El sí de Cristina

Casi toda la carrera parlamentaria de Cristina de Kirchner se caracterizó por el "no" consuetudinario a la aprobación de las leyes de emergencia pública y superpoderes. Pero ya claudicó con estos últimos el año pasado y, ahora, consagra la vitalidad y vigencia del teorema de Baglini: acompañará el proyecto que prorroga -para su futuro gobierno- la emergencia económica (es decir, renegociar tarifas, contratos y juicios sin pasar por el Congreso). Ya decía Baglini: la responsabilidad es directamente proporcional a la cercanía del poder. Casi una manifestación de adultez política.

El recinto del Senado recuerda todas las ocasiones en que Cristina de Kirchner se opuso a la Ley de Emergencia Pública. Ahora la pedirá para su futuro gobierno.

Llegó el momento de la verdad para Cristina de Kirchner que la oposición en el Congreso esperó durante todo el año: después de haber resistido la aprobación -y sus prórrogas-de la Ley de Emergencia Pública desde 2002, ahora la presidente electa deberá conseguir que le renueven esa norma para su mandato. El kirchnerismo de Diputados ya está esperando que el gobierno envíe, seguramente esta semana, el proyecto de prórroga de la Emergencia Pública que vencerá en diciembre. Se anticipa que esta vez las facultades no serán tan amplias para el Poder Ejecutivo, una limitación útil para olvidar críticas del pasado. Pero de todos modos el proyecto mantendrá la vigencia del único punto útil hoy de la Emergencia (Ley 25.651 y los decretos que la modificaron): la posibilidad para el gobierno de renegociar contratos con empresas de servicios públicos privatizadas sin pedir autorización previa al Congreso y sólo enviar allí los nuevos contratos para que luego sean ratificados, inclusive por sanción ficta.

El discurso de la senadora siempre fue impecable, en cuanto al resguardo de la institucionalidad, a la hora de rechazar esos superpoderes que encierra la Ley de Emergencia Pública que Eduardo Duhalde hizo votar el 6 de enero de 2002 para disponer, entre otras cosas, desde la salida de la convertibilidad hasta el procedimiento de renegociación de contratos con empresas privatizadas. Fue lógica la votación en medio de la crisis de fines de 2001, pero a seis años de ese momento es difícil de explicar que al país se lo considere legalmente aún en emergencia.

Cambio

Así lo entendió Cristina de Kirchner ya en esa sesión de 2002 y lo repitió en años posteriores. Cuando Kirchner llegó a la Presidencia cambió esos encendidos discursos por una obvia abstención. Nadie hubiera esperado, aunque significara una contradicción con su posición histórica sobre el tema, que votara en contra de una ley pedida por su marido.

Ahora todo cambió. Como se reconoció en el debate de prórroga de la emergencia pública en diciembre de 2006, la necesidad de tenerla ya no es sólo para poder renegociar tarifas, inversiones y marcos regulatorios con empresas privatizadas sin tener que pasar previamente por los molestos debates en el Congreso.

Tampoco hace falta modificar el tipo de cambio, ni establecer la doble indemnización para prohibir despidos, como hizo Duhalde con esa ley. Ahora sólo dos temas le interesan a la nueva presidente: la posibilidad de seguir renegociando con empresas privatizadas y mantener hacia el exterior la declaración de emergencia con la vana ilusión de que esa medida frene a los acreedores que quedaron afuera del canje de deuda y que intentan litigar en tribunales en Nueva York o Alemania, por mencionar sólo dos casos.

Causas judiciales

El año pasado el gobierno tuvo que reconocer la necesidad de renovar la Emergencia Pública para intentar frenar a los acreedores. Lo explicó el propio Jorge Capitanich en el recinto del Senado: «¿Por qué la República Argentina necesita de una ley de emergencia? En el Tribunal Constitucional y en los tribunales alemanes existen cuarenta y una causas que están suspendidas por parte de los jueces alemanes, en virtud del estado de necesidad».

