El peronismo intentará forzar hoy el rechazo al juicio político de la Corte en Diputados, aunque anoche parecía vano cualquier esfuerzo: la UCR se mantenía firme en no bajar al recinto y así impedir que el oficialismo consiga quórum para cerrar la embestida contra el máximo tribunal en la sesión de esta tarde.
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Con la deliberación virtualmente suspendida, Eduardo Camaño y Humberto Roggero comenzarán desde temprano a negociar con el radicalismo una salida, a más tardar para la semana que viene. Postergar la resolución del conflicto más allá del miércoles 17 equivaldría a aumentar la sangría del sistema financiero que en junio alcanzó un nuevo pico después de la «ley antigoteo», con $ 1.008 millones mensuales.
Ambos le recordarán a Horacio Pernasetti que fueron él y sus correligionarios los que propusieron una sesión especial para discutir el proceso el 3 de julio, si bien sobre la marcha se arrepintieron y reconsideraron la moción en medio de una fuerte polémica doméstica, ahora en aumento por el adelantamiento las elecciones. La excusa del grueso -convalidada el último fin de semana por el comité nacional- fue no quedar «pegados» con el Ejecutivo y no facilitar el giro del caso al Senado para la etapa de sentencia.
No hay reproches muy duros hacia Pernasetti de la trinchera PJ. Se reconoce que apenas puede contener la lidia interna protagonizada básicamente por los «federales» ( Melchor Posse, Mario Capello y el propio jefe del bloque) y los aliados del duhaldismo en la bancada como Leopoldo Moreau.
Al tanto de los obstáculos que pone el radicalismo, la Corte no va a convalidar la vigencia del «corralito», tal cual pide el gobierno de Eduardo Duhalde, si no se clausura antes el trámite de enjuiciamiento en el Congreso. Aun cuando Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano,Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Gustavo Bossert y Carlos Fayt son conscientes de que el justicialismo ya juntó las manos para voltear la carga de Elisa Carrió y compañía, en señal inequívoca para desandar lo antes posible el juicio que inició el mismo Duhalde, a continuación de que los ministros declararan inconstitucional el «corralito» el 1 de febrero.
Ayer, se desató otra polémica entre los aspirantes a verdugos de la Corte y quienes defienden al noneto de ministros. El kirchneriano Sergio Acevedo afirmó que el dictamen de acusación tendrá vigencia durante 4 años, mientras no sea rechazado en el plenario. A contrario sensu, la menemista Oviedo -que administra la comisión de Poderes (donde se interpreta el reglamento del cuerpo)- señaló que el dictamen condenatorio que prepararon Acevedo, la arista Elisa Carrió y la frepasista Nilda Garré debería perder estado parlamentario en diciembre.
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