El proyecto para desclasificar archivos del caso López obtuvo dictamen favorable

Luego de dos reuniones fallidas por falta de quórum, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitió este martes dictamen favorable al proyecto de ley que plantea la apertura y publicidad de archivos, informes y expedientes vinculados al caso de la "desaparición forzada" de Jorge Julio López, iniciativa que fue rechazada por Cambiemos.

La propuesta, que había sido presentada a mediados del año pasado por la diputada mandato cumplido del Frente de Izquierda Myriam Bregman, prevé que el Poder Ejecutivo disponga la apertura de los archivos que están en manos de fuerzas de seguridad estatales como la Policía Federal, la Agencia Federal de Inteligencia, el Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional, así como cualquier información que pueda conservar las Fuerzas Armadas.

Se trata de los archivos concernientes a la causa que investiga la responsabilidad del represor Miguel Etchecolatz en delitos de lesa humanidad (que tuvo a López como una de sus víctimas), como así también la causa que tramita el Juzgado Federal N° 1 de La Plata sobre la "desaparición forzada" del albañil.

A dicha documentación podrán tener acceso organismos de Derechos Humanos reconocidos públicamente, querellantes en las causas mencionadas, y "toda persona física o jurídica que tenga un interés legítimo en el acceso a la información recabada o bien se encuentre considerada en la información surgida".

Quedarán excluidos los miembros de fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas y de Inteligencia de todas las jurisdicciones del país, así como cualquier persona comprometida en delitos de lesa humanidad.

El proyecto, que estaba cajoneado y había perdido estado parlamentario, fue reflotado a partir de las repercusiones que produjo una nueva desaparición, la de Santiago Maldonado en Chubut.

Pese al acompañamiento de los representantes de los bloques representados en la reunión, Cambiemos rechazó la iniciativa al calificarla de "inconstitucional".

La diputada radical Karina Banfi justificó la postura del interbloque oficialista al señalar que en todo caso el proyecto debería garantizar el acceso a los archivos de cualquier persona solicitante, y no únicamente de organismos de Derechos Humanos, partes querellantes y personas que puedan fundar un "interés legítimo".

Informó que, por este motivo, presentó un proyecto "superador", a los efectos de que toda la información sobre delitos de lesa humanidad en manos de servicios de Inteligencia sea publicitada.

"Una vez que se desclasifica la información, debe ser conocida por todos. Para obtener información no se requiere acreditar ningún interés", fundamentó la legisladora de la UCR.

Bregman, que estuvo presente en la reunión, rebatió este argumento al sostener que por tratarse de un caso tan reciente "muchas personas hoy viven", por lo que consideró "peligroso" dar a conocer dicha información de manera indiscriminada. "Lo que queremos es justicia, no tirar una bomba mediática", manifestó.

La comisión de Derechos Humanos, que encabeza Victoria Donda, enviará una delegación el próximo jueves a la ciudad chubutense de Esquel con la finalidad de seguir de cerca la investigación sobre la desaparición de Maldonado, con una agenda de reuniones con representantes de comunidades originarias, con el líder mapuche Facundo Jones Huala (se encuentra detenido) y con el nuevo juez de la causa, Gustavo Lleral.

Durante la reunión también se dio luz verde a un proyecto de Remo Carlotto (Peronismo para la Victoria) que prevé un régimen de resarcimiento económico para las víctimas de la represión durante las jornadas de protesta y movilización de los días 19, 20 y 21 de diciembre 2001.

La iniciativa ya había obtenido media sanción, pero había perdido estado parlamentario.