Traducido al lenguaje legal, esa intervención significó reconocer que con un crecimiento de más de 8% anual y reservas en el Banco Central, en ese momento, en u$s 30.000 millones (ahora con u$s 44.000 millones el argumento se vuelve aun más insostenible), más superávit fiscal, es difícil explicar al exterior que no se pueden asumir los compromisos. Pero el gobierno creyó que una ley de emergencia puede frenar algunos de los juicios.

En ese momento, Capitanich no tuvo demasiado éxito en el recinto con sus argumentos: «Le quería comentar al senador que, en realidad, ya no están suspendidas las causas en los tribunales alemanes, porque una de las noticias de las revistas especializadas ha sido que, casualmente, han dictado el cese de la suspensión por la situación de superávit que tiene la Argentina», le respondió la puntana Liliana Negre de Alonso, en un cruce que seguro se repetirá en el debate de esta nueva prórroga de la Emergencia.

Ya en la anterior prórroga de la Ley en 2005, los argumentos sobre la imposibilidad de sostener el estado de emergencia habían estallado en el recinto.

En ese momento, el problema para el gobierno fue cómo explicar la situación de excepcionalidad cuando se había adelantado el pago al FMI por u$s 9.850 millones.

El mismo Capitanich fue autor de frases memorables en el recinto del Senado durante los debates sobre la prórroga de la Emergencia. El 24 de noviembre de 2004, cuando se la renovó por primera vez, dijo claramente: «Quizás ésta sea la última prórroga admisible desde el punto de vista objetivo. Sólo se trata de apoyar una fase de un proceso complejo por parte del Ejecutivo. El Congreso nunca delega el poder intrínseco, siempre tiene las facultades de control».

Cobertura

En medio de la supuesta bonanza económica, entonces, sólo se puede justificar esta situación de emergencia -no sólo en lo económico, sino también en lo ocupacional, sanitario, social, planes Jefas y Jefes, y alimentario-en la necesidad de mantener esa cobertura legal frente a los deudores que optaron por no ingresar al canje de deuda y por eso el gobierno hace dos años no tiene otra salida que reconocer esa realidad. Por lo demás, no existe justificación para mantener con vida esa norma.

El único dilema que tiene pendiente el gobierno sobre la prórroga es el momento de votarla. Se sabe que el debate será áspero, en otros años inclusive algunos kirchneristas se escaparon del recinto para no votarla, siguiendo en esto a la primera dama. Por eso ayer el oficialismo se debatía entre apurar una votación antes de la renovación de la Cámara el próximo 10 de diciembre, con el beneficio de no hacer pagar así el costo político de la prórroga a Cristina de Kirchner, o esperar hasta la renovación cuando el kirchnerismo contará con una abrumadora mayoría en Diputados.

Ahora la defiende Cristina de Kirchner nuncaaceptó la sanción de las leyes de emergencia y hasta rechazó en el inicio los « superpoderes», aunque terminó defendiéndolos el año pasado, cuando el Congreso se los dio a su marido en forma permanente. Su oposición a las leyes de excepción todavía es recordada en los recintos.

Cuando se votó por primeravez la ley en medio del caos de enero de 2002, dijo en el Senado: «Señor presidente: voy a solicitar autorización a este cuerpo para abstenerme en la votación de este proyecto de ley... Hace diez días voté a favor de la derogación de los poderes especiales, que no aprobé cuando era diputada a favor de De la Rúa y de Cavallo, pero no porque eran ellos, sino porque creo que uno de los temas esenciales de la representación política en la Argentina y del prestigio del Parlamento o del desprestigio que hoy tienen las instituciones del pueblo es, precisamente, que no nos sienten representantes de los intereses de los ciudadanos».

El 24 de noviembre de 2004, cuando su marido ya había sumido la presidencia, se prorrogó por primera vez al Emergencia Pública.

Cristina de Kirchner no estuvo en el recinto, pero los radicales recordaron otra de las frases que había dicho el 6 de enero de 2002: «No hay que colocar en manos de un funcionario los intereses que nosotros tenemos que representar y por los que tenemos que velar».

El 21 de diciembre de 2005 se volvió a votar otra prórroga de la Emergencia y tampoco habló sobre el tema. Pero no pudo evadirse de la sesión: esa misma noche se votaba su polémico proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura y debía estar en el recinto para defenderlo.