El Senado convirtió en ley el proyecto que habilita a una suba de tarifas de luz y gas

El Senado convirtió hoy en ley el proyecto oficial que permitirá un aumento de tarifas en las boletas de gas y electricidad para financiar mediante cargos específicos obras de infraestructura para ampliar la red de servicio.

Si bien el Gobierno descartó que el futuro aumento alcance a los usuarios residenciales, la ley no puntualiza cuál es el nivel de consumo de electricidad y gas calculado para separar a los pequeños de los grandes.

Así la norma deja una puerta abierta a un futuro aumento de tarifas de los servicios de gas natural y electricidad.

Apoyó la propuesta sólo el bloque del PJ-Frente para la Victoria, que cosechó 37 votos a favor y 20 en contra.

En cambio, se manifestó en contra todo el arco opositor, liderado por la bancada de la UCR, más los demás bloques minoritarios.

La ley prevé un cobro adicional en las facturas de los usuarios para financiar obras de infraestructura con el fin de ampliar la red de servicios de luz y gas.

Sin embargo, la norma no especifica qué tipo de obras se financiarán, como así tampoco el plazo de las mismas ni la inversión que se necesitará para llevarlas adelante.

Todo el programa, según la ley, será implementado por el ministerio de Planificación Federal que preside el ministro Julio De Vido.

Durante el debate, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich (PJ-Chaco), defendió el proyecto oficial y pronosticó que garantizará el incremento de la oferta energética para resolver la escasez de energía.

En este sentido, el legislador señaló que el Poder Ejecutivo planea invertir, con lo recaudado por esta ley, entre 15 y 20 mil millones de pesos.

Aclaró, por otro lado, que la norma deja a salvo del aumento a los pequeños usuarios, aunque la iniciativa sólo dice que el Gobierno "podrá exceptuar" a esos sectores.

Si no se hacen las obras colapsaría el sistema económico del país, exageró luego Capitanich, quien además volvió a remarcar que las obras resolverán el problema energético de Argentina.

La norma transfiere amplios poderes al Poder Ejecutivo, quien fijará el valor de los cargos específicos y podrá ajustarlos en la medida que resulte necesario.

Lo recaudado se girará a un fondo fiduciario privado, coordinado por el Estado, que luego financiará las obras de infraestructura.

Es un cheque en blanco que disminuye la calidad institucional que no permite, salvo en la ficción, el control de los fondos públicos, alertó el justicialista Adolfo Rodríguez Saá, quien se opuso a la ley.

Otro que rechazó la iniciativa fue el socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), quien cargó contra el titular de la Cartera de Planificación Federal: a esta ley le falta nombre y apellido: Julio De Vido, cuestionó.

En igual sentido opinó el radical independiente Rodolfo Terragno (Capital Federal), quien denominó a la norma impuesto De Vido, en referencia al ministro de Planificación.

También calificó de inconstitucional a la propuesta, y coincidió con Rodríguez Saá de que la ley es un cheque en blanco en favor del Poder Ejecutivo.

Del lado de la oposición, se posicionó además el transversal Carlos Rossi (Córdoba) y la bonaerense Hilda Chiche Duhalde (PJ), quien tildó al proyecto de escandaloso.

Pese a las criticas, el bloque del PJ se abroqueló y tras más de cinco horas de debate aprobó la ley, que ahora deberá promulgar el Poder Ejecutivo.