menos que en primera página- que «los jueces resisten cualquier intento por desplazarlos. Los principales beneficiarios serían los jueces federales sobrevivientes del menemismo». Si alguien lee en detalle se concluirá que la izquierda argentina está también enloquecida. Para desplazar a jueces hay métodos constitucionales. Los designados durante dos gestiones presidenciales de Carlos Menem lo fueron en períodos absolutamente constitucionales donde, además, ese gobierno asumió con 48% de los votos y no con 21% como el actual. Mejor aún: el ex presidente en los '90 no fue elegido como candidato salteando la interna sino sometiéndose a ella y triunfando sobre Antonio Cafiero.
• Como la paranoia se extiende ayer el columnista Joaquín Morales Solá tiró toda mesura al canasto y en un artículo iracundo rompe con todas las tradiciones históricas y biológicas al sostener que salvo Eduardo Duhalde los demás políticos como Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Rodríguez Saá tienen que estar terminados de la vida pública, sólo por edad. Empecemos con que Rodríguez Saá es seis años menor en edad que Duhalde. En segundo lugar está que Conrad Adenauer gobernaba Alemania a los 87 años y fue, además, el más renovador canciller de la posguerra para ese país. Tampoco olvidemos que el ex presidente Ronald Reagan asumió a los 70 años y giró a la sociedad norteamericana obnubilada desde la caída de Vietnam.
No es la edad sino el grado de afectación del cerebro y la persistencia en errores lo que determinan alejamientos de la política y de cualquier otra actividad intelectual.
La persistencia de Alfonsín es nefasta porque administró mal el país, provocó la primera hiperinflación de la historia argentina, abandonó antes del tiempo constitucional la presidencia de la Nación, culminó sus males participando junto a Eduardo Duhalde en el primer golpe de Estado civil en nuestro país contra un mandatario constitucional como era Fernando de la Rúa, fuera como fuera y no era peor que Isabel Perón a quien depusieron en golpe militar en 1976 los militares Videla, Agosti y el almirante Massera. Alfonsín sigue en maldades utilizando el aparato radical basado en «ñoquis» y punteros colocados con empleo público para derrotar en la interna de su partido a una figura realmente renovadora y joven como Margarita Stolbizer.
¿A quién desplazó Carlos Menem si quedó casi solo? Que su prédica actual esté demasiado impregnada del pasado donde tuvo logros realmente renovadores para el país, sólo negados por el ideologismo de izquierda, quizá puede justificar la iracundia de Morales Solá en «La Nación». Claro, admite la continuidad sólo de Duhalde porque éste tiene el sueño de hacerlo presidenciable para 2007 -según cómo le vaya en los comicios próximos- a Roberto Lavagna estrechamente cercano al periodista. No justifica eso un artículo plagado de errores como que «Rodríguez Saá desertó en Chapadmalal» a la semana de ser presidente interino. Lo «desertaron» (hasta le mandaron piquetes a la residencia y le retiraron la custodia policial a quien era primer mandatario del país. ¿Quién lo ordenó? El duhaldismo que no volteó a De la Rúa para que el poder cayera en otro que no fuera el bonaerense.
• El Ministerio de Trabajo dice que hará 200.000 inspecciones a la par de la AFIP para «acabar con el trabajo en negro». Vamos por partes. Si termina con el trabajo «en negro» el actual nivel de desocupados, de casi 3 millones, pasaría a casi 5 millones. Y el índice de 15% subiría a 22 o 23 puntos.
Este gobierno, es sabido, no tiene funcionarios de alto nivel de inteligencia. Actúa por impulsos -habitualmente violentos y no bien pensados- y disimula su mala administración por el inmejorable accionar del sector externo. Son hijos de soja, se dice y es cierto.
El ministro Carlos Tomada no iba a ser la excepción. Cuando él habla de «200.000 inspecciones» no va a ser donde hay trabajadores en negro -ni a un sindicato ni a alguna obra social sindical como tampoco lo hace la AFIP- sino que aplicará el mismo método: caigamos sobre las empresas que sabemos que pagan y creémosles nuevas figuras impositivas. Es el método actual de la AFIP. Si un ascensor tuvo la desgracia de descomponerse 3 meses seguidos y se llamó al mismo experto por más factura de monotributista que le hayan pagado «Uds. -les dicen- tienen este personal 'en negro' o 'no registrado', tienen que pagar retroactivo con intereses (3% mensual) más multa». Por tanto se piensa crear nuevas figuras extorsivas sobre las empresas que pagan. Se amparan en que a 3% una deuda injusta pero ahora mensurable se podría transformar en gigantesca y poner en riesgo de quiebra empresas si van a juicio, aun con chance de ganar.
En la provincia de Buenos Aires se va al registro de los hoteles alojamiento porque calculan que hay una dama o un caballero adúltero que, para no dejar huellas, usa una tarjeta de crédito externa que el sólo conoce y no su consorte que usa para trampas.
Pensemos que con este nivel de mentalidad de funcionarios a Carlos Tomada ni a la gente de la AFIP se le va a ocurrir pedir una ley que fije que hasta $ 700 o $ 900 de salario no se paga carga previsional con lo cual miles de pequeños negocios con personal en negro van a normalizar con más ingreso que extorsionando empresas con nuevos cargos. Y con menos esfuerzos de inspectores. Piensan que no sucedería nada porque imaginan la misma agresividad de ellos en la gente común. Y no es para nada así. Claro, además esa idea fue lanzada por Ricardo López Murphy un inteligente, pero no progre. En consecuencia 47% de trabajo en negro se va buscar bajarlo un poco -mínimo- a distintas empresas conocidas que hayan usado algún personal temporario. Es importante saberlo porque saben que en empresas que pagan en blanco sería rarísimo que hubiera «personal en negro». Por eso las 200.000 inspecciones no irán a chequear personal sino a las facturas pagadas. Allí se pueden crear figuras nuevas.



Dejá tu comentario