El PJ no anulará las leyes de punto final

El peronismo del Congreso no promoverá la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final. El presidente Néstor Kirchner -según sus voceros legislativos-sigue creyendo que lo más conveniente desde el punto de vista institucional es que la eventual extradición de militares por violaciones a los derechos humanos se defina sólo en Tribunales, y no en otro poder del Estado.

Además de la cuestión política, hay un aspecto legal que prima en el criterio del primer mandatario: muchos juristas -incluido el prestigioso Gregorio Badeni-consideran que sería inconstitucional anular normas sancionadas en el mismo Parlamento, en plena vigencia de la democracia. Ambas leyes fueron votadas en víspera de la Navidad de 1986 (Punto Final) y en junio de 1987 (Obediencia Debida), durante la gestión de Raúl Alfonsín.

Conviene recordar que el Punto Final dispuso la extinción de la acción penal en los supuestos de delitos de acción política violenta anteriores al 10 de diciembre de 1983, salvo la sustitución del estado civil, y la sustracción y ocultación de menores. Mantuvo, eso sí, los reclamos en sede civil, por ejemplo, por resarcimiento por daños.

La segunda estableció la presunción (sin admitir prueba en contrario) de que quienes revistaban como oficiales jefes, subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas y de seguridad no podían ser castigados por haber obrado en virtud de obediencia debida. Excluyó a quienes se hubieran desempeñado en los rangos de comandante en jefe, jefe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad.

•Derogadas

Actualmente, la Obediencia Debida y Punto Final carecen de vigencia, ya que fueron derogadas el 24 de marzo de 1998 -22° aniversario del último golpe militar-por Diputados y Senado, a instancias del Frepaso, entonces liderado por Carlos Chacho Alvarez.

Esto significa que, a partir de la fecha de promulgación, nadie puede acogerse a ellas en hechos nuevos. Así y todo, como no existe retroactividad, siguen amparados quienes se hubieren beneficiado antes de la derogación.

La anulación, precisamente, equivaldría a borrar rastros de estas polémicas leyes, de manera tal que los jueces no podrían aplicarlas aún en aquellas circunstancias que hubieran sido alcanzadas, por ejemplo, las que involucren a militares que se guarecieron en este marco legal.

•Sesión especial

La izquierdista Patricia Walsh, a diferencia del Ejecutivo, pretende voltear las leyes 23.492 y 23.521 hacia atrás. Es decir que, insatisfecha con la derogación de 1998, reclama la anulación directa. Walsh pidió una sesión especial en la Cámara baja de cara a debatir su propuesta -que incorpora la nulidad de los indultos presidenciales-el martes 12 de agosto, a las 14. Eduardo Camaño, tal cual es su costumbre, ya dio curso a la solicitud y prometió sentarse ese día -y a la hora señalada-en la presidencia del recinto.

Sin aval del PJ, el proyecto -que fue girado a las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales-parece condenado al fracaso. En esas condiciones, la legisladora de Izquierda Unida no podrá reunir quórum, aunque la acompañen en esta empresa testimonial colegas de la UCR como Margarita Stolbizer, el ARI ( Marcela Bordenave), el Polo Social que fundó el padre Luis Farinello (Francisco «Barba» Gutiérrez) o el socialismo de Héctor Polino, Oscar González y Ariel Basteiro.